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“Venezuela: Inexistente propiedad y escasez impulsan conflicto social”

Luis Alfonso Herrera, coordinador del Observatorio de Derechos de Propiedad de CEDICE, pide denunciar ante la Justicia venezolana las vulneraciones a este derecho con el fin de exigir reparaciones futuras.

En el marco de las recientes intervenciones a la propiedad privada por parte del Gobierno de Venezuela, PanAm Post entrevistó a Luis Alfonso Herrera, coordinador del Observatorio de Derechos de Propiedad del think tank venezolano CEDICE Libertad, con el fin de explicar cuál es la situación de derechos y garantías de propiedad en el país y de qué manera se han venido flagelando.

En los últimos cinco días, el Gobierno ha detenido al menos a 17 personas, dueños, accionistas o gerentes de empresas, y según los datos del Observatorio, en lo que va de 2015, el Estado ha realizado siete intervenciones y cuatro ocupaciones temporales. Ante la situación, Herrera asegura que en Venezuela ya no existe la propiedad privada.

¿En qué posición se encuentran las empresas privadas como Farmatodo o Supermercados “Día a Día”, protagonistas de las recientes intervenciones?

Los primeros interesados en que los consumidores y usuarios estén satisfechos con un servicio, y que deseen volver voluntariamente a consumir o a comprar, son los mismos propietarios o gerentes de los locales comerciales, porque ellos viven de eso. Ningún comercio quiere maltratar ni desatender a su clientela.

El Gobierno dice que la empresa privada tiene la obligación de tener una cantidad de cajeros para no causar colas, o de tener permanentemente mercancía en los anaqueles sin mantener inventarios; como si tuvieran una especie de deber similar al de los entes públicos. ¿Es que a caso alguna empresa, y en especial a nivel de comercio, trabaja sin inventarios? No puede ser que cualquier tipo de almacén sea una prueba de contrabando o acaparamiento.

Lamentablemente uno queda con la sensación de que las ocupaciones del Gobierno se hacen con efectos propagandísticos para eludir la responsabilidad de las consecuencias del modelo socialista. Lo que se quiere es armar ese expediente de una “Guerra Económica” que en realidad no existe.

¿Cómo se puede calificar esta política?

Una política propia de un modelo económico donde los pilares son la propiedad estatal y los controles generalizados.

Es un modelo económico en el cual el consumo pretende ser planificado y definido por el Gobierno central, y que el sector privado simplemente pasa a ser un instrumento —mientras exista, porque el Plan de la Patria 2013-2019 establece avanzar progresivamente en la sustitución plena de la propiedad privada sobre los medios de producción.

De acuerdo con las leyes sacadas durante el período que ha gobernado el socialismo, cualquier ilícito de un empresario puede dar lugar a una expropiación. Es una política que no garantiza ni el debido proceso, ni el derecho de propiedad, ni mucho menos la libertad económica de los afectados.

¿Cómo observa actualmente los derechos de propiedad en Venezuela?

 

En Venezuela, así como es muy difícil hablar de que exista libertad de expresión, también es muy difícil afirmar que exista la propiedad privada.

En teoría hay una norma constitucional que dice que se debe proteger y defender la propiedad privada, pero en la práctica no hay ningún tipo de garantía jurídica porque no hay ninguna sentencia en los últimos nueve años por parte del Tribunal Supremo de Justicia que anule un rescate de tierras, un decreto de expropiación, ocupación o intervención. Eso no ocurre dentro de ninguna sociedad democrática, y lo que demuestra es que no hay ninguna garantía ni para la propiedad, ni para ningún otro derecho humano.

El Observatorio que coordina Herrera muestra en su página web un conteo de vulneraciones al derecho a la propiedad durante 2014. (País de propietarios)

¿Cómo visualiza 2015 y el resto del período presidencial?

No hay divisas suficientes para las importaciones, y ya el Gobierno acabó con el aparato productivo, de modo que todo apunta a que la escasez va a ser mayor.

