Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad
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¿Un decreto-ley contra los monopolios? Luis Alfonso Herrera

Sin considerar ahora lo absurdo que resulta aprobar una ley dirigida a proteger la libre competencia en una economía sujeta a planificación e intervención estatal ilimitada, no deja de sorprender el cinismo de quienes ejercen el gobierno en la actualidad al dictar  leyes (en realidad, mandatos) que buscar lograr un fin exactamente contrario al que dicen perseguir.

Un ejemplo de ello es el anti-democrático Decreto-Ley Antimonopolios (los demás Decretos-Ley también son anti-democráticos pues no fueron debatidos ni consultados) que, sorprendentemente, no se aplicará a las empresas y entes que actúan como monopolistas en nuestra destruida economía (en áreas como cemento, cabillas, agua potable, electricidad, alimentos, transporte, etc.), y que realizan toda suerte de prácticas contrarias a la libre competencia en sus relaciones y actuaciones económicas (subsidios cruzados, precios predatorios, boicot, abuso de la posición de dominio, etc.), o sea, a las empresas y demás entes con fines económicos estatales e instancias del poder popular.

No menos sorprende que expertos en Derecho de la Competencia, Corporativo y temas afines hayan expresado opiniones favorables a este Decreto-Ley, porque se parece mucho a la Ley derogada (que no lo fue en forma expresa dicho sea de paso), porque es  sensato ,  racional y en general  un buen texto legal , sólo que contiene algunas repeticiones, cierta  carga ideológica ,  conceptos inentendibles y peligrosos y  aspectos a evaluar y otros muy criticables . Tales apreciaciones preliminares revelan, entre otras cosas, lo bajo que en este país hemos puesto el nivel de análisis y exigencias de calidad en la técnica legislativa, uso de los conceptos jurídicos y en la defensa de la libertad y demás valores fundamentales que son objeto de permanente desconocimiento por el proyecto autoritario que se instaura en el país con base en el Plan de la Patria 2013-2019 y otros textos políticos (que no jurídicos) inconstitucionales.

En realidad, el Decreto-Ley Antimonopolios, uno de cuyos fines es  la democratización de la actividad económica (art. 1), más allá de seguir en mucho de su articulado a la Ley para Promover y Proteger la Libre Competencia de 1992, sí tiene novedades que resultan peligrosas y contrarias a la competencia, a la libertad económica y a la propiedad privada, así como para la vigencia de la igualdad ante la ley y no discriminación.

Por indicar algunas, excluye de su ámbito de aplicación a las empresas públicas o mixtas de carácter estratégico, las empresas estatales de prestación de servicios y las instancias del poder popular, es decir, a muchas de las empresas de mayor importancia económica en el país (todas estas podrán, ahora por permitirlo la ley, actuar como monopolistas y cometer prácticas contrarias a la libre competencia); prohíbe acuerdos para restringir inversiones en innovación, investigación y desarrollo (art. 9.3); prohíbe fortalecer una posición de dominio a través de concentraciones económicas (en lugar de sólo prohibir y sancionar el abuso de esa posición, art. 10); otorga excesiva discrecionalidad para perseguir prácticas desleales y fraudulentas y tipifica como práctica desleal el violar cualquier norma jurídica (art. 17.4); indica que el Superintendente lo designa el Presidente cuando la Disposición Transitoria Décimo Octava de la Constitución dice que debe hacerlo la mayoría de los diputados de la Asamblea (art. 21); y exige presentar caución o fianza para demandar la nulidad judicial de los actos de la Superintendencia (revive el solve et repete, art. 56).

Antes de elogiar o subestimar los instrumentos del autoritarismo, y afirmar que no son  tan malos , vale la pena revisarlos con más detenimiento, y tener siempre muy presente el modelo socialista contrario a la libertad al que sirven.

LUIS ALFONSO HERRERA | NOTITARDE
TRINCHERA LIBERAL