Legislación Venezolana y Propiedad Privada Análisis Costo-Beneficio.

Ante la amenaza que para la libertad supone el llamado Socialismo del Siglo XXI liderado por el Presidente de Venezuela Hugo Chávez, la investigación Análisis Costo Beneficio de la Legislación Venezolana contraria a la Propiedad Privada (diciembre 2010 diciembre 2011) tiene por objeto identificar y explicar el contenido de las principales leyes y regulaciones puestas en vigencia durante el último año cuyas normas desconocen y hasta violan directamente derechos de propiedad

Periodo diciembre 2010 – diciembre 2011

Por: Luis Alfonso Herrera Orellana

Ante la amenaza que para la libertad supone el llamado Socialismo del Siglo XXI liderado por el Presidente de Venezuela Hugo Chávez, la investigación Análisis Costo Beneficio de la Legislación Venezolana contraria a la Propiedad Privada (diciembre 2010 diciembre 2011) tiene por objeto identificar y explicar el contenido de las principales leyes y regulaciones puestas en vigencia durante el último año cuyas normas desconocen y hasta violan directamente derechos de propiedad tanto materiales como inmateriales, por atribuir al Gobierno Nacional poderes ilimitados para fijar costos y precios, tomar el control y operación de bienes privados, fijar las cláusulas básicas de los contratos de arrendamientos de viviendas, disponer de bienes de contratistas y ampliar el número de bienes privados declarados de utilidad pública y por lo tanto sujetos a expropiación sin que exista juicio previo ni pago oportuno del precio justo.

De este modo, en diversas áreas de la economía como producción, prestación y comercialización de bienes y servicios, realización de actividades deportivas y físicas profesionales, arrendamiento de inmuebles para vivienda, extracción y procesamiento del mineral oro y fondos del sistema bancario, tanto la seguridad jurídica como la tutela judicial de la propiedad privada han desaparecido casi por completo, en el marco de la radicalización de la política sistemática de abolición de los derechos de propiedad y sustitución plena por la propiedad estatal, que el Gobierno Nacional de Venezuela adelanta desde el año 2005, cuando se inició una toma generalizada y sostenida de tierras con vocación agraria de propiedad privada.

El presente estudio permite verificar por qué se afirma que en Venezuela:

La Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal contiene las bases (que se propusieron al pueblo en una reforma constitucional rechazada en referéndum en 2007) para instaurar una economía de planificación centralizada al modo de la fallida URSS, sin libertades económicas, en sustitución de la (ya casi abolida) economía social de
mercado.

El Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Costos y Precios Justos liquidó el sistema de precios y, con éste, la libertad económica, los derechos de propiedad, los derechos laborales y la libertad de los consumidores y usuarios a elegir bienes y servicios según sus preferencias, en toda actividad de producción de bienes y prestación de servicios.

La Ley Orgánica de Deporte, Actividad Física y Educación Física contiene amplias declaratorias de utilidad pública y de servicio público que suponen graves amenazas a la propiedad, atribuyen poderes ilimitados al Gobierno Nacional, crea una contribución arbitraria y afecta las decisiones de patrocinio privado al deporte profesional.

El Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación del Oro, y las Conexas y Auxiliares a éstas, desconoce las garantías expropiatorias en perjuicio de los concesionarios y de los particulares que mantienen contratos con éstos.

El Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario y las Resoluciones 3054 y 072 de los Ministerios del Poder Popular de Planificación y Finanzas y para las Comunas y Protección Social, sobre la forma de cálculo del aporte social de las instituciones bancarias privadas a las instancias del Poder Popular permiten una expoliación, es decir, una toma a la fuerza y sin justificación razonable de fondos privados propiedad de bancos y ahorristas por parte del Gobierno Nacional para financiar órganos de militancia política oficialista como son, en general, los órganos del Poder Popular.

El Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Emergencia para Terrenos y Vivienda permite la expoliación e invasión consentida por el Gobierno Nacional de inmuebles (terrenos, galpones, estacionamientos, etc.) de propiedad privada con la excusa de refugiar y ejecutar soluciones habitacionales a favor de quienes han sido afectados por las lluvias en los últimos años en Venezuela. Con base a esta ley en Diciembre de 2011, el Gobierno decretó la creación de un total de 112 nuevas Áreas Vitales de Viviendas y de Residencias (Avivir), ubicadas en diferentes puntos de Venezuela, que suman 1.647,93 hectáreas, con el fin de destinarlas a la construcción de unidades habitacionales. De las áreas declaradas, llaman la atención los urbanismos Plaza Jardín y San José del Ávila, sobre los cuales el Gobierno había dictado medidas de intervención por supuesta estafa inmobiliaria.

La Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda acabó en Venezuela con el contrato de arrendamiento de inmuebles para vivienda, el cual dejó de ser un acuerdo de voluntades entre privados conforme a la autonomía de la voluntad para convertirse en un acto administrativo del Gobierno Nacional. Desde que se inició su discusión ha generado particular incertidumbre, lo cual se refleja en el PIB de servicios inmobiliarios que pasó de crecer 3,5% en 2010 a registrar un descenso de 0,7% en 2011. Igualmente repercute la ley en la construcción de viviendas, las viviendas construidas en 2011, según la cámara inmobiliaria se ubican en 70.000
lo cual es inferior en más de 50% a la meta gubernamental, mientras que el PIB del sector construcción registró un descenso de 7%.

Particularmente estas dos últimas leyes han sido utilizadas como sustento para las violaciones gubernamentales a la propiedad privada, las cuales según el Observatorio de la Propiedad se contabilizan en 2.534 entre enero de 2005 y noviembre de 2011, en este último año se concentran más del 85% de las invasiones que ocurrieron en los seis años anteriores.

