¿Privatización con opacidad? Una combinación perniciosa

1. Introducción

En mayo del presente año Maduro anunció la entrega al sector privado de hasta el 10% de las empresas públicas, que incluyen el sector petrolero (empresas mixtas), CANTV, Movilnet, el sector petroquímico, gas, las empresas de Guayana (sector minero, forestal, aluminio y servicios). Se anunció la venta del 5% y hasta 10% de las acciones públicas para la inversión nacional o internacional.

Posteriormente, los medios de comunicación revelaron que no hay suficientes bolívares en el mercado monetario venezolano para adquirir el 10% de CANTV ni Movilnet por parte de capital privado venezolano, y que no existen suficientes condiciones institucionales en nuestra economía para atraer capital extranjero competitivo. Por otra parte, la opacidad con la que el régimen gestiona los recursos públicos, se reflejan perfectamente en casos como el de la empresa Agroisleña, que fue muy opaco, haciendo uso de uno de los atributos de la Ley Antibloqueo: hacer sin decir y decir cuando ya se ha hecho.

Dadas las condiciones actuales de la economía venezolana y la naturaleza del régimen que la ejecuta, es difícil proyectar un éxito en la entrega de activos al sector privado, dado la ausencia de un estado de derecho de ofrezca las debidas garantías legales, con clara fortaleza de los derechos propiedad privada, y naturalmente respeto a los derechos humanos. De ahí que se haya destacado que este proceso sólo se asoma conveniente para los aliados del régimen o capitales de dudosa procedencia.

2. La privatización como instrumentos eficiente de política fiscal

Cuando los procesos de privatización de empresas públicas se realizan bajo esquemas transparentes, con reglas claras y condiciones financieras acordes a las condiciones del mercado (presente y futuro) se convierten en una eficiente estrategia para (i) reducir del gasto público -pues se disminuyen los pagos por nóminas y se mitigan las pérdidas por mala o ineficiente gestión-  (ii) potenciar la capacidad productiva y en el mediano plazo además incrementar los ingresos del fisco -dadas los impuestos a recaudar- y sobre todo mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, pues en empresas productivas se favorece los aumentos de remuneración asociados a la productividad. Por el contrario, si los mismos se caracterizan por la opacidad e ineficiencia, fomentan la corrupción, la consolidación de grupos de poder, concentración de la riqueza, falta de competencia y mayor pobreza y desigualdad.

Las privatizaciones suponen una primera respuesta a los problemas de ineficiencia de la empresa pública (Ortega, 2003). El objetivo principal de la privatización, más que reducir el déficit público, es incrementar la eficiencia y competitividad empresarial. Cabe destacar que por privatización, se puede entender tanto el fomento de la prestación privada de los bienes y servicios públicos, así como la gestión privada de empresas y organismos públicos, así como también la transferencia de propiedad y/o control de empresas del sector público al sector privado (Ortega, 2003).

Dormberger y Pigott (1994: 228) reconocen tres formas alternativas de privatización: transferencia de activos del sector público al privado, generalmente mediante una venta; desregulación o liberalización de los monopolios legales (con o sin ventas de activos) y con énfasis particular en eliminar barreras de entrada y por último, la concesión de franquicias o contrataciones externas para la oferta de bienes y servicios comerciales concedidas a empresas del sector privado.

En el caso que nos ocupa, se acerca a la primera modalidad: venta parcial de activos al sector privado y todo apunta a que el objetivo principal, más que lograr el equilibrio fiscal, es obtener recursos adicionales para mantener su burocracia y un poder creciente, financiado con el patrimonio de los venezolanos.

3. Experiencias exitosas en América Latina: Caso Chile

Las empresas públicas de servicios en Chile que fueron privatizadas desde 1997, se han beneficiado de los efectos positivos de la privatización acompañada de desregulación, lo que se traduce en mayor productividad laboral, incremento de la inversión y cobertura de los servicios (BID, 2007). Los resultados mencionados se explican a través de varios factores que han interactuado en el caso chileno: las privatizaciones expanden el capital de inversión, superando las restricciones presupuestarias a las que se enfrenta una empresa pública. En segundo lugar, el crecimiento de la economía por efecto de la productividad laboral y la inversión produce una expansión de la demanda de servicios, lo que es rentable para las empresas privatizadas y finalmente, el cambio tecnológico que introducen los capitales privados, en particular los extranjeros, generan nuevos servicios y oportunidades para un mercado competitivo (BID, 2007).

Cabe destacar, que los factores que han hecho de las privatizaciones de empresas públicas de servicios en Chile un caso de éxito, se deben al marco regulatorio que le ha dado garantías a los inversionistas al establecer que sus bienes no serán expropiados por la vía administrativa (Levy y Spiller, 1994).

