La agenda del ciclo de diálogo y negociaciones que, al parecer, va a iniciarse entre el gobierno y la oposición reconocida por el Reino de Noruega y el resto de la comunidad internacional que sigue con atención el proceso venezolano, incluye temas cruciales para el país y para los sectores democráticos. Sin embargo, ninguno como el que sería obtener garantías para que en 2022 la oposición pueda convocar el referendo revocatorio.
No desconozco el significado de la situación de los presos políticos, a muchos de los cuales -entre ellos Freddy Guevara, Roland Carreño y Juan Requesens- el régimen los acusa de hechos fantasiosos con el único propósito de tenerlos como fichas de cambio y formas de intimidación. Otro asunto importante es el tratamiento de las condiciones electorales de los comicios regionales de noviembre.

El gobierno despojó de las siglas a los legítimos líderes de Acción Democrática e ilegalizó a Voluntad Popular, sin que se decida a retornarles esas organizaciones a sus dirigentes genuinos. El éxodo
masivo de venezolanos es otro asunto fundamental. La descapitalización del país afecta la productividad y las posibilidades de recuperación nacional, a la vez que está sometiendo a numerosos compatriotas a condiciones denigrantes porque los países receptores sufren, al igual que el resto del planeta, el impacto de la pandemia. El deterioro de la calidad de vida por la inflación galopante y el colapso de los servicios públicos constituye otro asunto de interés colectivo de primer orden.

Es cierto que la mayoría de los venezolanos se pronuncia a favor del contacto entre el gobierno y la oposición. Ese respaldo se aprecia entre los maduristas y los opositores moderados. Solo los grupos más
radicales de ambos bandos se oponen al acercamiento o no le encuentran ningún sentido. Lo consideran una farsa y una pérdida de tiempo. Los opositores estiman que Maduro y su gente solo quieren ganar tiempo, creando la ficción de que es posible pactar acuerdos significativos. Por el lado de los seguidores del régimen, los

extremistas piensan que a la oposición no se le debe conceder ninguna tregua. El gobierno juega con esas dudas. Crea incertidumbre y estimula las sospechas. Pero, también sabe que la administración de
Joe Biden no levantará las sanciones hasta ver algunos cambios en el comportamiento de Maduro y su entorno. En esta empresa ha incorporado a la Unión Europea y a Canadá, socios de mucho peso. El
gobierno venezolano puede despreciar a la oposición endógena. Lo que no le conviene es hacer lo mismo con el gobierno de la primera potencia mundial, que se planteó desde sus inicios recuperar su
protagonismo en el escenario diplomático mundial, abandonando el aislacionismo egocéntrico impulsado por Donald Trump. Maduro está viendo las penurias de sus pares en Cuba. Preferiría evitar que las sanciones y el aislamiento internacional sigan confinándolo.

La inmensa mayoría de los opositores que estiman conveniente sentarse a negociar con el régimen, están convencidos de que la salida de Nicolás Maduro de Miraflores y el cambio de gobierno, constituyen la única solución permanente a los graves problemas que padece Venezuela. Todos los otros arreglos son artificios. Más de 70% de los venezolanos consideran que la causa esencial de las carencias que sufren se debe a la ineptitud de Maduro. Otro tanto está convencido de que mientras ejerza la jefatura del Estado, el país seguirá cuesta abajo en la rodada. Cuando se mide su liderazgo, menos de 20% lo valora de forma positiva.

El régimen conoce muy bien esas cifras porque todos los estudios de opinión serios coinciden en esos registros. El problema para la oposición es cómo llevar a cabo una ronda de conversaciones en la cual el asunto fundamental a dirimir reside en el cambio de gobierno, de la manera menos traumática y más rápida posible.

Desatar este nudo crítico constituye su principal desafío. El gobierno, ya lo ha dicho: exigirá el reconocimiento de la legitimidad de Maduro y su permanencia en la Presidencia hasta el 10 de enero de 2025, cuando, de acuerdo con la Constitución, debería producirse la transmisión de mando a quien resulte triunfador en las elecciones del año anterior.

Presentarse ante el país opositor –la inmensa mayoría- con un acuerdo en el cual Maduro se queda en Miraflores hasta enero de 2025, y a cambio ofrece elecciones regionales transparentes y libera
algunos cuantos presos políticos, constituiría una gran decepción. En tres años y medio que faltan para los hipotéticos comicios de 2024, podrían ocurrir demasiadas cosas. Un de ellas es que el triunfo en las
negociaciones lo lleve a adoptar el método Ortega: inhabilitar a todos sus adversarios y diseñar una cita electoral a su medida. De hecho, solo dos países han respaldado abiertamente las tropelías del dúo
Ortega-Murillo en Nicaragua: Rusia y Venezuela. Hasta López Obrador y Lula han criticado al déspota centroamericano.

Comprometer a Noruega y al Grupo de Países Amigos de Venezuela con la realización del referendo revocatorio el año que viene, con todas las garantías establecidas en la ley, sería una alternativa democrática, constitucional y electoral que, además, permitiría aceptar la legitimidad de Maduro, viendo en el horizonte cercano su potencial salida. Aquí se encuentra la clave de las negociaciones.

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Fuente: @trinomarquezc

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