Las medidas económicas anunciadas el viernes 17 de agosto son resumidas así por la cadena devaluación de 95 %, incremento del salario mínimo en 3.500 %, aumento del IVA en 4 puntos porcentuales, y en medio de una inflación anual de 108.000 % (*)
Más allá de la crónica de las medidas, interesa revisar qué lógica económica revelan. Se ve que el Gobierno maneja poco los conceptos económicos, y los usa mal.
1. El primer error es que se elige mal el “ancla” para la economía: el petro. Una referencia creíble garantizará la estabilidad del bolívar. La política económica venezolana ha fracasado desde 1983 en hallarla. Y el petro no resuelve el asunto.
El petro es parte de esta moda de criptomonedas inventadas por informáticos. Carece del mercado global que sí tienen otras, como el bitcoin y ethereum. Y su gran debilidad para hacer política monetaria es que está vinculado al valor del petróleo.
El petróleo es la materia prima más volátil. Para mostrar esa inestabilidad, consideremos el precio del barril de petróleo WTI: ha subido 35 % en 12 meses; en 2013 valía 102 dólares y hoy vale 66; y llegó a mínimo de 33 dólares en 2016. Al colocar el salario mínimo en medio petro, y estar el petro referenciado al petróleo, se están transmitiendo directamente al bolsillo del trabajador los altibajos del mercado energético mundial.
2. ¿Qué ancla elegir en lugar del petro? Se habla del dólar desde 1995. El dólar también fluctúa, según lo hagan estos indicadores estadounidenses: inflación, exportaciones, entradas y salidas de capital financiero. La ventaja es que el valor del dólar es transparente y sigue siendo el activo financiero internacional más creíble. Es el refugio de valor para los inversionistas cuando hay incertidumbre.Referenciar el bolívar al dólar, o usar dólares directamente, todavía transmitirá la volatilidad petrolera al bolsillo venezolano. Cuando haya buenas exportaciones, habrá dólares abundantes e inflación; cuando escaseen dólares por contracción en el mercado petrolero, habrá menos efectivo disponible, subirán las tasas de interés para retener los dólares más escasos, y solo una reducción en el valor real de los salarios evitaría el desempleo. Desde luego, la dolarización es un arreglo más fácil de entender y manejable que el petro. Y se equilibra con un fondo gubernamental que ahorre dólares.
3. Falta de sencillez. El paquetazo del 17 de agosto es complicado. Un trabajador no puede andar pendiente del petro, que es intagible y cuya cotización no es pública.
4. Vulneración de derechos de propiedad. El Gobierno, al subir el salario mínimo, prometió que pagará del presupuesto público un trimestre de ese incremento a todos los trabajadores del país.Está añadiendo más gasto público e inflación. ¿Cuánto se pagará y cómo se financiará? El aumento del IVA difícilmente lo cubrirá. La solución ha sido la megadevaluación de 95 % en la tasa de cambio oficial, y habrá más devaluaciones cuando las cuentas fiscales de nómina y pensiones no cuadren.
Los pocos empresarios privados que quedan se ven ante una disparada en costos de producción y más presión fiscal. Y dado que se mantiene control de precios e inamovilidad laboral, muchos optarán por cerrar o pasarse a la economía informal.
5. Mala distribución del ingreso. Incrementar el IVA perjudica a los trabajadores, al encarecerles la poca comida y medicina que queda. Ya han bajado su consumo calórico y dependen de ayuda del Gobierno o familiares en el exterior para vivir.
6. Proselitismo. Se mantiene el subsidio a la gasolina para los que tengan “carnet de la patria” y se registren en patria.org.ve. El Gobierno sigue sin hacer gestión inclusiva para todos los venezolanos.
La única ancla de valor viable en Venezuela es el orden en las cuentas del Gobierno. Un compromiso por mantener el déficit fiscal controlado. En su más reciente estudio de la economía mundial (**), el FMI estima que al cierre de 2017 los ingresos del Gobierno venezolano equivalen a 13 % del PIB, y el gasto público a 31 %. El desajuste, el déficit fiscal, es 18 % del PIB. En la Zona Euro se admite un máximo de 3 %. La vecina Colombia tiene la Ley 1473 de 2011, que coloca el objetivo de déficit fiscal estructural en 1,9 %.
Para empeorar el panorama fiscal, se anuncia que el Gobierno venezolano pagará 2.000 millones de dólares a Conoco Phillips para compensarle la expropiación hecha en 2007. Habrá que hacer acuerdos adicionales con la minera Crystallex y otros acreedores. Este gasto se añade a la inversión extranjera y puestos de trabajo ya sacrificados.
A los médicos se les exige que su tratamiento haga el menor daño posible. En política económica es aplicable el mismo mandato. Hay que admitirlo: solamente la libertad económica, y el compromiso del Gobierno con ella pueden salvar a Venezuela.
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Fuente: cedice.org.ve