El objetivo de la presente investigación no es otro que demostrar con el mayor rigor posible en qué medida, tanto en sentido jurídico como en sentido económico, un conjunto de leyes y regulaciones puestas en vigencia entre diciembre de 2010 y diciembre de 2011 en Venezuela han agravado la protección jurídica y el valor económico del derecho a la propiedad, y colocado las bases para que, ya sea en forma selectiva o generalizada, según el capricho del Gobierno Nacional, la propiedad sobre medios de producción quede definitivamente abolida.

Como se desprende de la conclusión, tal objetivo fue cumplido: se demuestra en el informe que entre diciembre de 2010 y diciembre de 2011 las principales leyes y regulaciones que dictaron tanto el Presidente de la República como la Asamblea Nacional, con incidencia sobre la propiedad, no hicieron sino agravar aún más la situación jurídica y económica de este derecho (tanto para nacionales como para extranjeros), al atribuir esas leyes y regulaciones de diversos modos al Gobierno Nacional poderes para normar, administrar, disponer y negociar sobre bienes de propiedad privada, respecto de los cuales sus titulares carecen, en la práctica hoy día, del poder de usar, disfrutar y disponer libremente de ellos, pues los costos, precios, cánones, patrocinios, aportes sociales, bienes afectados a contratos con el Estado (maquinarias, materias, primas), etc., son en la actualidad materia de decisión unilateral y politizada del Gobierno Nacional, tal y como desde hace años ocurre con las tierras agrarias en este país, todo ello a pesar de que no ha comenzado a aplicarse con rigor la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal.

Asimismo, del análisis costo beneficio que se hace de un par de proyectos de ley en discusión en la Asamblea Nacional para diciembre de 2011, se concluye que la tendencia mostrada en las leyes y regulaciones ya vigentes no se detendrá ni revertirá, sino que tenderá a consolidarse y a agravarse, pues la inclusión de normas con poderes ilimitados, aportes especiales confiscatorios, declaratorias de utilidad pública y de servicio público, elevadas sanciones económicas, entre otras, muestran la decisión asumida por el Ejecutivo Nacional y la mayoría oficialista del Legislativo Nacional, con la tolerancia y en ocasiones apoyo explícito del Poder Judicial, de no
dar tregua ni oxígeno a la propiedad privada.

Tomando en cuenta el contenido de documentos clave del Socialismo del Siglo XXI presentados por el partido de gobierno, como son el Plan Socialista Simón Bolívar 2007-2013, el Libro Rojo del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y las llamadas Leyes del Poder Popular en su conjunto, contrarios todos a la existencia de la propiedad privada, no caben en el caso venezolano recomendaciones puntuales, dirigidas a proponer el cambio o sustitución de normativas, políticas o acciones del Estado que en forma aislada, por error o por falta de conocimiento (o en forma excepcional, por razones ideológicas), supongan violaciones o atentados en contra de cepcional, por razones ideológicas), supongan violaciones o atentados en contra de los derechos de propiedad, pues en este país lo que rige es una política de Estado consciente, calculada, planificada y sistemática (si bien no aplicada de modo inmediato) de abolición de la propiedad sobre medios de producción y otros bienes de valor económico, tal y como se denunció en el International Property Rights Index 2010 Report, en la sección Private Property Abolition in Venezuela.

En vista de ello, las recomendaciones que se estiman pertinentes formular a fines de 2011, de cara a la elección presidencial de 2012, son las siguientes:

1. Desarrollar y profundizar en todos los sectores de la sociedad venezolana (no obstante la represión estatal que existe en contra de tales iniciativas), campañas de información acerca de la importancia y situación crítica de la propiedad en Venezuela, su relación con la democracia, el Estado de Derecho y la libertad, a fin de que cada ciudadano juzgue por sí mismo el costo y beneficio de la política de abolición de la propiedad que se ejecuta.
2. Elaborar propuestas de derogatorias y reformas de leyes y regulaciones en vigor, así como nuevas leyes y regulaciones a los actuales pre-candidatos de la oposición democrática en Venezuela, y luego al futuro candidato y su equipo de trabajo, en materia de respeto, promoción y tutela judicial efectiva de los derechos de propiedad, que permita el disfrute de este derecho sin discriminaciones.
3. Proponer a las autoridades locales, regionales y a las futuras autoridades nacionales, la incorporación con sus propios recursos o en alianza con la sociedad civil, del análisis costo beneficio en la evaluación y valoración de las normativas, políticas y decisiones que dicten en diversos ámbitos de la economía, de modo que se pueda trascender el formalismo, burocratismo y partidismo que predominan en sus decisiones, y se pueda medir el impacto real que tiene en la vida y derechos de las personas.
4. Continuar documentado con análisis jurídicos y de costo beneficio los actos del Estado venezolano (leyes, regulaciones, actos administrativos, sentencias) que debilitan, socavan o desconocen radicalmente los derechos de propiedad en el país, difundir y discutir sus contenidos y conclusiones, y proponer concretas formas de sustituir esos actos y superar las negativas consecuencias económicas que de ellos se deriven.
5. Lograr alianzas con el sector privado y el sector público para el desarrollo y continuación de programas de reconocimiento de los derechos de propiedad en zonas pobres urbanas y en zonas rurales, así como la importancia de su protección y buena administración al interior de las industrias, empresas y comercios, a fin de mejorar la calidad de las relaciones entre trabajadores y emprendedores.