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El gobierno abierto es un modelo de gobierno transparente, que fomenta y promueve la rendición de cuentas ante los ciudadanos, proporcionando información de lo que está realizando y sus planes; es decir, se trata de un modelo colaborativo, que implica y compromete a los ciudadanos y a todos los agentes económicos en la búsqueda del desarrollo y que además fomenta mecanismos de participación ciudadana en la definición de políticas públicas, para que éstas se adecúen plenamente a las verdaderas necesidades colectivas, reduciendo la ineficiencia en el uso inadecuado de los recursos (Cepal, 2017).

De acuerdo a la definición anterior, nada más alejado de la realidad venezolana actual en materia de gestión pública, en especial porque desde el enfoque estrictamente democrático, el país no está siendo gestionado por un gobierno sino por un régimen que no rinde cuentas, que maneja de manera opaca el dinero de todos los venezolanos, que no vela por los intereses de los venezolanos y que detesta que los ciudadanos participen de manera activa en la definición de las políticas públicas, un modelo de gestión a todas luces burocrático y retrógrada que crea un entorno tóxico para la prosperidad de las empresas.

Desde el concepto de gobierno abierto, cabe preguntarse: ¿qué elementos se deben desarrollar en nuestro país, para poder acercarnos en algún momento a este modelo para reducir la burocracia y fomentar la transparencia y la participación ciudadana?

De acuerdo a expertos de la Cepal, en primer lugar cualquier país que desee tener un modelo de gobierno abierto a nivel nacional, debe desarrollar la cultura normativa de la agilización, pues la rigidez sofoca la participación ciudadana y un entorno productivo para las empresas.

Otra condición necesaria para que un gobierno se abra a favor de la optimización de recursos y bienestar de los ciudadanos, se relaciona con el papel de los empleados públicos, con la cultura de trabajo que tienen. De manera que empleados públicos sin formación en temas éticos de transparencia y rendición de cuentas, bloquearán todo intento de abrir las políticas y resultados a los ciudadanos.

Finalmente, un gobierno abierto debería responder a las necesidades de sus ciudadanos (Rangel y Levy, 2019) con una política pública ágil. La política ágil se define como una metodología basada en la satisfacción del usuario y el uso eficiente de recursos, que permite una comunicación permanente entre el equipo de trabajo y el usuario o cliente, aceptando cualquier cambio propuesto por éste en cualquier momento del proceso (Cedice, 2022). Si se aplica esta metodología del ámbito privado a la política pública de un gobierno que esté abierto a la construcción colectiva, tratándose al ciudadano como un cliente al que hay que satisfacer, no sólo se fortalecería la democracia, sino que además se incrementaría la eficiencia en el manejo de los recursos públicos, al tiempo que se reduce la burocracia.

Las principales aplicaciones de la política ágil en el ámbito de gobierno abierto, se refieren a la optimización de recursos en el diseño, desarrollo e implementación de políticas públicas; así como la organización y gestión de proyectos sociales, además de la prestación de servicios públicos digitales para el pago de impuestos o la obtención de documentos y realización de trámites. Muchos retos que tiene que enfrentar Venezuela en el futuro para reducir su costosa burocracia.

De acuerdo al Dr. Darío Rodríguez, profesor de Sociología de la Universidad Diego Portales de Chile, autor de varios libros sobre organizaciones, experto en el tema de burocracia y consultor de empresas, existen algunas experiencias exitosas en ese país respecto a la apertura de instituciones gubernamentales, que se han convertido en ejemplos de modernización para toda América Latina, tal es el caso del Instituto de Previsión Social (otrora llamado Instituto de Normalización Previsoria) que tiene como objetivo la administración del sistema de pensiones solidarias y regímenes previsionales para salvaguardar a las personas no inscritas en las AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones que son de carácter privado), bajo un modelo de agilización de trámites y transparencia.

Otro ejemplo de gestión eficaz y eficiente del gobierno chileno de acuerdo a la opinión del Dr. Darío Rodríguez es el Registro Civil, que simplificó de manera significativa los trámites para sacar cédula, pasaportes y todos los documentos relacionados con matrimonios, vehículos, rectificaciones de nombres y apellidos, además de apostillas y que funciona con la clave única de la plataforma unificada de Chile Atiende. La agilización de trámites y la digitalización de muchos trámites, hacen de este servicio un modelo de apertura eficiente de los procesos. Y finalmente, de acuerdo a la opinión del Dr. Rodríguez de la Universidad Diego Portales, otro servicio que se modernizó en Chile fue el Servicio de Impuestos Internos (SII) que además de simplificar trámites, digitalizar procesos y enfocarse en la transparencia, redujo significativamente la evasión fiscal.

