#VenezuelaEnÍndices

En los nuevos modelos de gestión pública, que buscan adecuar la eficiencia y agilidad de procesos que tienen las empresas a los organismos del Estado, la reducción de costos transaccionales es fundamental, permitiendo agilizar, descentralizar y deslocalizar actividades con el objetivo de prestar al ciudadano el tratamiento de cliente que debe ser satisfecho al máximo posible.

La necesidad de eficiencia en la gestión pública es vital para el crecimiento de las pequeñas empresas, que son las más sensibles a las fases del ciclo macroeconómico. Desde finales del siglo pasado, el papel de las Pymes en el desarrollo de las economías se ha hecho significativo, por su aporte al empleo, por la flexibilidad organizacional, el aporte a la reducción de la pobreza y la provisión de bienes y servicios. De hecho, la cantidad de Pymes en el mundo pasó de una estimación de 121,71 millones en el 2000 a 213,52 millones en el 2019, con una reducción durante la pandemia de unas 540 mil empresas en el mundo.

Mientras más intrincados, largos y costosos sean los trámites públicos que tengan que enfrentar las pequeñas empresas de los países, mayores probabilidades de desaparición y caída de la productividad tendrán, con la consecuente reducción del empleo y contracción económica, por lo que se observa una relación inversamente proporcional entre el grado de burocracia del Estado y la productividad de las empresas.

Índice de burocracia para América Latina (IB-LAT)

Entre las diferentes propuestas asociadas al impulso de la capacidad productiva del sector privado en un país, en 2021 Atlas Network desarrolló el Índice de Burocracia para América Latina (IB-LAT), inspirado en el índice que en 2016 creara el Instituto de Estudios Económicos de Eslovaquia (Institute of Economic and Social Studies, INESS), modificado para rescatar las características de la región, considerando las pequeñas empresas más representativas sectorialmente en cada país.

Para la medición del IB-LAT en el 2021 participaron cinco países latinoamericanos: Argentina, Brasil, Colombia, México y Venezuela; y España.

Los objetivos del IB-LAT consisten en avanzar a una medición que sirva como referencia a los diseñadores de políticas públicas y a los ciudadanos como herramienta de contraloría; favorecer el análisis crítico de la calidad y eficiencia de la gestión pública; promover la idea de negociación equilibrada entre Estado y sector privado y favorecer el desarrollo de una sociedad en libertad y prosperidad.

Los trámites burocráticos de acuerdo al mencionado Índice se agruparon de la siguiente manera:

La cuantificación del índice considera el tiempo que exige completar un trámite, la frecuencia con la que se debe hacer y el número de personas que deben involucrarse en su cumplimiento, incluso en plataformas digitales donde se presentan demoras y fallas. Asimismo, se recogieron el número de trámites que por ente público se requieren realizar.

Venezuela en el IB-LAT

Utilizando una distribución por cuartiles se agruparon los países de la muestra, a saber: en el primero se ubican Brasil y España, en el segundo, Colombia y México; el tercer cuartil no cuenta con integrantes y finalmente en el cuarto grupo con los países más burocráticos, nos encontramos a Argentina y Venezuela:

Del análisis de los resultados se extrae que Brasil posee un ambiente más propicio para que las pequeñas empresas operen sin ahogarse en trámites burocráticos. Este resultado deviene de un esfuerzo gubernamental enfocado a fomentar las pequeñas empresas, con una clara simplificación de procesos y trámites, no obstante, esta situación no se cumple para las medianas y grandes empresas. Le sigue España, país que, aunque muestra un mayor peso burocrático en el sector secundario y primario, siendo el sector terciaria el más ágil, particularmente en el tema de manejo del empleo.

El segundo grupo, con Colombia y México, muestra un promedio de 500 horas anuales que las pequeñas empresas gastan en trámites. Ambos países tuvieron resultados muy similares, siendo el sector terciario de la economía el que despliega más horas al año para trámites, principalmente asociados a la gestión del empleo.

Mientras que en el último grupo de resultados se encuentran los países más burocráticos e ineficientes de la muestra, Argentina y Venezuela, que coinciden ser los países con mayor inflación y menor productividad en toda la región. Ambos países promedian una carga de 945 horas al año, lo que duplica los resultados del grupo medio de la muestra (Colombia y México) y casi cuadruplica los resultados del grupo 1 (Brasil y España) en el cumplimiento de los trámites ante el Estado. El número de trámites que hay que cumplir en estos países es muy elevado y son muchas las instituciones a las que hay que reportar algún tipo de proceso. Los trámites más complejos tienen que ver con el pago de impuestos y mientras más engorrosos son se producen más costos transaccionales, al tener las empresas que contratar a gestores profesionales, lo que encarece la operatividad y las oportunidades de desarrollo de las pequeñas empresas, condenándolas a la informalidad.

