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Una ley con imprecisiones

Siguen los vacíos de información de la Ley de Costos y Precios Justos. No se cuenta con una base exacta sobre la cual se determinarán los precios de los productos o el margen de ganancia Lo que ya sí está claro son los porcentajes de las multas y el número de días para las ocupaciones temporales

Luisa Benavides

Los productores, empresarios y comerciantes tendrán que esperar a las mesas técnicas que prometió el Gobierno nacional para conocer los criterios que determinarán el Precio Máximo de Venta al Público (PMVP) de cada producto y la rentabilidad que tendrán en sus operaciones.

La publicación de la Ley de Costos y Precios Justos en la Gaceta Oficial Nº 39.715, correspondiente al lunes 18 de julio, no especifica el sistema de medición que se aplicará en estos casos.

El artículo 18 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, emanado desde la Presidencia de la República, establece que la Superintendencia Nacional de Costos y Precios podrá establecer lineamientos para la planificación y determinación de los parámetros de referencia de precios justos.

“Dichos lineamientos pueden tener carácter general, sectorial, particular o ser categorizados según las condiciones vinculantes o similares entre grupos de sujetos”, señaló el texto.

El ente recién formado está obligado a notificar previamente a los sujetos si se trata de lineamientos particulares o mediante publicación en Gaceta Oficial cuando se trate de lineamientos aplicables a sectores o categorías.

El apartado de la ley relacionado con el “Uso de modelos económicos” tampoco ofrece mayores detalles. Indica que la determinación o modificación de precios se efectuará mediante un modelo de análisis estadístico seleccionado por la Superintendencia, considerando la data registrada en el Sistema Automatizado de Administración de Precios.

SANCIONES POR TODO LO ALTO
El reglamento presidencial fijó una multa de 15 salarios mínimos a quien no se inscriba en el Registro Nacional de Precios así como para aquellos que no informen las modificaciones de estructuras de costos o de precios de los productos y para quien no preste colaboración durante los procedimientos de fiscalización. La reincidencia acarreará la imposición del doble de la multa.

“Quien reincida por segunda vez en algunas de estas infracciones se le aplicará, además, la clausura de almacenes o establecimientos hasta por un plazo de 90 días. La reincidencia por más de dos veces será sancionada con la inhabilitación temporal del ejercicio del comercio, actividad o profesión, hasta por un plazo de 10 años”, advierte el artículo 44 de la ley.

El aumento arbitrario de precios será penalizado con una multa de 15 a 30 salarios mínimos más el 100% del monto total de productos comercializados, mientras que la especulación será castigada con ocupación temporal hasta por 90 días más una multa de 10 a 50 salarios mínimos.

NORMATIVA INCONSTITUCIONAL
El Observatorio Económico Legislativo de Cedice emitió ayer un comunicado en el que criticó el artículo 1 de la Ley de Costos, el cual señala que “tiene por objeto establecer las regulaciones, así como los mecanismos de administración y control para mantener la estabilidad de precios”.

El organismo aclaró que de acuerdo a lo establecido en el artículo 318 de la Constitución, esta función es competencia exclusiva del Banco Central de Venezuela, quien a través de sanas políticas monetarias debe lograr la estabilidad de precios.

Publicado en Tal Cual el 20/07/2011