El senador estadounidense Marco Rubio junto con los senadores Rick Scott, Jacky Rosen y Thom Tillis presentaron una ley que prohíbe que las agencias federales norteamericanas hagan negocios con cualquier persona que apoye al régimen opresivo de Maduro, de manera directa o indirecta.

El objetivo de la ley es fortalecer el cerco a las opciones con las que cuenta el régimen para obtener dinero de la economía mundial y financiar sus políticas de extorsión contra el pueblo venezolano y así evitar que el patrimonio de los venezolanos en manos de testaferros y enchufados, se use para financiar una narcodictadura que viola constantemente los derechos humanos.

La ley presenta excepciones específicas al tema de ayuda humanitaria o de socorro en casos de desastre, para lo cual la Oficina de Control de Activos Extranjeros podría emitir una licencia válida para hacer negocios en Venezuela, permitiendo levantar la restricción cuando sea necesario.

Ciertamente las connotaciones de este proyecto revelan que la política de los EE.UU. respecto a sus relaciones con el régimen de Maduro no ha cambiado de dirección con el cambio de gobierno, por el contrario insiste en desincentivar las relaciones de empresas en el mundo con negocios propuestos desde Venezuela y profundizar el cerco financiero.

Esta propuesta de ley surge justamente cuando el régimen de Maduro plantea una nueva ley para atraer la inversión de empresas nacionales e internacionales, pero ella va acompañada de la ley Antibloqueo que permite la venta de activos de la República con opacidad y discrecionalidad. Ello genera profundas suspicacias y dada la ausencia de Estado de Derecho, genera cuestionamientos sobre quienes estarían dispuestos a asumir dichos riesgos o a qué costo para la República.

Es en ese contexto que surge la Ley Bolívar, que busca   velar   por   los   derechos  de   los   venezolanos y ayudar en el esfuerzo de la liberación del país.

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Karelys Abarca
Economista
Colaboradora, Cedice Libertad