La semana del 27 al 31 de agosto, la comisión Delegada declaró la prórroga de los pasaportes venezolanos vencidos, solicitó la aplicación del Convenio de Cartagena de 1984 para los desplazados de Centroamérica y propuso la instrumentación del pasaporte de Nansen para los venezolanos desplazados. Se concedieron dos derechos de palabra y discutieron los efectos de la primera semana de aplicación del paquetazo económico. La comisión de seguimiento a los acuerdos de Cúcuta se reunió con el canciller de Brasil. La comunidad regional internacional sostuvo encuentros para coordinar acciones frente a la ola migratoria venezolana.

Leyes, acuerdos y debates en las plenarias de esta semana

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La reunión de la Comisión Delegada, inició con el otorgamiento de dos derechos de palabra que dieron cabida a la discusión del primer punto de la agenda, un debate sobre la crisis del sector salud en Venezuela. Los invitados especiales fueron el ex ministro de Salud José Félix Oletta y la presidenta del Colegio de Enfermería de Caracas, Ana Rosario Contreras. Oletta sostuvo que la supresión del boletín epidemiológico desde hace 10 años incide en el agravamiento de la crisis de la salud porque la ciudadanía no tiene acceso a la información preventiva. Se refirió en particular a los estragos de la falta de políticas públicas en salud sobre las comunidades indígenas. “Venezuela dejó de exportar petróleo y ahora exporta enfermedades: difteria, malaria, sarampión, VIH”, dijo. Contreras por su parte reivindicó la lucha emprendida por las enfermeras desde el 25 de junio: “Iniciamos esta protesta no solo por el salario sino porque no queremos ver morir más pacientes por falta de insumos”.

José Trujillo (AD-Aragua), presidente de la comisión de Desarrollo Social cuestionó el Congreso Nacional de la Salud convocado por el gobierno en días recientes en respuesta al mes y medio de protestas de los trabajadores de la salud, por considerar que no traerá soluciones tangibles a los problemas de falta de insumos y tratamientos, huida del personal, daños en los equipos médicos y paupérrima infraestructura. Dijo que desde la Comisión de Desarrollo Social se preparan para presentar el proyecto de ley de salud: “Esta ley tiene varios ejes: descentralización de la salud, darle poder a gobernadores y alcaldes, indexación de los salarios, estímulo para la industria farmacéutica nacional y extranjera, convenios internacionales y unificación del sistema de salud”. También intervino el presidente de la comisión de Ciencia, Luis Lippa (PJ-Apure).

El segundo punto fue un debate sobre los venezolanos desplazados como consecuencia crisis nacional. El presidente de la comisión de Política Exterior, Francisco Sucre (VP-Bolívar) comparó la huida de los venezolanos en los últimos tres años con la salida desesperada de cubanos en balsas maltrechas en los años 80 y 90. Instó a sus colegas y a la opinión pública en general a no referirse al fenómeno de la salida de venezolanos como una crisis migratoria, o una coyuntura migratoria, sino a adoptar la terminología internacional aplicable, como lo es el desplazamiento forzoso. “Esto no es una crisis migratoria sino una crisis de refugiados. Desde la comisión de Política Exterior estamos impulsando que se apliquen todos los protocolos del Convenio de Cartagena de 1984”, dijo. Este instrumento estableció los lineamientos generales de Acnur para la atención de los refugiados producto de los conflictos armados centroamericanos de los años 70 y 80. El presidente del Parlatino-Venezuela, Ángel Medina (PJ-Bolívar) propuso a la AN impulsar regionalmente la instrumentación del denominado Pasaporte Nansen creado en junio de 1921 para aquellas personas que en el contexto de la primera Guerra Mundial habían sido privados de su nacionalidad. La propuesta fue remitida a la comisión de Política Exterior. También intervinieron el presidente de la subcomisión de Migración y Asuntos Consulares, José Gregorio Correa (PJ-Cojedes), y Edgar Zambrano (AD-Lara) integrante de la comisión especial de seguimiento a los acuerdos de Cúcuta del pasado 1 de junio. El pleno aprobó un acuerdo que declara que “se deben considerar prorrogados los pasaportes venezolanos” vencidos, hasta por un lapso de cinco años y ratifica el acuerdo del 8 de mayo en el que se insta a los países del Grupo de Lima a garantizar la recepción de los venezolanos desplazados.

El último punto, un análisis sobre el efecto inicial del paquetazo económico de Maduro, fue expuesto por el presidente de la comisión de Finanzas, Rafael Guzmán (PJ-Miranda). Calificó las medidas como “un desastre” y afirmó que no había entrado en vigencia el nuevo tipo de cambio de divisas fijado en 6.000.000 de bolívares fuertes, cuando el dólar paralelo se ubicaba en 10.000.000. “No hay una sola medida que incentive la producción nacional mientras desaparecen los productos de los anaqueles”, dijo. Denunció que a dos días de entrada en vigencia del nuevo salario, el aumento no ha sido publicado en la Gaceta Oficial ni han informado el nuevo costo de la unidad tributaria. “En una semana los precios se duplicaron 6 veces, la inflación superó el 50%. Un trabajador necesita hoy 8 veces el nuevo salario mínimo que aun no tiene para comprar la cesta básica que ya está en 11.000 bolívares soberanos”. También intervino el segundo vicepresidente, Alfonso Marquina (PJ-Lara), quien advirtió que el gobierno está propiciando la suspensión de las garantías constitucionales.

