Project Description
Seguimiento al gasto público durante el primer semestre de 2022
Eliezer Figuera. Investigador OGP
Sary Levy-Carciente. Coordinadora OGP
Panorama de la economía mundial:
Para el cierre de 2021, los organismos internacionales como el FMI y el BM, proyectaron una recuperación fehaciente de la economía, con un crecimiento del PIB mundial y de América Latina y el Caribe, en torno al 6% y 7% respectivamente.
El desarrollo de otras variables del Covid-19, la presencia de nuevas viruelas (viruela símica) junto al inicio de la agresión rusa hacia Ucrania, han desencadenado fuertes efectos colaterales a nivel global, con el riesgo de llevar a la pobreza, indigencia y hambre a 1.700 millones de personas. El incremento del precio de los alimentos en 34% (marzo, 2022), consecuencia de la interrupción de las cadenas de producción y suministro, seguido a un aumento en 50% del precio de los hidrocarburos, han impactado sobre la inflación estadounidense, los mercados bursátiles y coadyuvado en la ralentización del crecimiento económico alcanzado hasta ahora.
Panorama de la economía venezolana:
Por su parte en Venezuela, inmersa en una recesión económica por casi una década, incluyendo un prolongado proceso hiperinflacionario con el fruto de la pérdida anualizada del ¾ de su PIB, el Ejecutivo Nacional se ha visto obligado a someter a un proceso de metamorfosis su aspiración de imponer el modelo socialista del siglo XXI, a través de la liberalización y flexibilización de ciertos controles.
Si bien, organismos como la CEPAL estimaron al cierre de 2021 una contracción del PIB de 3% y, con una proyección de 3% para 2022, instituciones nacionales presentaron un “despegue” de la economía, estimando un crecimiento de un 6% para 2021 y de un 13% para el cierre del primer trimestre de 2022 impulsado por el efecto rebote de la producción petrolera.
Situación similar a la registrada por las industrias del sector privado durante el primer trimestre de 2022, donde si bien, el 77% realizó inversiones operativas y de inventarios, el 64% aumentó su producción y el 70% aumentó sus ventas; la capacidad operativa de la industria sigue oscilando en 28%, el 5% de la pequeña empresa no produjo nada y el 54% considera que la situación económica en los próximos 12 meses se mantendrá igual, peor o mucho peor (Conindustria, 2022).
Situación del gasto público y caso de estudio en Venezuela:
Este año se pudo conocer algunos aspectos del presupuesto nacional 2022, pero su seguimiento, grado de ejecución de los planes/proyectos y la promulgación de créditos adicionales, no se conocen de forma oportuna como se ha señalado en reiteradas oportunidades.
Es por ello que, haciendo una revisión de las principales fuentes de información y un registro sobre los proyectos, obras o planes realizados de forma local por gobernaciones, municipios y alcaldías, así como la designación de recursos económicos por parte del Ejecutivo Nacional, en términos agregados, durante el primer semestre (incluyendo julio) se han erogado Bs.3.197,56 millones o el equivalente a US$716,93 millones, lo que representa el 5% del presupuesto general aprobado.[1]
Debemos recordar que para el período fiscal 2022, a través de la Ley Presupuesto Nacional fueron aprobados un total de Bs.62.380 millones o el equivalente a US$13.460 millones, autorizando a las entidades federales, municipales y distritales el 5% por “Situado Constitucional”, el 2% por “Fondo de Compensación Interterritorial (FCI)” y el 1% por “Aportes Especiales del Ejecutivo Nacional”.
El 3% del total presupuestado para 2022 han sido recursos destinados a proyectos y obras locales realizadas por gobernaciones y entes adscritos, mientras que el 2% fueron recursos (adicionales) designados a través del Ejecutivo Nacional, FONDEN y el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI). Con estos recursos se contabilizaron la ejecución de 108 planes/proyectos conocidos, atendiendo el 52% al mejoramiento de servicios públicos, el 38% a la seguridad social y el 4% a fondos especiales[2] y atender las emergencias ocasionadas por lluvias. (ver gráfico N° 1)
Gráfico N° 1. Distribución por área de los recursos erogados por el Ejecutivo Nacional y las Gobernaciones.
