La región de América Latina y el Caribe está envejeciendo, experimentando una transición demográfica donde las mujeres están reduciendo el número de hijos y se requiere mayor cobertura médica para las personas de la tercera edad (BID, 2020).

De acuerdo al BID, la mejor atención en salud está correlacionada con mayor inversión, mientras la eficiencia del gasto en salud puede jugar un rol fundamental en la extensión de la esperanza de vida a 80 años de edad (BID, 2020).

Para analizar el impacto del gasto en salud en el bienestar de los hogares y el acceso a los servicios de salud, es muy importante considerar el pago de bolsillo o el pago directo en salud que realizan los hogares, porque este gasto privado en específico reduce los ingresos de las familias para mejorar su bienestar en otros ámbitos.

El gasto de bolsillo en salud incluye la adquisición de medicamentos, copagos, tasas de coaseguros y deducibles. Ellos desincentivan el uso de los sistemas de salud, de manera que muchos miembros de hogares acuden al sistema de salud con enfermedades avanzadas que requieren tratamientos más costosos. De esta manera, el gasto de bolsillo en salud genera mayores costos a mediano y largo plazo, provocando menor capacidad de respuesta en el sistema, disminuyendo la eficiencia y la efectividad.

Si bien todo el gasto en salud es sufragado por la ciudadanía, una parte se canaliza a partir del gasto público que se realiza con los impuestos cobrados y la otra por pagos directos. En el siguiente gráfico puede observarse el porcentaje de gastos en salud que deben pagar directamente los latinoamericanos de sus bolsillos:

Venezuela encabeza el país con mayor porcentaje de dinero pagado directamente de los bolsillos de los ciudadanos para financiar el gasto en salud. Esto resulta paradójico tratándose de un país donde se ha impuesto un modelo socialista, donde se supone que se hace énfasis en lo público. En la práctica, no sólo lo financia directamente el ciudadano, sino que además, funcionan mejor los servicios de salud y educación financiados por los privados.

Venezuela y Guatemala, que son los países con mayor porcentaje de gasto en salud pagado directamente de los bolsillos de los ciudadanos, precisamente dos países con baja participación del gasto en salud sobre el PIB y donde el sector privado es más eficiente en atención a los pacientes que el sistema público.

En el escenario de la crisis por COVID-19, la depresión económica continuada que ya venía experimentando la economía, también se suma la paralización por confinamiento; y se profundiza el riesgo de perder el empleo. A ello, hay que sumarle los riesgos sanitarios ante el virus, sea por falta de mantenimiento e inversión en los servicios de agua y saneamiento y por el desmantelamiento del sistema salud, otrora ejemplo regional.

De acuerdo al estudio del BID “Mejor gasto para mejores vidas” (2018), las principales fuentes de ineficiencia del gasto público en salud en América Latina están en el desperdicio de insumos, duplicación de exámenes, estadías hospitalarias innecesarias, regulación de precios de los medicamentos y la escasez de los mismos que las regulaciones generan. La ineficiencia del gasto sanitario también se expresa en la subutilización de medicamentos genéricos y la compra de medicamentos de marca, 40% más caros y cuya carestía deben terminar subsidiando los gobiernos.

Venezuela por su parte, tiene el mejor ejemplo de ineficiencia de gasto público en salud, a través de transferencias monetarias directas y financiamiento de misiones que no crearon estructura ni infraestructura sanitaria, sino que terminaron por demoler lo que quedaba del sistema sanitario de los años 60’ del siglo XX.

De acuerdo al informe de la CEPAL (Especial #5, 2020), la economía mundial enfrentará sin dudas su mayor caída desde la Segunda Guerra Mundial, siendo que el PIB disminuirá en el 90% de los países, cayendo en promedio -5,2%.

El comercio mundial al cierre del 2020 de acuerdo al informe de CEPAL puede disminuir entre 13% y 32%, afectando profundamente a los países latinoamericanos como exportadores de materias primas, con lo que se contraerán las fuentes de financiamiento para gasto público en salud. Por otra parte, la reducción de los precios internacionales de materias primas (petróleo con un -40%, gas natural con -31%, otros minerales y metales -16%, cobre -13%, hierro -10%, café y soja -9%), significa también una reducción de ingresos de los países por exportación.

La CEPAL estima para el 2020 una caída del -9,1% para América Latina y el Caribe, siendo de -9,4% en América del Sur, -8,4% en Centroamérica y -7,1% en el Caribe, siendo la peor contracción en Venezuela, de un -26%. Aunada al desequilibrio fiscal y el estrecho espacio fiscal con el que cuentan la mayor parte de los países de la región, es muy difícil poder compensar las brechas de atención de los sistemas de salud, que existían antes de la llegada del COVID-19.

La CEPAL proyecta en su informe que el número de personas en situación de pobreza en América Latina y el Caribe se incrementará en 45,4 millones de personas, incrementándose el número de pobres en aproximadamente 25%, al pasar de 185,5 millones de personas en el 2019 a 230,9 millones en el 2020 (37,2% de la región). Dentro de los pobres, la pobreza extrema se incrementaría en 28,5 millones, pasando de 67,7 millones de personas en el 2019 a 96,2 millones en el 2020 (15,5% de la población regional).

Los países más afectados en términos de pobreza también serían los que mayor probabilidad tengan de dejar sin atención médica a las familias, que de acuerdo a las estimaciones de CEPAL serían: Argentina (con una tasa de crecimiento de la pobreza del 11%), Perú (con una tasa de 9,3%), Brasil (8%), México (8%) y Venezuela.

Cabe destacar, que de acuerdo a todos los indicadores de gasto asociados a salud observados en este documento, Venezuela es el país más vulnerable de la región latinoamericana, para enfrentar los terribles efectos de la pandemia por el virus COVID-19.