Las dificultades fiscales por las que ha atravesado Venezuela en los años recientes han sido, desde hace tiempo motivo de creciente preocupación para CEDICE, las mismas han sido analizadas por su Observatorio Económico Legislativo con el fin de encontrar propuestas de políticas públicas que den a entender que la idea de combatir el déficit fiscal aumentando los ingresos con más presión tributaria, resulta nocivo, y tiene implicaciones en el aparato productivo, en el estimulo a la inversión y a la producción amen de implicaciones en el orden inflacionario. El mejor sistema tributario debe encontrar un balance entre los objetivos de la eficiencia y la equidad. Por ello se ha elaborado este documento para transmitir a los lectores que no se sale del problema con más presión fiscal -como es el marco legal actual en el país, sino que esta presión acrecienta las crisis económicas en los países y por ende afecta el bolsillo de los ciudadanos. Con este trabajo se pretende crear un debate en torno al tema tributario y propiciar los espacios de diálogo democrático que permitan poner de relieve las fallas del sistema impositivo venezolano, con la esperanza de darle luces a quienes pueden modificar este marco legal, por uno más sencillo y racional que logre obtener ingresos para el fisco, pero que también permita un marco proclive a la inversión, el emprendimiento y a fortalecer la libre empresa.

El objetivo de este documento es presentar una síntesis general del contenido de la legislación económica aprobada en Venezuela durante 2012 (compuesta por legislación dictada por la Asamblea Nacional y decretos-leyes dictados por el Gobierno Nacional), una descripción del impacto que a la fecha ha tenido dicha legislación para las empresas privadas y cuáles son, para el momento de elaboración de este documento, los costos y beneficios que la legislación objeto de análisis ha traído a la ciudadanía.

En los últimos 15 años, el gobierno socialista de Venezuela ha ido reformando de manera inconstitucional, la estructura de las relaciones laborales en Venezuela, a través de una vasta legislación entre las cuales destacan la reforma a la Ley Orgánica del Trabajo, la Ley de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, las cuales, en conjunto con más de 25 decretos y resoluciones, que presionan a la empresa privada y a la economía nacional, han generado una ostensible merma de la capacidad productiva y la consiguiente posibilidad de generación de empleo. Dentro de los cambios que tanta regulación ha traído, llama la atención el desdibujamiento del concepto de empresario, dando paso a otras figuras, que están enmarcadas dentro de lo que se ha llamado el “Socialismo del Siglo XXI” atentando flagrantemente contra el derecho al trabajo y a la propiedad privada.

Venezuela: la imperiosa necesidad de reglas de juego adecuadas Por Sary Levi Ante la crítica situación por la que atraviesa Venezuela, se hace [...]

Durante el año 2010 la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela mantuvo la tendencia legislativa observada desde 2006 cuando los diputados asumieron sus cargos. Soportada en una amplia mayoría para el partido de gobierno, la AN sirvió como soporte para facilitar las reformas requeridas por el Poder Ejecutivo para continuar el proceso de transición al socialismo.

La ventaja que ofrece la metodología Costo Beneficio radica en su neutralidad ideológica, o mejor dicho, su objetividad a la hora de agrupar todos aquellos elementos que de manera positiva o negativa pudieran verse afectados por una política pública y/o regulatoria, para fin de cuentas, ofrecer al tomador de decisiones públicas, una priorización de alternativas basados en el mayor bienestar social posible.

Ante la amenaza que para la libertad supone el llamado Socialismo del Siglo XXI liderado por el Presidente de Venezuela Hugo Chávez, la investigación Análisis Costo Beneficio de la Legislación Venezolana contraria a la Propiedad Privada (diciembre 2010 diciembre 2011) tiene por objeto identificar y explicar el contenido de las principales leyes y regulaciones puestas en vigencia durante el último año cuyas normas desconocen y hasta violan directamente derechos de propiedad