Las acciones de política pública y regulatoria, así como numerosas acciones de hecho por parte del Gobierno han pretendido ser justificadas en una serie de señalamientos de supuestas y eventuales prácticas abusivas y explotativas por parte del sector privado.

Las autoridades administrativas en materia regulatoria en general, y del comercio interno en lo específico, han ido desarrollando una doctrina que debería ser evaluada a la luz del interés público económico y si eventualmente parte de sus actuaciones se erigen como fallas de gobierno, perfeccionando un marco institucional negativo para la continuidad de las actividades económicas en Venezuela.

Paralela y lamentablemente Venezuela no parece contar con la suficiente comunidad de practinioners, expertos y residual claimants víctimas de estas fallas de gobierno derivadas de actuaciones regulatorias que lesionarían el interés público económico que se encuentren desarrollando espacios y esfuerzos constantes y técnicos de seguimiento, análisis, advertencia y propuestas en materia de políticas públicas y regulatorias.

La función de Advocacy o abogacía en favor de buenas y mejores prácticas en materia regulatoria la debe desarrollar toda la comunidad interesada -gremios empresariales, gremios profesionales, la academia, la administración pública y entes administrativos, los bufetes de abogados, las empresas, los asociacionismos de consumidores, etc.-.

Las denuncias que esporádicamente algún representante de esta comunidad realiza sobre actuaciones públicas-regulatorias que podrían resultar erradas, arbitrarias, no apegadas al debido proceso ni en resguardo del interés público económico deben estar basadas en análisis técnicos y profesionales, en el marco de un “espacio” de análisis económico del derecho consistente y a lo largo del tiempo.

Recientemente las actuaciones de la SUNDDE, así como la imposición de “precios acordados”, en cualquier país con una comunidad de practitioners y dolientes finales de erradas actuaciones públicas, habría generado el desarrollador de  espacios, foros, cátedras, documentos de análisis por medio de los cuales se pudiera advertir a la sociedad y a los responsables de las políticas públicas sobre los errores y fallas de gobierno y el riesgo de lesión al interés públicos económico.

Tan grave como los desequilibrios macroeconómicos y la falta de políticas de estabilización macroeconómica lo es la existencia de un marco institucional-regulatorio adverso a la actividad económica, a la eficiencia dinámica y al interés público económico. Ambos temas deben ser atendidos simultáneamente más allá de la obviedad de que un control de precios en hiperinflación es una promesa de desabastecimiento inmediato.

El discurso gubernamental, las actuaciones públicas y la aprobación de políticas y normas a lo largo de los últimos 15 años ha gravitado alrededor de “conceptos” como: boicot, abuso de posición dominante, especulación, acaparamiento, monopolios, oligopolios, etc. En la mayoría de los casos la utilización de estos conceptos por parte de los entes administrativos y regulatorios ha sido errado, confuso e incluso vacío de contenido.

Por más precario y arbitrario que resulte dicho marco institucional-regulatorio y se asigne baja probabilidad de éxito a los eventuales procedimientos administrativos ante las instancias públicas-administrativas, la defensa reputacional de las empresas y sus marcas; y dejar evidencia de que no se ha violado norma alguna en materia de tutelaje del consumidor final, constituye un racional en defensa de todos los stakeholders de las empresas (adicionalmente a resultar coherente con principios y con estrategias de elevar el costo político de las actuaciones regulatorias arbitrarias).

Ahora que se ha hecho público el ultimo ranking del 2018 del Instituto Fraser sobre libertad económica donde Venezuela ocupa la última posición entre 162 países y dada que las únicas acciones públicas por parte del Gobierno resultan estrictamente regulatorias, de controles y sancionatorias; deberían proliferar los espacios de análisis económico de las regulaciones que adviertan a la sociedad hacia dónde continuamos dirigiéndonos y para proponer alternativas.

Autor: Enrique Gonzalez Porras, Economista, Investigador de Cedice Libertad. Master en economía industrial.