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Venezuela, propiedad privada y petróleo

El Universal 16/06/08

Por: Diego J. González Cruz

Con benevolencia puede decirse que el venezolano promedio tiene clara la idea de propiedad. La dificultad estriba en exigirla y defenderla, en especial la relacionada con los recursos naturales, la cual acorde con el Articulo 12 de la Constitución de 1999, pertenecen a la Republica.

Asignarle la propiedad de los recursos en Venezuela a la República tiene sus antecedentes en el famoso y tergiversado decreto del Libertador Simón Bolívar, fechado en Quito, Ecuador, el 24 de octubre de 1829. Vale la pena transcribir literalmente el contenido del artículo primero de ese edicto: “Artículo 1º. Conforme a las leyes, las minas de cualquiera clase, corresponden a la república, cuyo gobierno las concede en propiedad y posesión a los ciudadanos que las pidan, bajo las condiciones expresadas en las leyes y ordenanzas de minas, y con las demás que contiene este decreto.”

Me permití resaltar en negritas la segunda parte del texto, ya que fue eliminada a propósito por las elites políticas. No hay datos de algún documento que confirme que el Dr. José María Vargas, presidente de la República 1835-1836, estaba en conocimiento del Decreto de 1829. Sin embargo, 10 años después, el 3 de octubre de 1839, en carta dirigida por él al Secretario de Estado del Despacho de Hacienda y Relaciones Exteriores de Venezuela, quien le había enviado “(…) una muestra de una sustancia mineral hallada en el sitio de Pedernales, Cantón del Bajo Orinoco, y acerca de la cual desea mi opinión, y que al mismo tiempo indique las medidas que puedan adoptarse para beneficiarla por cuenta del Estado, en el caso de que resulte de alguna importancia y prometa una verdadera utilidad …”, le responde diciéndole que “(…) esta sustancia mineral es el asfalto o betún de Judea de los antiguos, su combustión con buena llama dejando poco residuo, su olor y demás modos muestran su buena calidad si hemos de juzgar por la muestra presentada…”

Lo más trascendente es la exhortación que le hace Vargas al funcionario en cuestión. Se lee al final de su correspondencia: “(…) En cuanto a las medidas que por el Gobierno puedan adoptarse para beneficiar la mina por cuenta del Estado, me atrevo a opinar que convendría mas arrendar su uso, que beneficiaria por cuenta del Fisco; porque un empresario particular sacaría, según mi parecer, muchísimas mas ventajas que un administrador puesto por el Gobierno; y estas ventajas vendrían a ser publicas y aun directamente útiles al erario, dando al arrendamiento bastante duración para alentar al empresario a entrar en trabajos y en desarrollar su especulación …” Este valioso documento aparece en el libro PETRÓLEO (1980), del profesor Guillermo José Salas de la Universidad del Zulia.

En Venezuela se otorgaron concesiones a particulares entre 1865 y 1957. Por cierto, en 1956 Rómulo Betancourt publica Venezuela, Política y Petróleo, donde se refiere al “presta nombre”, un particular venezolano que adquirió concesiones petroleras para traspasárselas a un consorcio extranjero. No quiero pensar que por ese personaje fue que se promovió la política de no más concesiones. Pasarían 36 años para que se aprobara una nueva forma de concesión: el nunca realizado Proyecto Cristóbal Colón, que aprobó el Congreso en 1993, proceso que continuaría en 1995 con la denominada ”apertura” cuando las empresas Maraven y Conoco convienen la primera asociación para el desarrollo de la Faja del Orinoco. Ese mismo año el Congreso aprueba las asociaciones para la “exploración a riesgo y ganancias compartidas”, para que particulares participen en el negocio petrolero. Terminaría la “apertura” el 27 de diciembre de 2001, fecha en que se firmó entre la estatal Bitor y las Chinas CNPC y Petrochina, una asociación para producir Orimulsión, combustible inventado en Venezuela para generar electricidad en reemplazo del carbón.

A partir de 2001, año en que se promulga la Ley Orgánica de Hidrocarburos, en un curso marcadamente estatista que culmina en el 2007, el gobierno nacional revirtió la “apertura”, para hacerse de parte de la propiedad que se le había otorgado legalmente a un grupo de empresas nacionales y extranjeras. Todo un retroceso.

Si realmente se deseara utilizar el mandato Bolívar, tanto en una reforma de la Constitución como de las leyes de Hidrocarburos, debería transcribirse completamente el Decreto de 1829, y podría, incluso, sustituirse el término de Republica por el de Nación, y el de minas por minas e hidrocarburos. Se haría justicia.

cedice@cedice.org.ve