Puntos de información

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Destacado de la semana

  • Esta semana, diferentes organismos internacionales y regionales se reunieron o anunciaron próximas reuniones para tratar la crisis de desplazados de Venezuela en el continente. El martes Acnur y la OIM sostuvieron un encuentro con miras a diseñar un plan de apoyo a los países de la región que reciben la ola de desplazados. El miércoles, el Comité Andino de Autoridades de Migración integrado por Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia se reunieron en aras de armonizar los procedimientos para el ingreso ordenado, seguro y responsable de la migración. Para la semana próxima fue convocada una sesión extraordinaria urgente del Consejo Permanente de la OEA para discutir el asunto, esto a solicitud del secretario general Luis Almagro. Los días 17 y 18 de septiembre se realizará en Quito una reunión de alto nivel donde 13 países de la región, receptores de migración venezolana, evaluarán las implicaciones del fenómeno migratorio.

Agresiones a diputados

  • El martes 28 de agosto se cumplieron 21 días de la inconstitucional prisión del diputado Juan Requesens. En ese tiempo, ni su familia ni sus abogados han podido verlo. El abogado Joel García denunció que a la fecha no habían tenido acceso al expediente y el tribunal asignado se mantenía cerrado. El miércoles, la CIDH manifestó su preocupación por el caso y también por la persecución contra el diputado Julio Borges (PJ-Miranda) a favor de quien la CIDH dictó medidas de protección en julio de 2017. Denunció que conforme a la prensa, Requesens fue detenido por el SEBIN, sin orden de detención. En tal sentido  el Relator de la CIDH para Venezuela, Francisco Eguiguren señaló: “Las investigaciones y procesos que se sigan contra los diputados deben respetar el debido proceso y las garantías judiciales. Esto incluye el acceso efectivo a su defensa jurídica y una participación directa en el mismo”. Por su parte, el Comisionado Joel Hernández, Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad expresó: “El Estado venezolano tiene la obligación de brindar un trato digno al diputado Requesens que resulte compatible con los estándares interamericanos en materia de privación de libertad”. El jueves, los familiares de Requesens denunciaron que el Sebin se niega a recibir los medicamentos y vitaminas que el diputado necesita al ser paciente bariatrico con problemas de hipertensión e insulina. Esta situación pone en riesgo su vida. El viernes, Juan Requesens padre, acudió a la Cruz Roja Venezolana para solicitar su intermediación ante esta situación.

También fue noticia

  • -El lunes, la cámara de Senadores de Paraguay aprobó un acuerdo en solidaridad con el diputado Juan Requesens e instó al Ejecutivo de ese país a presionar al gobierno de Venezuela a plegarse a la institucionalidad.
  • Olivia Lozano (VP-Bolívar) visitó las zonas anegadas en su estado por la crecida del río Orinoco y reclamó la desatención de las víctimas por parte del gobierno nacional.
  • El martes, Biaggio Pilieri (16J-Yaracuy) denunció la desaparición forzosa de cada vez más medios de comunicación como consecuencia de la falta de insumos y ahora por el aumento de salarios de 3.400% que hace inviable la subsistencia de la prensa.
  • El miércoles, diputados y dirigentes de VP instalaron un centro de acopio en Altamira para los venezolanos damnificados por la crecida del Orinoco.
  • Germán Ferrer (BPS-Lara) envió un mensaje desde el exilio en el que denuncia que el plan del BCV de vender lingotes de oro a la población es en realidad un “plan para el lavado de dinero del narcotráfico” enquistado en el poder.
  • El jueves, Delsa Solórzano (UNT-Miranda), Jony Rahal (PJ-Nueva Esparta) y Orlando Ávila (UNT-Nueva Esparta) participaron en asambleas ciudadanas a cielo abierto en los municipios Díaz y Maneiro. Abogaron por la unidad de la oposición.
  • El presidente de los magistrados en el exilio, Miguel Martín, fue recibido en Washington por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, a quien explicó las implicaciones jurídicas de la sentencia que condena a Maduro por corrupción.
  • Nicolás Maduro anunció que el cobro de la gasolina con el carnet de la patria comenzará el lunes 4 de septiembre en los municipios fronterizos.
  • El viernes, la comisión especial de seguimiento a los acuerdo de Cúcuta continuó su gira regional en Brasil donde se reunió con el canciller Aloysio Nunes. Entregaron los acuerdos sobre la persecución a Borges y a Requesens y sobre los desplazados.

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