Henrique Pérez Dupuy fue un liberal a la inglesa y a la austriaca, a contracorriente de las tendencias dirigistas que prevalecieron en Venezuela y buena parte del mundo a consecuencia de las guerras mundiales y de la crisis del capitalismo internacional de los años treinta del siglo XX. Fueron estatistas la temprana Revolución mexicana de 1910, la soviética de 1917, el fascismo (1922), el nazismo (1933) y el Estado de Bienestar establecidos en Inglaterra, Francia y Estados Unidos. Fueron partidarios de una poderosa intervención del Estado en la economía todos los gobiernos posteriores a la muerte del general Juan Vicente Gómez. A todos los combatió Pérez Dupuy con sólidos argumentos consecuentes con las doctrinas del liberalismo clásico y contemporáneo: Adam Smith, Ludwig von Mises y Hayek, principalmente.

Pérez Dupuy nació en Caracas el 7 de abril de 1881 y falleció en la misma ciudad, a los noventa y ocho años, el 18 de octubre de 1979. En 1917 asumió la presidencia del Banco de Venezuela, institución que ayuda a sanear y así salvarla de la quiebra. Fundó, en 1925, el Banco Venezolano de Crédito, entidad de la que fue presidente por muchos años. De joven estudió en Europa, lo cual le permitió expresarse y escribir con solvencia en inglés, francés y alemán. Además de “defenderse” con el italiano, como él mismo decía. Fue miembro de la Alta Comisión Interamericana constituida con motivo de la Primera Guerra Mundial y delegado de Venezuela ante el Congreso Financiero Panamericano celebrado en Washington en 1919. En 1921 asumió tareas de Ministro Plenipotenciario ante Japón para negociar un tratado de amistad y comercio entre el país asiático y Venezuela. También fue integrante fundador del Consejo de Economía Nacional (1946) y creador y asesor de muchas empresas.

Pérez Dupuy fue un convencido defensor de las libertades políticas, económicas e individuales, las cuales consideraba indivisibles. La supresión de una de ellas, elimina las otras (Estudios aplicados a liberalismo económico y a la prosperidad derivada de la libre empresa, Buenos Aires, Imprenta López, 1967). En este sentido, enfiló sus baterías críticas contra del trienio adeco. Calificaba a Acción Democrática y sus dirigentes como líderes comunistas y totalitarios. Rechazó, en carta a otro liberal de viejo cuño, Ramón David León, la Ley de Reforma Agraria de 1948. Don Henrique consideraba absurdo expropiar y parcelar las pocas tierras cultivadas. Era más razonable en un país de poca población y de casi un millón de kilómetros cuadrados que se entregara a los labradores las tierras nacionales incultas. Para colmo se permutaba, según este instrumento legal, la propiedad de las tierras a la nación por unos bonos cotizados a largo plazo y ofrecidos por debajo de las tasas de interés del mercado (La economía libre y sus ventajas, Caracas, s. e., 1951).

Pérez Dupuy cuestionó, asimismo, la política petrolera de “no más concesiones” del trienio. El reconocido banquero era partidario de un aprovechamiento de los hidrocarburos en manos extranjeras bajo la supervisión del Gobierno. Venezuela no tenía la tecnología, los capitales ni la experiencia en el mercado internacional que manejaban las compañías foráneas. Además, el país disfrutaba de un voluminoso ingreso sin los gastos que acarreaba obtenerlo. Don Henrique criticó que el Consejo de Economía Nacional –en lugar de cuerpo autónomo, técnico y consultivo– se convirtiera en cuerpo político. Para colmo, se tomaron decisiones económicas fundamentales sin siquiera consultar al ente. El financista atacó las políticas expropiatorias y el cobro de impuestos excesivos. Por otra parte, reconoce la labor de la Corporación Venezolana de Fomento en la creación de nuevas empresas (Daniel Lahoud, El pensamiento político, social y económico de Henrique Pérez Dupuy, Tesis doctoral, Caracas, Universidad Católica Andrés Bello, 2013).

Durante los tres primeros gobiernos democráticos surgidos a partir de 1958, Pérez Dupuy mantuvo su vigilia crítica contra el excesivo intervencionismo estatal. Para este pensador la democracia debe regirse por el imperio de la ley, esto es, auspiciar un claro orden constitucional y jurídico sin discriminaciones: derecho a elegir gobernantes, a opinar sobre la actuación de esos gobernantes y, sobre todo, apoyo a la libertad de trabajo: «El individuo debe tener derecho a asumir sus propias responsabilidades sin que se le convierta en una pieza de una máquina operada, a lo mejor, por hombres incapaces, pues, a la postre, ese hombre se atrofia y se acostumbra a esperar todo del Estado» (El mejor método de una economía liberal, Buenos Aires, Imprenta López, 1965, p. 209). Democracia implica, también, exigir derechos y cumplir deberes.