Para el profesor Darío Rodríguez, el exceso de trámites refleja siempre un exceso de personal, por lo tanto simplificar la burocracia significa reducir el tamaño del Estado, lo que hace necesario hacer reingenierías de procesos en las instituciones públicas, como paso previo a un modelo exitoso de gobierno abierto.

Por otra parte, para Claudia Martínez, Vicepresidenta de la Asociación de Pequeños y Microempresarios de Chile (APYME Chile) y Coordinadora Nacional de Centros de Negocios (CODESSER) el factor principal que ha reducido el tamaño de la burocracia en su país es el funcionamiento operativo de la democracia, que ha permitido una mayor participación ciudadana y un gobierno cada vez más abierto. Hace 8 años que desde la Asociación de Emprendedores de Chile (ASECH), donde ella se desempeñaba como Directora de Entorno Nacional se promovió la ley de “Empresas en un día”, que redujo al mínimo el costo de instalación de nuevas empresas, a tal punto que antes de esta ley, instalar una nueva empresa costaba entre 300.000 a 1.000.000 de pesos y hoy en día el costo es prácticamente nulo, apenas 30.000 pesos para registrar la firma electrónica en una notaría. Asimismo se redujo el tiempo de iniciación de operaciones de nuevas empresas, antes de la ley demoraba entre uno y tres meses y actualmente no más de tres días.

La experiencia de empresas en un día ha sido tan exitosa que se ha tratado de replicar en Perú, Colombia y Argentina. Para Claudia Martínez, otra ley que se ha logrado impulsar con alianzas público-privadas y que ha favorecido la competitividad empresarial, es la ley de “re-emprendimiento”, también conocida como “ley quiebra”, que reduce los tiempos para liquidar empresas que no funcionan y re-emprender nuevos negocios, con asesoría especializada; además de la ley de pagos en 30 días, que por ejemplo ha reducido significativamente el tiempo que el Estado tarda en pagar a proveedores privados.

Por otra parte, Claudia Martínez comentó que uno de los logros de transparencia en el modelo de gobierno abierto de Chile, se observa en la plataforma Chile Compra, que concentra las compras del Estado, permitiendo hacer licitaciones abiertas, donde es más fácil detectar desviaciones por conflicto de intereses. Otro avance para desburocratizar la creación de empresas fue la simplificación de trámites y requisitos para instalación de las MEF (microempresas familiares) que facilita el funcionamiento de negocios desde los hogares, permitiendo diversificar el ingreso familiar, además sirve como prueba piloto para desarrollar posteriormente otros tipos de empresas en las condiciones adecuadas.

La operatividad de todas estas iniciativas para crear un ecosistema de negocios que funcione bien en Chile, tiene su mayor éxito en la política pública de creación de Centros de Negocios, que partieron con 15 centros de negocios que iniciaron con la Corporación de Desarrollo Social del Sector Rural (CODESSER) y hoy cuentan con más de 60 centros de negocios en toda la república, que dependen del Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC). La política pública de los centros de negocios funciona desde hace más de 8 años y ha sido premiado como una de las mejores políticas públicas del país, porque entrega asesorías especializadas integrales gratuitas, ayuda a elaborar planes estratégicos y de inversión, producción e imagen de la empresa, con un trabajo técnico de expertos.

Finalmente, Claudia Martínez informó de un importante apoyo financiero a través de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), SERCOTEC y el Fondo de Solidaridad de Inversión Social (FOSIS) que brindan diferentes líneas de financiamiento y programas que se dirigen a diferentes objetivos y tipos de empresas. Por el lado del Banco Estado se creó la cuenta RUT emprendedor, que le permite a las Pymes abrir una cuenta para sus microempresas, de manera de poder separar los capitales personales de los de las empresas, que es una iniciativa que han replicado otros bancos del sistema financiero chileno; además de otras formas de financiamiento colaborativo y fondos de inversión disponibles para las pequeñas y medianas empresas.

El modelo de gobierno abierto, aparte de enfocarse en la transparencia y rendición de cuentas, promueve las alianzas público-privadas y la creación de ecosistemas de negocios sostenibles. Una experiencia análoga podría desarrollarse en Venezuela a nivel local, podría ser en algún municipio icónico de Caracas, implementándose el modelo de gobierno abierto como una prueba piloto, que utilice la metodología de la política ágil e involucre a la ciudadanía y las empresas en la resolución de sus problemas productivos, aprovechando las ventajas de las tecnologías de información. En la medida que se obtengan resultados exitosos, podría comenzar a replicarse la experiencia en otras regiones del país. Los cambios suceden así, paso a paso. Por alguna parte se debe empezar.