Pero si no se respetan los derechos de propiedad, que son en definitiva la base para generar riqueza —no dinero, sino bienes y servicios circulando libremente, y personas con poder adquisitivo—, y no hay confianza para invertir, la combinación de menos propiedad, y mayor escasez apunta a un aumento de la pobreza y de la conflictividad social.

Cada vez va a haber mayor desesperación porque no se consiguen las medicinas y los alimentos, y en vez de corregir, el Gobierno promete más socialismo, más planificación, y más desconocimiento de la propiedad. Por tanto, él es el único responsable.

La Constitución venezolana no establece una planificación centrada y un socialismo stalinista, sino que establece una economía social de mercado, que es el modelo económico que siguen países como Alemania y Suecia, donde hay una combinación de respeto a la propiedad privada y libertad económica, con participación del Estado en la economía para potenciar esos derechos y, subsidiariamente, poder actuar en aquellas áreas donde el mercado no es suficiente. Esa es la sinergía que habría que buscar, y eso está en el marco constitucional.

Un posible aumento de la conflictividad en Venezuela preocupa aún más por la nueva resolución puesta en vigor que permite el uso de armas mortales para contener manifestaciones públicas.

¿Existen instancias internacionales a las cuales acudir para denunciar las medidas económicas del Gobierno de Venezuela?

En el Observatorio de Derechos de Propiedad nuestro objetivo es documentar la mayor cantidad de casos posibles de desconocimiento del derecho de propiedad, sobre todo para que los usuarios de la página País de propietarios puedan tener conocimiento de lo ocurrido en casos específicos, y conozcan por qué tanto desde el punto de vista jurídico, como económico, esto es inconveniente; no resuelve los problemas, ni aumenta la calidad de vida, sino que por el contrario la disminuye.

Nuestra función debería ser complementada por las víctimas de este tipo de violaciones con denuncias y demandas, porque si bien es cierto que los tribunales no están actuando con independencia debido a la politización de buena parte de ellos, es importante que no haya impunidad, silencio, olvido o miedo por este tipo de acciones.

Es verdad que cuando se es víctima de represión, como la que se ha tomado recientemente contra estas cadenas, hay temor a que la situación empeore, y lamentablemente se amenaza con privar de libertad a los directivos, a los propietarios, y a los gerentes. Pero es importante armar las demandas, porque este tipo de violaciones a derechos humanos no prescriben en Venezuela, de modo que si hay un tipo de sentencia desfavorable, la demanda legitima a la víctima para que el día de mañana, cuando haya un cambio institucional, y los tribunales vuelvan a actuar con independencia e institucionalidad, esas causas puedan reabrirse y haya justicia.

No se trata solamente de devolver a quienes se les quitó ilegítimamente algo que les pertenecía, sino también de que hayan reparaciones. Llegará el día en el que los venezolanos tendremos que hacer mea culpa por lo que hemos tolerado —y en algunos casos apoyado—, y repararemos integralmente a todas las personas que son víctima de arrebatos, porque estas son violaciones a los derechos humanos, y el Estado tiene una responsabilidad nacional e internacional.

Desde el punto de vista internacional, hasta hace poco teníamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se encargaba de proteger esos derechos, pero todavía queda laDeclaración Americana de Derechos y Debereres del Hombre, que es un estamento jurídico que toma en cuenta la Comisión Interamericana (CIDH), de la cual Venezuela todavía es parte. Y aunque sus resoluciones no pueden obligar al Gobierno a actuar, dejan un precedente, y los futuros Gobiernos tendrán que ponerse al día con todas esas resoluciones —como Perú lo hizo.

Si las víctimas no reclaman, esos casos quedarán en la absoluta impunidad, nunca se hará justicia, y no habrán reparaciones.

Sabrina Martín | PanAm Post
Editado por Elisa Vásquez