Situación del emprendimiento en Venezuela y el gasto público

Se estima que el ecosistema emprendedor en la economía venezolana inició en los años sesenta con las “cooperativas”, siguió en los setenta con la “economía solidaria”, y continuó durante los años ochenta y noventa con el emprendimiento “social” y “de base tecnológica” que, si bien responden a diversas motivaciones y circunstancias, coexistieron.

Un emprendedor es aquel que sabe reconocer una oportunidad de negocio, ante un vacío o necesidad en el mercado, y que aspira voluntariamente dar una solución innovadora e ingeniosa, creando un bien con valor agregado, en aras de generar un impacto positivo en la dinámica social, ulterior al económico y a su lucro personal. Siendo la innovación responsable de motorizar los cambios disruptivos en los ciclos económicos que, con la ayuda del mercado y la competencia, producen cambios en los paradigmas tecno-económicos (Levy-Carciente, 2017).

El emprendedor venezolano

En el último informe del Global Enterpreneurship Monitor (GEM) de 2010, Venezuela se ubicó en la 8° y 5° posición a nivel mundial y en América Latina, respectivamente, según el Índice de Actividad Emprendedora.

La población venezolana ve el emprendimiento como una opción de carrera deseable, gozando los emprendedores de elevados niveles de vida y respeto. Aun cuando, tiene una iniciativa motivada en la oportunidad, es decir personas que deciden dedicarse a la actividad emprendedora luego de la búsqueda e identificación sistemática de una oportunidad de negocios.

La baja tasa del índice de empresas establecidas como proporción de la actividad emprendedora temprana, evidencia la “mortalidad infantil empresarial”, o en otras palabras la falta de sostenibilidad en el tiempo de las empresas, como consecuencia de una inadecuada formación empresarial y a políticas regulatorias y coactivas, que afectan la actividad empresarial, prevaleciendo entre las instituciones financieras y la sociedad civil (o iniciativa privada), como:

• Establecimiento de las gavetas crediticias de los sectores productivos: agroindustria: 21,0% (nov.1999), microcréditos: 3,0% (nov. 2001), hipotecario: 20,0% (ene. 2005), turística: 2,0% (jun. 2005), manufactura: 10,0% (abr. 2008).
• Decretos de aumento del encaje legal ordinario, de un 17% (1999) hasta un máximo del 93% (2020) en las últimas dos décadas. Actualmente se encuentra en 73%.
• Aumento de los gravámenes a los sectores económicos y personal (natural o jurídica): imposición del Impuesto del Valor Agregado (IVA) del 15% (2005) al 16% (2022); Impuesto a Grandes Transacciones Financieras (IGTF) de 0,75% (2016) y de 3% (2022) para transacciones en divisas, el aumento continuo de la Unidad Tributaria, entre otros.

Regulaciones que junto a políticas económicas de expropiación, expoliación y ocupación (temporal) de empresas e industrias, además de dar paso a la salida del mercado venezolano de grandes compañías internacionales con la pérdida de numerosos puestos de trabajo, fuga de capital y de cerebro.

El otro elemento que dificulta la vida del empresario, sobre todo del emprendedor es la cantidad de trámites y trámites burocráticos que se le hace imposible cumplir para un emprendedor que inicia su negocio. El Índice de Burocracia en América Latina, nos indica que en Venezuela son 68 trámites burocráticos los exigidos por 18 instituciones gubernamentales, destinando el empresario un total de 1.088,7 horas/año, lo equivalente a 45 días continuos, es decir 6 semanas para su cumplimiento. Distribuyéndose estas horas en la administración: 1. del empleo (contrataciones, salarios, informes de trabajo) 179,9 horas/año, 2. de operaciones (pago de impuestos y seguridad social) 716,4 horas/año y en 3. otros trámites (legalizaciones, certificaciones, específicas por sector económico) 192,4 horas/año.

Si bien, en el año 2021 se promulgó la “Ley para el Fomento y Desarrollo de Nuevos Emprendimientos”, el entusiasmo y la exigencia sobre el emprendimiento se asentó a comienzos de este año, con requisitos como: ser actividades en concordancia con los 18 motores productivos y estar registrado en el Servicio Nacional de Emprendimiento de Venezuela.

Lo cual, en vez de agilizar y reducir los trámites, la falta de claridad y transparencia en los procesos, junto acciones de corrupción y burocracia, hacen que el emprendedor no solamente pague de forma legal un gravamen, sino también un impuesto oculto, que aniquila su posibilidad de continuar en la formalidad y lo incita a la informalidad.

Tópico de discusión que ha permanecido, a través del tiempo, en la dinámica de la economía venezolana y que, se caracteriza por reunir a “personas sin una empresa formalmente constituida, sin acceso al crédito, sin acceso a las herramientas y conocimientos apropiados para emprender, y que sencillamente están buscado fuentes de ingresos…” (Torrealba, 2021), migrando actualmente, en algunos casos, de las calles y bulevares a las redes sociales, cambiando el modelo de venta/transacción de bienes y servicios.

El emprendimiento actualmente

El venezolano quien ha sabido sacar provecho a las dos crisis económicas (2014, 2017) y sanitaria por Coronavirus (2020), identificando nuevas formas de negocio ante los vacíos en el mercado por medio de la iniciativa privada, consolidando estos nichos: gracias a la evolución del comercio electrónico, el crecimiento exponencial de los servicios de entrega a domicilio, entre otros, ha generado fuentes de ingresos privados, sin la intervención pública, incentivado el círculo virtuoso de la inversión.

Es por ello que, durante el último lustro, el gobierno de facto ha mostrado un cambio disimulado en su actuación, intervencionista y extractivista, a un proceso de flexibilización por necesidad, utilizando el emprendimiento como un mecanismo de gasto público, proclive al despotismo y opacidad.

Actualmente la erogación del gasto público se ubica en Bs.3.262,16 millones o su equivalente a US$727,40 millones, lo que representa un aumento del 2% y 1%, respectivamente, en relación al total del seguimiento durante el primer semestre de 2022. Lo erogado desde el gobierno de facto a emprendedores suma Bs.48,76 millones o su equivalente a US$12,97 millones, lo que representa el 1% y 2%, respectivamente, de la erogación total actualizada.

Si bien es cierto que el financiamiento a través de los créditos bancarios es indispensable para apoyar al emprendedor, la debilidad en los derechos de propiedad y del marco institucional a nivel nacional, junto con la burocracia y la opacidad en la administración pública, aniquilan el ecosistema de innovación. Al afectar el ambiente regulatorio, al aumentar los niveles de incertidumbre y, en consecuencia, desestimular la inversión, las startups o emprendimientos. Aun cuando, existe una correlación positiva y mayor entre los derechos de propiedad y el emprendimiento, según el Índice Internacional de los Derechos de la Propiedad (IPRI) en sus informes de 2016 y 2017, desarrollado por la Alianza para los Derechos de Propiedad (Levy-Carciente, 2017), ubicándonos para este año 2022, en la última posición.