Don Henrique considera que una buena administración debe procurar el máximo bienestar de las mayorías: que la población viva sin miseria, se alimente adecuadamente, se aloje de manera higiénica, se vista con decencia y se instruya para ser útil al país, a su familia y a sí misma. También aboga por la educación cristiana de los ciudadanos. En sus primeros textos no parecía importarle mucho la forma de gobierno en tanto la población estuviera bien atendida en sus necesidades básicas. Pero sus lecturas y la consolidación de la democracia lo condujeron a aceptar ese sistema de gobierno, sin menoscabo, por supuesto, de ejercer su derecho a crítica. Así, cuestiona las administraciones democráticas por ineficientes, despilfarradoras y corruptas. En América Latina –denuncia– los gobiernos democráticos cometen enormes desatinos. En cuanto a posturas políticas, defendía una posición de centro: igualdad dentro de la ley e iguales oportunidades para todos, con respeto de la propiedad privada, la libre empresa y poca intervención del Estado. Sostenía que en Venezuela no existían partidos políticos sino clientelas insaciables.

Con base en estas convicciones hace una férrea crítica al gobierno de Rómulo Betancourt, al que cuestiona haber establecido un control de cambio para frenar la fuga de capitales y la devaluación. La desvalorización del bolívar de 3,35 a 4,50 por dólar no tenía –argumenta– ninguna justificación. Pérez Dupuy defiende una moneda fuerte y se inclina por una progresiva revalorización del bolívar que lo conduzca a su anterior paridad. Para evitar la fuga de capitales habría que restablecer –concluye– la confianza y eliminar el control de cambio. Sostiene, asimismo, que la desvalorización del bolívar beneficia a las empresas extranjeras porque pagan con menos dólares los impuestos y salarios. Venezuela, país netamente importador, tiene así que gastar más recursos para sus importaciones. La devaluación genera inflación; la instrumentada por Betancourt la dispara, aproximadamente, hasta un 40 %. Al aumentar el costo de la vida los costos de producción también lo hacen, pues las clases laboriosas intensifican su lucha por mejores salarios. Esto incide, por igual, en el deterioro de la prosperidad, al punto de que el Gobierno decreta un alza notable de los impuestos al no ser suficientes los altos ingresos de la renta petrolera. Se gasta más de lo que se recibe. Esto conduce a la pésima costumbre de los créditos adicionales. Para colmo se acude al expediente del endeudamiento externo que grava enormemente el Tesoro Nacional. Se compromete el futuro del país con estas deudas que se asumen de manera dispersa y desordenada. Las únicas deudas que deben contraerse –señala Pérez Dupuy– son aquellas en que vaya a invertirse los recursos en obras reproductivas con las cuales se cancelen luego los préstamos.

En este período de Betancourt también suben los precios por castigar con altos aranceles los productos importados para privilegiar la industria nacional. La protección arancelaria debe ser moderada –indica Pérez Dupuy– para que las manufacturas patrias compitan progresivamente con el producto extranjero. La industrialización se debe llevar con prudencia y en función de los recursos disponibles. Además, los altos aranceles estimulan el contrabando. A todo esto se agrega una creciente burocracia, personas que cobran sin trabajar para mantener una fidelidad partidista y una numerosa y parasitaria clientela. El Gobierno amenaza con impuestos, nacionalizaciones, creación compulsiva de instituciones como el Banco de los Trabajadores y los Seguros Sociales, respectivamente, que alimentan la demagogia y un público de baja moralidad y escasa instrucción que es capaz de defender al Gobierno utilizando incluso la violencia. La administración de Betancourt arremete contra las libertades económicas cuando impone controles de precios, obligatoriedad de solicitar permisos para comerciar, subsidios, leyes de alquileres, etc. De esa manera somete al emprendedor a la arbitrariedad del funcionario público.

Como buen economista, Pérez Dupuy esgrime guarismos que sustentan sus afirmaciones. Critica que el presupuesto para 1965 sea de 7.300 millones de bolívares, cuando de 1946 a 1955 la república se sostuvo con un promedio de ingresos anuales de 2.064.482.000,00 bolívares. Es decir, con 25 % de lo que parece no alcanzar en 1964-1965. El Ministro de Hacienda en ejercicio aquel año (1965) declara que de 1959 a 1963 los ingresos del fisco han sido de Bs. 23.081 millones, pero se han gastado Bs. 26.138 millones; es decir, que se ha producido un déficit de Bs. 3.057 millones. El Gobierno debe equilibrar los ingresos y los egresos, hacer economías: disminuir sueldos, bajar la nómina del Estado y transferir al sector productivo, industrial y agrícola, la mano de obra desperdiciada en la burocracia. Según cifras de Cordiplan, en 1958 los institutos autónomos y las empresas del Estado consumían ochocientos millones de bolívares. En 1968 sus gastos arriban a siete mil millones.

También hay que limitar el servicio exterior a los países con los que mantenemos relaciones comerciales. Acabar con la «viajadera» de enormes e inútiles comitivas. Investigar pensiones injustificadas. Hay que disminuir los impuestos para que esos dineros liberados vayan a la producción y al consumo (como en los años sesenta hizo el gobierno de Estados Unidos).