En Venezuela se identificaron 68 trámites burocráticos exigidos por 18 instituciones gubernamentales, 45 son exigidos a cualquier tipo de empresa y 23 dependen del sector económico en particular donde operen las empresas. Cada trámite exige entre 4 o 5 diligencias para completarse, con un promedio de 15 horas por trámite, lo que termina consumiendo la mitad de la jornada anual de un trabajador, que para una empresa pequeña de pocos trabajadores es simplemente asfixiante.

Los trámites exigidos por la administración operativa de las empresas en Venezuela son los más pesados para las pequeñas empresas de todos los sectores económicos (54% primario, 76% secundario, 72% terciario) y dentro de esto, todo lo relativo al pago de impuestos, especialmente en los sectores secundario y terciario de la economía, que utilizan el 65% del tiempo productivo en estos trámites.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi 2020) presentada por la Universidad Católica Andrés Bello, la actividad productiva más representativa del sector terciario en la economía venezolana es Servicios, ocupando el 26% del total de la población laboral, mientras la actividad de Construcción es la principal empleadora del sector secundario, concentrando 5% del total, seguido por Manufactura, con 3% del empleo formal; mientras  Agricultura, ganadería y caza son las más representativas del sector primario, generando el 8% del empleo. Y dentro de estos sectores, hay mayor afectación para las pequeñas empresas de la burocracia ineficiente del Estado.

Los trámites operativos son los que más consumen tiempo de las empresas, que representan para el sector secundario el 80% del tiempo dedicado a trámites, 70% del tiempo dedicado a trámites del sector secundario y 50% para el sector primario.

El sector terciario, que agrupa la mayor cantidad de personas ocupadas y de empresas pequeñas, es el más afectado por la carga burocrática. Los trámites comunes a todas las empresas representan unas 309 diligencias, para un total de 1042 horas/año, equivalentes a 43 días continuos y a 130 jornadas laborales, lo que es más de la mitad de los 248 días laborales en Venezuela durante el 2020.

Cabe destacar que las instituciones gubernamentales que más crean cuellos de botella en la operatividad de las pequeñas empresas son 10, destacando el Servicio Nacional de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), que exige 139 diligencias que suman aproximadamente 500 horas/año.

Aunque el 50% de los trámites exigidos están digitalizados, el 44% de los mismos exige la presencia de los encargados de la empresa o algún gestor, de lo contrario se tendrán inspecciones y fiscalizaciones. Las fallas de internet, de conectividad y fallas eléctricas suman aproximadamente 190 horas adicionales, principalmente por problemas en el portal del Seniat, que de no presentarse el resultado anual de horas sería en promedio de 850 horas/año.

Consideraciones finales

Los resultados del IB-LAT para Venezuela suma una arista explicativa del por qué el país tiene un limitado crecimiento, las pequeñas empresas son proclives a la informalidad, la economía tiene una productividad baja y la inflación es un fenómeno estructural y creciente. La ineficiente gestión burocrática de los organismos gubernamentales se transmite a las empresas de todos los sectores económicos, creando costos adicionales y vulnerando a las de menor tamaño, que sacrifican tiempo de producción haciendo trámites engorrosos que consumen gran parte del tiempo anual del que disponen. Venezuela es el país en peor situación en América Latina en el tamaño e ineficiencia de la burocracia y no hay ninguna señal que esto pueda mejorar en el corto plazo.

La carga impositiva sobre las empresas y ciudadanos no tiene contrapartida en la calidad de prestación de servicios esenciales para los agentes de la economía, en cambio el enorme tamaño del Estado sofoca al mercado y ralentiza los flujos de intercambio de todo el sistema. El resultado es fatal, pues genera baja productividad, poco incentivo a la innovación, escasa inversión, escasez, desempleo e inflación. Un Estado que castiga a los que producen, en vez de facilitarles las condiciones para ser cada vez más rentables, no se rige por los principios del nuevo modelo de gestión pública que ve a los ciudadanos y agentes como clientes, sino que es un Estado medieval que ve al resto como súbditos.