Hacia la eficiencia del gasto público a través del Blockchain

En la búsqueda de un desarrollo multidimensional y sostenible in- tergeneracionalmente, reporta elevada relevancia la buena gober- nanza y la fortaleza institucional –elementos destacados en la De- claración del Milenio de las Naciones Unidas, 2000–, permitiendo ofrecer las oportunidades de las que tomarán ventaja los ciudada- nos para forjarse su futuro a partir de sus prioridades, intereses y capacidades, con libertad y responsabilidad, y así mejorar la calidad de vida de sus sociedades.

Mientras la institucionalidad refiere ese conjunto de «reglas de jue- go» de una sociedad –sean formales o no formales– la gobernanza atañe a los procesos, organizaciones, procedimientos y prácticas gubernamentales a través de los cuales se determinan y regulan los asuntos de interés para la sociedad en su conjunto. Hablamos, pues, del ordenamiento consolidado del relacionamiento Estado-socie- dad y que se viabiliza a través de la estructura burocrática.

Esa burocracia, íntimamente ligada al surgimiento y desarrollo del Estado moderno, de estructura jerárquica, con un marco legal, ra- cional, donde se concentra la autoridad en el burócrata, formali- zándose en el diseño del sistema de administración pública, es vista hoy con aprensión y se demanda su profunda transformación. El paso del tiempo, la evidencia de fortalezas y debilidades de este mo- delo y los avances tecnológicos, abren las puertas para un nueva gestión pública posburocrática y la introducción de diversas técni- cas organizativas y de gestión que impulsen la eficiencia y la cali- dad de la prestación de servicios, centrando su acción en las satis- facción de las necesidades del ciudadano, con reducción de costos. Vale insistir que la burocracia se financia con los impuestos derivados de las actividades productivas de los ciudadanos, por lo que el uso eficiente de estos fondos debe ser una prioridad, pues de lo con- trario se impide su direccionamiento a cumplir con otras demandas sociales y se dilapidan recursos, siempre escasos.

Las relaciones Estado-sociedad se viabilizan y concretan a partir de una serie de trámites que permiten al ciudadano acceso a derechos fundamentales, entre los que destaca el derecho a la propiedad, que vale señalar, está garantizado en la Declaración Universal de Dere- chos Humanos en su Artículo 17 «Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. Nadie será privado arbitra- riamente de su propiedad», y en su Artículo 27 en el que se reconoce el derecho a la cultura, a la propiedad intelectual y a disfrutar del progreso científico. Pero no basta con que el articulado de los DD.HH. o de los países consagre ese derecho, se exige que los trámites para que dicho derecho sea efectivamente realizado sean eficientes y adecuados.

De ahí deriva la importancia de este trabajo de Rita Coello y Christi Rangel, que en su investigación revisan el proceso de registro de propiedad de bienes físicos y de propiedad intelectual en Venezue- la, e identifican las oportunidades de mejora que ofrecen las nuevas tecnologías digitales. Se focalizan en la aplicación de las cadenas de bloques en la gestión pública, revisan múltiples experiencias en di- versas latitudes y destacan entre sus cualidades el ofrecer transpa- rencia, certidumbre y rapidez. Por si ello no fuera suficiente, el uso de estas nuevas tecnologías permite optimizar el gasto público, li- berando recursos públicos atados a burocracias engorrosas e inefi- cientes y apoyando en la lucha contra el flagelo de la corrupción.

Con este trabajo, el Observatorio de Gasto Público de Cedice-Libertad insiste en su labor de abonar en el terreno de la reflexión, el análisis y la instrumentación de transformaciones en sintonía con las innovaciones de proyección futura, que impulsen el desarrollo de una sociedad libre y responsable.