Muchas de las acciones gubernamentales en materia económica han supuesto destrucción pura de bienestar, es decir, ni constituyen ni se justifican como medidas redistributivas. Un ejemplo de este tipo de políticas han sido las expropiaciones improductivas que han destruído producción y empleo (pago de impuestos, etc.).
Otro ejemplo lo ha constituido los controles de precios injustificados -la inflación no se ataca con controles de precios- que desincentivan la oferta y terminan presionando al alza a los precios en los mercados secundarios (sin bien con efectos redistributivos, constituye una política destructora de bienestar social).

En este sentido, evitar dichas acciones destructivas puras de bienestar social y de las actividades económicas, a través del diálogo y argumentos, de obtener resultados a través de la corrección de las políticas públicas, constituirían mejoras paretianas o restitución de bienestar social (otro tema es que siendo el “poder” objetivo absoluto para el gobierno, y la economía subordinada a dicho objetivo, una eventual tesis de sumisión de la población por medio de su depauperación y su dependencia económica hace factible a la destrucción pura de bienestar como objetivo intermedio).

Por otro lado, la única fuente del rentismo no es el petróleo asimismo la captura, protección o prebendas por parte del gobierno. Estas acciones sí suelen constituir unas medidas redistributivas aún cuando todo esfuerzo y compromiso de recursos para la captura constituiría destrucción de dicha renta (en un extremo, la propia renta podría ser consumida en los esfuerzos de captura, lo que para la sociedad constituiría destrucción pura de bienestar social -ojo no así para quienes terminan apropiándose de la renta-).

En el marco del régimen actual -partiendo de su difícil o improbable disputalibilidad-, corregir situaciones de destrucción pura de bienes social, constituiría una forma de mantener bienestar social. En un país donde los derechos de propiedad y la libertad económica constituyen una concesión graciosa del gobierno, evitar la expropiación, la expoliación o la desaparición
de su actividad económica o empresa puede resultar una situación que alinea interés privado y el interés público (evitaría la destrucción pura de bienestar social más allá de la regla de reparto de dicho bienestar).

Sin embargo, la búsqueda de rentas producto de protecciones específicas, compras gubernamentales, etc., nada o poco tiene que ver con el interés económico general, e incluso suele implicar redistribución pura vía captura de rentas en detrimento de grupos atomizados, generalmente más vulnerables (los consumidores por lo general).

¿Resulta ilegítimo e incluso moralmente cuestionable los esfuerzos que intenten llevarnos a una situación de second best, sin posibilidad de incidencia en el ámbito político pero que impliquen una recuperación de bienestar social producto de lograr el levantamiento de políticas públicas que resultan destructoras puras de bienestar social? Obviamente no resulta ilegítimo y
alinea el interés público con el interés privado.

¿Puede la sociedad venezolana diferenciar e identificar cuáles esfuerzos constituyen simples capturas y búsqueda de rentas de aquellos esfuerzos que apuntan a recuperar el bienestar social? Por supuesto que puede hacerlo por medio de análisis económico.

El día martes 20 de julio de 2021, la vicepresidenta de la República se presentó en el evento anual de FEDECAMARAS. Su discurso claro y directo asomó un “estado corporativista” muy alejado de un Estado Benevolente que debe procurar maximizar el bienestar social.

La vicepresidenta le confirma al gremio cúpula que desarrollan políticas públicas y arancelarias así como leyes de compras públicas para, en detrimento de los consumidores de a pie, beneficiar con políticas específicas de prebendas o aranceles y crear ventajas artificiales a favor de ciertos empresarios producto de la incidencia arancelaria sobre los precios finales (a
pesar de la pérdida de demanda que dicho tipo de políticas suele generar).

Incluso la vicepresidenta llegó a presentar un gráfico en el cual asegura que a partir de 2019 las importaciones realizadas por privados pasó de menos de 20% a más de 80% y si el productor nacional quiere ser protegido tiene que ir al gobierno a solicitárselo y negociar o capturarlo (lo verdaderamente sorprendente es que dichas importaciones no se realizan con divisas públicas sino con aquellas producto del pago por parte de los consumidores que sirven para la reposición de la oferta).

Por otra parte, la máxima representante del ejecutivo nacional puso como ejemplo de políticas públicas a los CLAPS, así como otras políticas de compras gubernamentales que aseguran toda la demanda para ciertas industrias. Es decir el dinero de los venezolanos y los impuestos -los recursos públicos-, se reorientan burocrática y coercitivamente para pagar productos nacionales protegidos arancelariamente y beneficiados por las compras gubernamentales (No serían los mercados los asignadores, como mecanismos descentralizados y eficientes de los recursos en las economías).

La participación de ejecutivo nacional en el evento anual de FEDECAMARAS no puede ser más claro, directo y explicativo del modelo económico y social que impera, hasta la fecha, en Venezuela.

Los venezolanos, los consumidores necesitamos representación y quienes aboguen por nuestros derechos, que no son otros que la soberanía del consumidor, la libre competencia, la libre empresa, protección de los derechos de propiedad y un estado garante del bienestar social.

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Fuente: www.cedice.org.ve