De otra parte, acota que hay que dejar de ver al empresario como enemigo y a sus ganancias como inmorales. Debemos apoyarnos en el capital privado para lograr inversiones, generación de empleos, producción de bienes y servicios, y de ese modo alimentar la Hacienda Pública con las deducciones legítimas sobre las ganancias. También debemos dejar de acosar al inversionista extranjero. Necesitamos capitales, tecnología y la experiencia de las grandes empresas del mundo. Los impuestos excesivos, el control de cambio, las amenazas de nacionalizaciones alejan a los inversionistas.

En 1958 la inversión bruta fija de capital era de 6.10 mil millones de bolívares; esta desciende en 1962 a 3.80 millones. Se han gastado y malbaratado más de 40 mil millones de bolívares. Cualquier presupuesto de los gobiernos democráticos excede en mucho los presupuestos de administraciones anteriores.

Cuando por demagogia se acostumbra al pueblo a esperar todo del Estado, el venezolano pierde la dignidad de obtener lo que necesita con su propio esfuerzo, sus virtudes y talentos. Un camino perverso que debilita el civismo y la democracia. Este tipo de comportamiento deviene, además, apoyo de las tiranías. Pérez Dupuy acusa a Betancourt, a Leoni, a Caldera de ejercer una dictadura económica mediante la fijación de precios arbitrarios, leyes de arrendamiento que paralizan la construcción de viviendas para alquilar, permisos para importar bienes, fijación de cupos, etc.

Al líder socialcristiano Rafael Caldera, por ejemplo, le reprocha su soberbia ante las críticas y le recuerda que la auténtica política económica de la democracia cristiana es la economía social de mercado que produjo el milagro alemán. De lo contrario, se obliga a los trabajadores a suscribir acciones de empresas estatales improductivas.

De tal manera –estima Pérez Dupuy–, un reducido grupo de burócratas, planificadores, de gobiernos supuestamente democráticos ejercen un poder absoluto para determinar lo que en los países prósperos hace toda la sociedad mediante la ley de oferta y demanda (Tópicos económicos nacionales e internacionales, Buenos Aires, Imprenta López, 1969). La dictadura económica conduce irremediablemente a la dictadura política. La excesiva intervención del Estado hace poderoso a Leviatán y debilita la democracia y la libertad.

Pérez Dupuy enfila sus baterías contra las empresas públicas deficitarias. Dentro de un exacerbado intervencionismo económico el Estado compra o crea consorcios que siempre dan perdidas por no estar bien gerenciadas. Estas empresas no pagan impuestos ni rinden cuenta de sus balances financieros. Se trata de barriles sin fondo donde se pierde el dinero de los contribuyentes. El Estado empresario tiene invertido –para 1965– la cantidad de 8.786,20 millones de bolívares que arrojan pérdidas por 555 millones anuales. Un año después las pérdidas ascienden a mil millones. El analista económico sugiere vender esas empresas al sector privado para no continuar despilfarrando recursos que, en esencia, pertenecen a todos los venezolanos. En manos de particulares sin duda producirán bienes y servicios e ingresos al fisco. Si se administran indebidamente pierde un particular, no la nación.

Desde su temprana juventud no descansa la pluma de Don Henrique. A finales de los sesenta reitera las críticas hechas a la Reforma Agraria iniciada por el gobierno de Rómulo Gallegos en 1948. Agrega, en noviembre de 1965, que nuestra agricultura sufre de baja productividad. Esta actividad requiere de créditos a bajo interés para comprar semillas, abonos y herramientas. El Gobierno debe abrir escuelas, vías de comunicación, silos o depósitos, mercados; y ofrecer facilidades de pago. Hay que trabajar duro –asienta– para producir más y mejor.

Así como critica la política petrolera, la de industrialización y la reforma agraria, cuestiona las visiones de adecos y copeyanos respecto de la integración regional. Pérez Dupuy argumenta que para que Venezuela se incorpore a la Asociación Latinoamericana del Libre Comercio (ALALC) o al Pacto Andino se tienen que unificar las políticas monetaria, arancelaria y fiscal. De lo contrario ingresaremos a un organismo de países pobres y en bancarrota que solo persiguen los dólares petroleros y mineros del país. Venezuela, por su estructura salarial, de costos, etc., no tendría –concluye– ventajas comparativas para exportar; de modo que cuando vendiera sus productos se le pagaría con monedas depreciadas.

Todas estas políticas de los primeros gobiernos democráticos menoscabaron la situación del país. Aunado a ello, la falta de rectificación o reformas tardías darían al traste, décadas después, con la democracia representativa.

Henrique Pérez Dupuy fue un venezolano con una formación excepcional. Siempre al día gracias a su acceso inmediato a bibliografía especializada en economía. Textos que leía en sus idiomas originales. A sus observaciones las respaldaba, además, una vasta experiencia en el sector bancario y financiero. Y su éxito como emprendedor. Con valor cívico expuso, desde finales de los años treinta, sus puntos de vista según los cuales el estatismo y el socialismo económico no hacen más que destruir la riqueza al tiempo que coartan la libertad y la democracia, y de esa manera logran tender, literalmente, la alfombra roja del totalitarismo.

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Fuente: www.prodavinci.com

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