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PDVSA: de empresa de vanguardia al colapso

Foto: Luis Robayo/ AFP/ Getty Images
PDVSA en democracia: Una empresa de vanguardia
PDVSA, empresa venezolana encargada de la exportación, transformación y venta del petróleo extraído del subsuelo venezolano, fue fundada en 1975 e inició operaciones en 1976, aunque no fue hasta 1982 que se expandió a escala internacional. Así, adquirió mucha más importancia para la economía venezolana, además de estar en la vanguardia en materia de transformación tecnológica del sector petrolero; representó en su momento una gran promesa para el futuro del país.
La expansión de PDVSA comenzó con la adquisición del 50% de las acciones de la empresa Veba Öl AG, en Alemania. En 1983 se adquirieron acciones de Nynäs AB Petroleum y en 1986 se logró entrar en el mercado norteamericano con la adquisición del 50% de las acciones de Citgo Petroleum, con refinerías ubicadas en Texas y Chicago. Posteriormente, con la adquisición de los terminales de aguas profundas de Chevron en el Mar Caribe, PDVSA agregó a sus activos refinarías originarias de Aruba (refinería de San Nicolas), Bonaire (Petroleum Company) y las Bahamas (Oil Refining Company International Limited, Borco). Más tarde, se procedió a la compra y mejoras tecnológicas en refinerías ubicadas en Cuba, Jamaica y Colombia, lo que fue posible por medio de la creación de Monómeros Colombo-venezolanos. PDVSA tenía planes de duplicar su producción para llegar a los 6millones de b/d, atrayendo inversiones y promoviendo un importante desarrollo aguas abajo. De esta manera, PDVSA se convirtió en la empresa insigne en técnicas nuevas para la extracción y transformación del petróleo entre los años 80 y 90.
PDVSA en el Socialismo del s. XXI: Crónicas de un colapso
El colapso de PDVSA comenzó en 2003 con el despido masivo de 18 mil trabajadores, esto en respuesta al paro petrolero que se desarrolló hasta inicios de ese año como protesta ante los intentos del Ejecutivo Nacional de politizar la empresa y acabar con su sistema meritocrático, lo que en efecto terminó ocurriendo años más tarde; la gerencia de PDVSA comenzó a trabajar con base en fines políticos y dejó de lado todo criterio de eficiencia económica, lo que inevitablemente se vio reflejado en la capacidad productiva de la empresa.
PDVSA pasó de ser una empresa insigne a ser un instrumento clave de la política chavista y del sostenimiento de su gasto público, ya que los ingresos de la industria fueron utilizados para financiar casi la totalidad de los principales programas sociales que fueron inaugurados desde 2003 y para financiar su política internacional mediante la venta de crudo a países aliados con generosos descuentos y condiciones. Tanto los programas domésticos como los planes políticos tenían como signo una impronta ideológica y una marcada opacidad.
Los ingresos de la petrolera no fueron suficientes para financiar el proyecto político del Socialismo del siglo XXI. Así, la empresa fue incrementando su deuda en el transcurso de los años mediante la emisión de bonos; era cuestión de tiempo para que esta deuda — utilizada para otros fines que no fueron la inversión en capital — comenzara a representar una amenaza para las finanzas de PDVSA, ya que este tipo de decisión va en contra de un principio económico básico que consiste en no adquirir deuda para financiar gasto corriente, porque tarde o temprano esa deuda hay que pagarla.
No conformes con lo anterior, los gobiernos de Chávez y de Maduro expropiaron activos y violaron acuerdos establecidos con empresas privadas nacionales y extranjeras. Conviene destacar que Venezuela previamente había suscrito y ratificado una serie de tratados (BIT, Bilateral Investment Treaties) cuyo objetivo es brindar protección a la propiedad[1] de los inversionistas extranjeros. Sobre esta base, muchos de los inversionistas expropiados han demandado y tramitado procesos de arbitraje en contra de la República y PDVSA, exigiendo justa compensación ante tribunales arbitrales internacionales[2].
En resumen, la PDVSA chavista desaprovechó y despilfarró los ingresos de la bonanza petrolera, perdiendo la oportunidad de invertir en capital y en tecnología. Además, liquidó activos en el extranjero y contrajo una monstruosa deuda que no ha sido capaz de pagar debido a la disminución de su capacidad productiva y a los altos costos de producción que, ante una disminución de los precios del crudo, dejan poco o nulo margen de ganancia. Adicional, la petrolera estatal también ha tenido que responder a las demandas arbitrales en su contra, que exigen resarcir daños a los inversionistas y que han logrado incluso ejecución forzosa por medio del embargo de los activos de PDVSA en el exterior.

Foto: Marco Bello | Reuters
El resultado de lo antes expuesto es una PDVSA en default, que cuenta hasta el 2020 con 9 de las 24 refinerías que tenía en 1999[3]. Dentro de los casos de pérdida de activos más relevantes se encuentra la refinería Cien Fuegos en Cuba, por falta de recursos para mantener sus operaciones; el embargo de las acciones de PETROJAM en Jamaica, por motivos de deuda; la liquidación — por parte del gobierno de Chávez entre 2006 y 2008 — de dos refinerías y dos plantas pertenecientes a CITGO; la pérdida de la refinería Merey Sweeney — también perteneciente a CITGO — como resultado del proceso de arbitraje interpuesto por la empresa ConocoPhillips por el incumplimiento de contrato por parte de PDVSA, y la reciente[4] cesión del 49% de las acciones de la refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa) al Estado dominicano, como pago parcial de la deuda con este país.
Aún queda por resolverse el caso de Crystallex, empresa que ejecutó una demanda arbitral en contra de PDVSA para recibir indemnización por la expropiación que sufrió en 2008, y que compromete activos de CITGO, así como el caso del bono PDVSA 2020, que cuenta con las acciones de CITGO como colateral en caso de incumplimiento de pago.
PDVSA fue vilmente saqueada con fines políticos y los pocos activos que aún posee en el exterior están comprometidos en disputas legales. Su capacidad productiva se encuentra en mínimos inimaginables y es poco lo que puede hacerse en el mediano plazo si no existe una inversión en capital suficiente para retomar un ritmo de producción que otrora superaba los 3 millones de barriles diarios. Es poco lo que una empresa en estas condiciones puede contribuir en un escenario de recuperación; los factores políticos deben aceptar que es técnicamente imposible levantar la petrolera estatal con recursos públicos. En este sentido, será de vital importancia contar con la participación de capital privado de probada legalidad, y será aún más importante retomar una gerencia que trabaje con fines económicos y no bajo intereses políticos, porque de ser así la empresa solo acabará extinguiéndose por completo.
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[1] Entre estas garantías destaca el no ser víctimas de expropiaciones sin el pago de una compensación razonable.
[2] Ver Escovar. R., Carrasquero, A. y Campos, M. (s.f). La deuda de Venezuela por bonos, arbitrajes y sus daños a la nación. Observatorio de Gasto Público – Cedice Libertad. Para un detalle exhaustivo sobre todas las demandas arbitrales se recomienda ver Escovar. R., Carrasquero, A. y Campos, M. (2021). Deuda externa venezolana por demandas arbitrales. Observatorio de Gasto Público – Cedice Libertad.
[3] Ver Transparencia Venezuela. PDVSA, combustible de la corrupción. Extraído de https://transparencia.org.ve/project/petroleo-historia-4/
[4] La decisión se dio a conocer el pasado 19 de agosto de 2021.
Realizado por:
Econ. Isabel Jiménez Enriquez y Econ. Oscar José Torrealba
Diseño: Giannina Raffo
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