La naturaleza perversa del régimen que controla a Venezuela está siendo atacada desde el entorno internacional a partir de sanciones. Por su parte, el régimen, apoyado en sus aliados, intenta desviar la atención culpando de la tragedia generada por el Socialismo del Siglo XXI a dichas sanciones. Mientras la población ve agravar exponencialmente su crisis humanitaria, se hace evidente la incapacidad del Estado y emerge una ciudadanía que, en la dinámica del mercado, se abre paso para responder a sus necesidades.

El gobierno de Estados Unidos ha aplicado medidas contra funcionarios gubernamentales, militares, empresas públicas y otros personajes vinculados al oficialismo, que han ido in crescendo en los últimos años. Desde el 2008 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha ordenado congelar cuentas bancarias y bienes de personajes de la élite gubernamental, declarando la existencia de evidencias que los ligan a las FARC y otras actividades ilícitas.

En el 2015, el Departamento de Estado de Estados Unidos impuso restricciones de visado a varios funcionarios venezolanos que fueron vinculados a violaciones de los derechos humanos y corrupción política.

En el 2017, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a los miembros de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, por considerar que habían usurpado las funciones de la Asamblea Nacional, permitiéndole a Nicolás Maduro gobernar por encima de la Constitución. Entre las sanciones estuvieron la congelación de todos los bienes que los sancionados tienen en Estados Unidos, la prohibición para ciudadanos e instituciones estadounidenses de realizar cualquier tipo de transacción con ellos y la prohibición de entrada a ese país.

En el mismo 2017, el gobierno del Presidente Trump impuso sanciones financieras contra el régimen de Maduro, prohibiendo negociaciones sobre nuevas emisiones de deuda y bonos por parte de la República de Venezuela y de PDVSA, lo que no subsanó el hecho que la nación tenga una deuda externa monstruosa.

En el 2018, el régimen de Maduro tuvo la intención de crear un instrumento solapado de endeudamiento en el extranjero, con el lanzamiento del Petro como criptomoneda respaldada en la producción petrolera, no obstante el gobierno de Estados Unidos se dio cuenta tempranamente de la jugada, considerando que el Petro no cumple con las características de las nuevas monedas digitales privadas, y emitió una orden que impide realizar a los agentes privados de ese país de realizar transacciones con el Petro La respuesta del madurismo, fue obligar a las empresas privadas y algunos agentes de consumo a realizar transacciones oficiales con el  Petro.

En el 2019 el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos cancelaron las órdenes de compra a PDVSA y aceptaron que el control de CITGO y de cuentas bancarias del Estado venezolano en territorio norteamericano estuvieran dispuestas por el gobierno interino presidido por J. de Guaidó. Otras sanciones que impiden a las empresas proveedoras de petróleo de Estados Unidos y Europa a realizar transacciones con el régimen de Maduro, lo que evidenció la terrible situación de las refinerías venezolanas y se manifestó en escasez de gasolina en Venezuela, situación que afecta fuertemente a la ciudadanía.

Otros países del grupo de Lima y de Europa han replicado las sanciones económicas al régimen, sin embargo, la usurpación se mantiene y la población sigue padeciendo el tiránico régimen y los devastadores efectos de sus medidas.

Mientras estas presiones internacionales se van dando contra el régimen, éste también responde con apoyo de sus aliados: Por un lado, recibe oxígeno de sus relaciones económicas y políticas con países como Irán, Rusia y China, además de otros países no alineados con la estrategia occidental, y que se benefician de la explotación de oro y otros minerales no energéticos altamente valorados en el mercado.

Simultáneamente, el gobierno ilegítimo se inventa una campaña mediática en la que traslada la responsabilidad de la tragedia que padece la ciudadanía a las sanciones –sin mencionar que la miseria en la que se encuentra la población es muy anterior a las mismas- y suma al deterioro al impedir el ingreso de la ayuda humanitaria, recrudeciendo los controles a la producción de las empresas privadas, presionando a la explosión hiperinflacionaria al monetizar el déficit fiscal, impulsando la dolarización transaccional de la economía apalancándose en la escasez que se agrava día a día, para aprovecharse y financiarse de las remesas de familiares de venezolanos en el extranjero. Por si ello fuera insuficiente, actualmente, el gobierno ilegítimo de Maduro ha creado nuevos instrumentos para extraer ingresos de los agentes económicos privados, como los altos cobros por registros de nuevas empresas (los más altos del continente) y el impuesto a los grandes patrimonios, que afecta a las empresas privadas y a las familias.

El resultado es que los venezolanos han visto agravar exponencialmente su crisis humanitaria, por tener que absorber todos los costos de mantener un gobierno ilegítimo y parasitario, mientras éste se mantiene arraigado al poder sobre la muerte y miseria de sus ciudadanos.

Sin embargo, mientras más se extreman las presiones del régimen sobre los agentes privados, se hace más patente la ineficiencia del Estado y su completa inutilidad en la resolución de los problemas de los venezolanos y en el diseño e implementación de políticas públicas.

Econ. Karelys Abarca
Investigadora Observatorio Gasto Público, Cedice Libertad
Foto: VOA  |  #AsíGastanTuDinero