La corrupción es una problemática que ha estado y está muy presente en Venezuela, ya que el Estado (sobre todo, el Gobierno Nacional) tradicionalmente ha manejado cuantiosos recursos públicos provenientes de impuestos y recursos naturales sin que se cumplan de manera suficiente exigencias constitucionales en materia de rendición de cuentas, transparencia en el manejo de esos recursos, ni haya controles fiscales ni judiciales efectivos.

La corrupción, más allá de lo que se dice públicamente, es tolerada y hasta suele ser aceptada en muchos sectores de la sociedad venezolana. Tal y como lo analiza el psicólogo Axel Capriles, el venezolano ha sido a la vez una mezcla de individualismo anárquico y ética colectivista, en donde se ha considerado en muchos casos el robo de lo público como un acto de “viveza”, y en otros, como un acto de “justicia social” al ser los recursos públicos manejados por el rico Estado, en realidad, “patrimonio de todos los venezolanos”.

Así, en Venezuela no ha estado nunca suficientemente clara la distinción entre lo público y lo privado. Es más, han predominado creencias que han justificado la búsqueda de beneficios individuales a costa de los derechos de otros y fuera del Estado de derecho, que suelen ver en el patrimonio público un conjunto de recursos sin dolientes, a entera disposición del más fuerte o del más vivo, por considerar que solo actuando de ese modo se puede “salir de abajo” (salir de la pobreza) y hacer “justicia social” (re-distribuir lo que la clase política o los ricos con aliados en el Gobierno le han quitado al pueblo).