El presupuesto en Venezuela desde hace seis años, es una oda a la opacidad y discrecionalidad del régimen. Un aspecto habitual de estos recientes presupuestos es su subestimación con respecto al presupuesto aprobado, llenándose la brecha con créditos adicionales. Esto nos habla de una clara debilidad en la capacidad de estimación por parte de los entes responsables del Ejecutivo, lo que se profundiza dada la ausencia de estadísticas oficiales actualizadas y confiables, amén de la pérdida de valor de la moneda nacional y la indisciplina fiscal.

La subestimación del presupuesto en los últimos años había coincidido con la contracción de la economía. Sin embargo, en 2021 los voceros del régimen se jactaron de ‘una recuperación económica’, por lo que la falta de ingresos fiscales no puede ser sino consecuencia de una informalización de la dinámica económica, lo cual nuevamente nos habla de la perversidad de las políticas impuestas.

En los años 2020 y 2021 la composición de ingresos primaba los ingresos ordinarios sobre los extraordinarios, pero en el año 2022 se revierte la tendencia y por una importante relación de 2.5 a 1. Cabe destacar, que los ingresos ordinarios corresponden a los impuestos al sector no petrolero y los extraordinarios los ingresos provenientes del sector petrolero y minero (ISLR petrolero, impuestos de extracción, consumo y exportación, regalías y dividendos), lo que no se comprende con una producción diaria de alrededor de 650 mil barriles/día:

Los ingresos ordinarios no petroleros, provienen principalmente de impuestos regresivos (66%), como el impuesto al valor agregado (IVA) y el impuesto a las grandes transacciones financieras (IGTF), que tanto impactan al ciudadano, particularmente a los menos favorecidos económicamente. Pero además, dado su peso, el creciente costo burocrático, los perniciosos controles, han llevado a la informalización de la economía, por lo que se reduce la base que paga impuestos y la que permanece formalizada, es asfixiada con demandas de todo tipo.

Por el lado del gasto, el 69% es gasto corriente, sólo el 27% es inversión y 4% se dirige a otras aplicaciones financieras, por lo que la naturaleza del gasto sigue buscando mantener la estructura burocrática y no mejorar la calidad de los servicios:

Mientras del gasto corriente, el 38% se dirige a transferencias y donaciones, el 32% a remuneraciones, el 22% a la compra de bienes y servicios y 8% a otros. Esto, en un momento en el cual los salarios del sector público son extremadamente bajos. Si los mismos se mejoraran, el peso de la nómina subiría sustancialmente, sin contraprestación en mejores servicios a la ciudadanía, dado que no se ha invertido en ello, y sin haber aprovechado este tiempo para racionalizar la estructura pública:

Cabe destacar, que el gasto de capital e inversión se destina principalmente a transferencias y donaciones (84%) y poco queda para inversión directa (15%) e inversión financiera (1%), lo que significa que el gasto sigue dirigiéndose a categorías cortoplacistas y populistas y no a infraestructura y bienestar de largo plazo:

Por otra parte, el presupuesto nacional 2022 es reflejo del desequilibrio de poderes públicos que existe en Venezuela, puesto el Ejecutivo consume el 98,43% del gasto público y todos los demás poderes públicos apenas alcanzan un 1,57%:

El presupuesto 2022 mantiene como terribles características el ser opaco, populista, desequilibrado, irreal, cortoplacista, no refleja la división de poderes públicos que debe tener una república, ni se aboca a un proceso de racionalización burocrática, ni de eficiencia de la cosa pública.