Desde la cúpula presidencial dirigieron su atención, en el primer trimestre, a la mejora de los servicios públicos a nivel nacional con la designación en un primer momento de US$4,02 millones, estimando entregar el 33% del total a las Gobernaciones. Por otro lado, al Edo. La Guaria le fueron asignados US$3,27 millones para financiar 155 proyectos sobre el mismo fin, sin embargo, no se tiene información adicional al respecto.
Sin dejar de mencionar que, el monitoreo de servicios al cierre de junio registró 14.666 apagones, “un venezolano promedio invierte entre 8 y 20 horas semanales de su tiempo para almacenar y tratar el agua que consumo” y “entre 2 o 3 medios de traslado debe usar un caraqueño para movilizarse” en la ciudad (Cedice, 2022).
Asimismo, se aprobaron:
- US$2,25 millones para la creación de un “Fondo especial para la atención de las emergencias ocasionadas por las lluvias”, y
- US$10,19 millones para el “Fondo de Financiamiento de Emprendimiento” con el fin de impulsar la participación de los nuevos proyectos en la vida económica y comercial del país.
Caso de estudio “Edo. Lara”
A diferencia de otros Estados, se pudo obtener una amplia información sobre los proyectos realizado en el Estado Lara. El 87% de los recursos utilizados procedieron de la gobernación, mientras que el 11% del Consejo Estadal de Planificación y Coordinación Pública del Estado y el 2% del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) y el Consejo Legislativo estadal.
El 66% estuvo destinado al sector Deporte, el 18% a los servicios público (electricidad, transporte y vialidad, agua y general), el 13% a la Seguridad Social y el 3% restante, a otras áreas (como salud, turismo, cultura, infraestructura, seguridad, educación y emprendimiento). Asimismo, se registraron 14 créditos adicional (explícitamente mencionados de forma extraoficial) por un monto total de Bs. 1,74 millones o US$397,35 miles, para el financiamiento de programas, proyectos sociales y otras obras.
En sesión especial del Consejo Legislativo del Estado Lara (CLEL) el gobernador dio a conocer que el presupuesto ejecutado del año 2021 que constó de Bs.21.582 miles, enfatizando sobre el área social y salud, lo cual en relación de ingresos de los Estados para el mismo año representó un aumento de 190%, y con respecto al presupuesto aprobado para 2022 un aumento del 518%. La diferencia entre lo ejecutado y presupuestado se desconoce ante la falta de información sobre los proyectos, obras y planes realizados por el ente estadal.
Consideraciones finales:
La falta de los diferentes documentos presupuestarios, la ausencia total de oportunidades de participación pública en el proceso presupuestario y la débil supervisión de las instituciones sobre el presupuesto, dieron como resultado que Venezuela se ubicara de último puesto en la Encuesta de Presupuesto Abierto 2021.
La presencia de instituciones públicas débiles como presentó el Índice de Calidad Institucional 2022, ubicando a Venezuela en el último puesto, junto a la falta de instituciones fiscales independientes, hace que este tipo de investigaciones tengan propósito.
Parecerá reiterativo, pero la importancia de hacer seguimiento al gasto público subyace al ser recursos que provienen de nuestros impuestos, que de forma obligatoria debemos realizar de forma semanal, mensual o anual al fisco. En consecuencia, el hacer seguimiento sobre el cómo y para qué se utilizan estos recursos, son de nuestro interés con el fin de ejercer “la contraloría ciudadana” ante los gobiernos y el Estado.
El inicio de la viruela mono en Venezuela, parece marcar un precedente de “un siglo epidémico” a nivel mundial, sin embargo, el furor ante el regreso de empresas públicas al mercado bursátil (Bolsa de Valores de Caracas), el auge y promoción del emprendimiento a nivel nacional junto a nuevos planes de gobierno como el 1×10, deja a la expectativa de inversionistas que esta recuperación económica sea de forma rebote y no estable en el tiempo, ante la falta de intenciones en: la recuperación de la confianza jurídica, a través del Estado de Derecho, la defensa del derecho de propiedad privada y de las libertades económicas, componentes esenciales de la inversión.
