Venezuela: Constitución, impacto económico y gasto público

Definimos como institucionalidad al conjunto de reglas de juego que limitan o restringen la interacción humana en sociedad, y en la esfera económica, su estudio pertenece al campo de la economía institucional, incorporándola al análisis de las dinámicas económicas. Si bien la institucionalidad era tema relevante para la economía política, ello fue eclipsado por otros avances de la ciencia económica, y más recientemente retoma su importancia dentro la llamada Nueva Economía Institucional (NEI), la cual analiza las instituciones con un enfoque multidisciplinario e inclinándose por demostraciones
empíricas.

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Hablar de instituciones es hacer referencia a reglas, normas, límites y restricciones consensuadas, formales e informales, por tanto, incluyen desde las constituciones y leyes que gobiernan la política y la sociedad, pasando por los acuerdos y reglas que rigen las relaciones contractuales, hasta los códigos de conducta y normas de comportamiento social. Todas influyen en la interacción de los actores en sociedad, por ende, un buen arreglo institucional favorece la eficiencia de la acción colectiva y viceversa. Vale destacar que una institucionalidad robusta no es un diseño hipotético o únicamente in abstracto, sino un andamiaje vivo, dinámico y fuertemente interiorizado en los actores.

Deriva de lo anterior la relevancia al respeto otorgado en una sociedad al Estado de derecho, al «Imperio de la Ley», considerada la base para que las comunidades alcancen el goce de la paz y el mayor aprovechamiento de las oportunidades que se ofrecen, de tal manera que son el fundamento para el desarrollo de una sociedad libre y responsable.

Enraizado en este enfoque, el trabajo Venezuela: constitución, impacto económico y gasto público, del profesor Arlán Narváez-Vaz, muestra cómo el incumplimiento de los mandatos de la Constitución venezolana de 1999 ha sido prácticamente una constante, particularmente en materia económica, y vincula directamente esas contravenciones al severo impacto negativo que han derivado de ellas en la destrucción de la capacidad productiva nacional, en el manejo opaco y dispendioso del erario público, en la pérdida de valor del signo monetario nacional y en el detrimento de la mayor parte de los logros socioeconómicos que se fueron alcanzando progresivamente durante el siglo XX, dando al traste con el futuro prometedor de la nación.

Para demostrar su argumento, el Prof. Narváez-Vaz centra su análisis en la contravención a los artículos constitucionales con atención directa al tema económico, que consideran el tema del salario suficiente, la iniciativa privada, el derecho de propiedad, la promoción a la agricultura, la gestión fiscal, el presupuesto público, las competencias del Banco Central de Venezuela, la coordinación macroeconómica, el Fondo de Estabilización Macroeconómica y los estados de excepción. Como bien reconoce el autor, el trabajo no agota el tema, dada la sensibilidad de la economía a los múltiples factores extraeconómicos que la circundan. Sin embargo, es una muestra respaldada que evidencia el daño causado por el incumplimiento constitucional.

Con este trabajo, el Observatorio de Gasto Público de Cedice-Libertad se suma a la búsqueda de soluciones a la difícil situación venezolana y pone de relieve elementos fundamentales para la construcción de un país de prosperidad, paz y libertad.