La privatización de empresas en el sector de telecomunicaciones en Chile ha provocado importantes cambios tecnológicos que han reestructurado la industria. La convergencia de diferentes tipos de tecnologías ha aumentado la competencia entre empresas privadas, se han reducido las barreras de entrada y las ventajas las disfrutan los consumidores, en formas de planes, acceso a equipos de última generación e internet 5G. La calidad y productividad de otras empresas de servicios, como electricidad, agua potable, gas y puertos ha mejorado significativamente con el proceso de privatización, mientras el Estado centra sus recursos en otras áreas de interés de la política pública.

4. Casos CANTV y Movilnet

La Compañía Nacional de Teléfonos de Venezuela (CANTV), hoy asociada al sector público, fue creada por el empresario Félix Guerrero en 1930, con una concesión otorgada por el Estado para la construcción de una red telefónica a escala nacional. Para 1951, CANTV en manos privadas empieza a desarrollar un plan de expansión y modernización con un horizonte de cinco años para corregir las fallas del sistema y ampliar su red, para lo que solicita apoyo financiero del Estado, que en 1953 decide estatizarla. No obstante, en este período de estatización que se prolonga hasta 1990, la empresa se caracteriza por baja calidad en el servicio, baja productividad e infraestructura obsoleta. En la década de los 90’, el Estado venezolano, dentro del denominado Plan El Gran Viraje, se embarca en un serio proceso de privatización y en 1991 se privatiza, siendo adquirida por el grupo VenWorld Telecom, que compró el 40% de las acciones (Transparencia Venezuela, 2018). Una vez privatizada, se crea en 1994 CANTV.NET como proveedor principal de Internet y nace el producto Banda Ancha (ABA), que revoluciona los servicios de conexión a internet para empresas y hogares. Por otra parte, se modernizó la plataforma tecnológica con novedosos servicios de voz y datos, y en 1992 se crea Movilnet como proveedor de telefonía móvil a nivel nacional.

Desde 1991 hasta el año 2006, la corporación CANTV mostró resultados positivos, con crecimiento, mejora en la calidad de los servicios, alta productividad laboral, modernización tecnológica e innovación en el modelo de gestión, que permitieron una diversificación de los servicios de tecnología y comunicación. Sin duda fue una experiencia de privatización exitosa.

No obstante, a principios del año 2007 el presidente H. Chávez F. anunció la estatización de la empresa por más de US$572 millones, correspondiente a un porcentaje cercano al 30% de las acciones, así como también lo hizo de la empresa Electricidad de Caracas, de la que compró más del 80% de las acciones por un valor de US$739 millones.

Desde esta nueva estatización, CANTV fue considerada por la gerencia pública como una “empresa socialista”, siendo la nueva orientación llegar a todos al menor costo posible, aunque se sacrificara la calidad del servicio. A la vez se fusiona con CANTV, la empresa CANTV.NET. Una de las peores decisiones que se tomó en ese momento fue congelar las tarifas de telefonía fija e internet a los hogares, porque esta decisión redujo significativamente el nivel de ingresos tanto para CANTV como Movilnet como corporación. Vale destacar que durante el periodo 2007-2013 la inflación interanual promedio fue del 27%, lo que anulaba de los ingresos de la empresa mientras sus costos eran crecientes. Así, a partir del año 2013 la empresa ya no fue capaz de invertir en expansión de la red, por baja sostenibilidad financiera y poco acceso a los insumos de bienes de capital importado, lo que desmejoró significativamente el nivel de los servicios de telefonía fija, telefonía móvil e internet.

Actualmente, la corporación CANTV lleva dos años incumpliendo la Ley de Mercado de Valores y no publica sus estados financieros. Otro signo en la opacidad en el manejo de esta empresa icónica de Venezuela es el informe de auditoría de Deloitte al cierre del 2019, donde se observa una escasez de evidencias sobre la veracidad de la información financiera entregada por la empresa.

5. Oportunidades y amenazas

Para algunos expertos, el régimen de Maduro está dando algunas señales de liberación del mercado, que podría beneficiar a los consumidores y usuarios, al permitir mejorar la calidad del servicio de las empresas como CANTV, MOVILNET o del sector de electricidad, que en manos privadas tendrían la oportunidad de modernizarse y de ser mejor administradas de acuerdo a criterios de eficiencia. No obstante, por tratarse de un régimen cuya gestión se caracteriza por la opacidad, la entrega al sector privado de pequeñas proporciones accionarias de estas empresas no permite influir en la toma de decisiones e impulsar los cambios gerenciales necesarios y recuperar para la población la calidad de sus servicios. Asimismo, los fondos levantados no parecieran tener como destino reformas de políticas públicas o de la estructura del Estado o a mejorar la calidad del gasto público, sino más bien, a alimentar las arcas que financian medidas populistas con objetivos político-ideológicos, de permanencia en el poder o incluso, de consolidación de grupos económicos a la sombra del poder.

Este proceso de entrega parcial de empresas públicas al sector privado, a diferencia del realizado en Venezuela en la década de los 90’, es poco transparente y absolutamente discrecional, por lo tanto es muy factible que no tenga como resultados en el equilibrio fiscal ni en la calidad de los servicios que recibe la ciudadanía.