En medio de la paralización casi definitiva de la economía venezolana a partir de la pandemia por COVID-19, el régimen de Maduro realizó el decreto N° 4168, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6521 del 25 de marzo del 2020, en el que se contemplaron algunas medidas que denomina de “protección económica”, aunque en la práctica estas acciones protegen principalmente los intereses populistas del tirano, trasladando todos los costos de la contingencia al sector privado, que ya produce a duras penas.

La Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) por su parte, dictó la resolución N° 8 el 23 de marzo del 2020, no publicada aún en Gaceta Oficial, que contiene las normas referidas al tratamiento especial que debe darse a los créditos otorgados antes de la entrada en vigencia del decreto de emergencia.

Las principales medidas estipuladas para el tratamiento de los créditos otorgados a personas y empresas impactadas por la crisis generada por la pandemia del COVID-19, consisten en reestructurar pagos de capital e intereses de crédito hasta por seis meses; además de la no reclasificación de los créditos hasta un plazo de 30 días. Considerando que la reclasificación de los créditos se refiere a la obligación de los bancos o la potestad de Sudeban de modificar la clasificación de los créditos o el perfil de los deudores, para mejorar las prácticas de intermediación, esta medida deja sin efecto la posibilidad de recuperarse por el manejo adecuado de la cartera de créditos.

Estas medidas arbitrarias incrementan el riesgo de morosidad de la banca venezolana, al no tomar en cuenta la situación real en la que se encuentra este sector económico. Cabe destacar, que el sistema financiero del país durante el 2019 mostró indicadores de erosión alarmantes por carteras de créditos dirigidas, controles de precios relativos (tasas de interés y tipo de cambio), obligación de adquisición de papeles públicos, manejo discrecional de la liquidez, el juego ilógico de los encajes y la hiperinflación, que han reducido sustancialmente el tamaño de la banca y la han llevado a una situación crítica de posible extinción, a tal punto que de acuerdo a cifras del propio Banco Central de Venezuela, el sector de instituciones financieras se contrajo en el 2018 en 46%.

Para octubre del año 2019, la banca tenía retenidos en el Banco Central por encaje legal unos US$ 736.352.112, una cantidad que excedía a la cartera de créditos en aproximadamente 275%, en medio de una fuerte recesión y sin que hubiese llegado aún el COVID. Mientras el porcentaje de intermediación financiera en el tercer trimestre del 2019 se redujo a 17,19%, representando una fuerte caída respecto al mismo trimestre del 2018, cuando se ubicó en 49%. A inicios de este año, el encaje legal marginal subió de 60% a 100%, contrayendo la actividad crediticia, el consumo y frenando aún más la economía. Ahora, en medio de la contingencia se redujo el encaje en un irrisorio 7%, permaneciendo el encaje en 93%.

Estas acciones en vez de proteger la economía, generan mayor riesgo de morosidad para la banca y reducen el margen de intermediación en el país con la peor contracción económica de la región, elimina toda posibilidad de recuperación post COVID-19, al destruir a las principales fuentes de financiamiento de las empresas y los hogares, además de concentrar más poder en manos del régimen.

Nuevamente vemos cómo la política económica de esta tiranía se asemeja a un elefante haciendo maromas dentro de una cristalería.

Elaborado por: Econ. Karelys Abarca
Observatorio de Gasto Público, Cedice Libertad

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Foto: Luis Morillo