El Observatorio de Gasto Publico de CEDICE Libertad, realiza este informe anual a propósito de   lo que su equipo en sus investigaciones y análisis,  considera  lo que fue el  comportamiento de la economía venezolana en 2022.

El freno a la profunda contracción económica que se evidenció a fines de 2021 y alguna leve recuperación en el 2022, no fue el resultado de una reflexión consciente y honesta de los daños causados por el modelo del Socialismo del Siglo XXI y la necesidad de su reversión, sino por el contrario, fue debido a una estrategia obligada debido a las circunstancias presentadas en la grave distorsión en la  economía del país, y por ello  han permitiendo el uso de la divisa estadounidense para realizar transacciones, compensar el esfuerzo de los trabajadores especialmente los privados e  importar  mercancías que estaban ausentes de los anaqueles, así como  apoyo al consumo de las familias a partir de remesas.

Esos actos  que superaron los perversos controles, permitieron una mejora, incluso a pesar de la ausencia de Estado de Derecho. El caos y mal funcionamiento de los servicios básicos, la opacidad en el manejo de los fondos públicos, las numerosas regulaciones y trabas burocráticas, la ausencia de financiamiento y la estrechez del mercado son los que marcan una crisis profunda.  En realidad, Venezuela en el 2022 continuó teniendo una economía inflacionaria, bajo y precario empleo, pésimas condiciones para la inversión productiva y competitiva. En pocas palabras el pais está muy lejos de alcanzar los beneficios que el libre mercado tiene para los ciudadanos.De acuerdo al  Inflaciómetro de Cedice, en promedio de las 3 ciudades monitoreadas (Caracas, Valencia y Maracaibo), el consumo promedio de 61 bienes y servicios adquiridos por una familia de 3 personas pasó de 1.885,06 Bs/mes en enero 2022 a 7.734,95 Bs/mes al cierre de 2022, lo que representa un incremento de 310,33% en moneda nacional. Medido en divisas, este consumo mensual pasó de 399,87 US$/mes a 507,88 USD/mes, lo que representó un incremento del 27,01% durante 2022.

Es menester resaltar que durante los primeros 7 meses de 2022 el comportamiento de la variación interanual de precios era descendente y, de mantenerse esa tendencia, se estimaba que la inflación en Venezuela cerraría el año por debajo de los 3 dígitos. No obstante, a partir del 15 de agosto hubo un importante cambio de tendencia y se comenzó a observar importantes incrementos en los precios, sobre todo para los meses de agosto, noviembre y diciembre, este último con una variación en bolívares de 55,3%, lo que ubica al país nuevamente en una senda hiperinflacionaria.

Variación interanual de precios expresados en VEB y USD. Caracas. Diciembre, 2021 – diciembre, 2022

Durante 2022, los esfuerzos de política monetaria no se orientaron a la recuperación de la confianza del bolívar por parte de la familia venezolana, lo que implicaría – entre muchas otras cosas – corregir el déficit fiscal, devolverle autonomía y transparencia al Banco Central de Venezuela, restituir el Estado de derecho, tener un marco jurídico estable, garantizar derechos de propiedad que posibiliten la atracción de inversiones en el país, reducir el excesivo encaje legal que suprime significativamente el crédito bancario y facilitar – no restringir – el uso de dólares por medio de cuentas nacionales. Por el contrario, el mayor esfuerzo se concentró en apreciar el tipo de cambio por medio de una insistente política de intervención cambiaria, cuyos efectos distorsionantes se han sentido principalmente, disminuyendo la competitividad de la producción nacional y en el incremento de los precios de bienes y servicios expresados en dólares americanos.

Entre las principales medidas que están frenando la recuperación de Venezuela en el corto plazo, tenemos el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF), el aumento exponencial en el pago de servicios, aumento en la burocracia, la corrupción, retrocesos en soluciones digitales públicas y el incremento de los flujos migratorios de su capital humano.

El Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF) se impuso en el 2022, para incluir transacciones financieras en moneda extranjera o criptomonedas, en un intento bastante ineficaz por desdolarizar la economía venezolana. A pocos meses de su transformación, los efectos negativos no se hicieron esperar debido a que este es en efecto un impuesto al consumo, que encarece los productos y contrae la demanda de bienes y servicios. Este incremento en los precios de bienes y servicios finales, además de contraer el consumo y desacelerar el crecimiento económico, también tiene un efecto inflacionario que termina impactando en el bienestar de los ciudadanos en diferentes ámbitos.

Por su parte, el régimen permitió fuertes incrementos en las tarifas de servicios como aseo, telefonía e internet pese a no encontrarse mejoras en la prestación de estos servicios. De acuerdo con el Monitor de Servicios Básicos, se registraron 146.808 denuncias, un promedio de 407 denuncias diarias a nivel nacional por fallas del servicio de electricidad, siendo los estados más afectados Zulia, Mérida y Nueva Esparta con un promedio diario de 16, 14, y 12 horas sin suministro eléctrico respectivamente.

Por su parte, con relación al servicio de agua: solo el 1% de la población obtiene agua continua por tuberías los 7 días de la semana, mientras que 61% tiene suministro cada 3 o 4 días. Desafortunadamente, de acuerdo al monitoreo realizado el 86% de los embalses para la recolección de agua están inoperativos y solo el 21% de las plantas de tratamiento están operativas, por lo que el agua que se obtiene por grifos no es apta para el consumo, debe ser hervida o filtrada.

En materia de transporte tampoco se observa mejoría. El 58% de los ciudadanos dedica entre 1 y 2 horas por cada traslado, promediando unas 3,5 horas diarias. A su vez, el 81% de las avenidas, calles y transversales presentan fisuras, baches o grietas cada 100 metros. Con relación al suministro de combustible, se observó durante 2022 una leve mejoría, pero los cronogramas de suministro no siempre fueron cumplidos, por tal motivo se debe disponer de entre 3 y 8 horas para surtir combustible subsidiado en Caracas, y entre 4 y 12 horas en otras regiones del país.

Con relación al servicio de telecomunicaciones, el 80% de los venezolanos asegura que a diario se presentan entre 5 y 8 caídas del sistema de internet ABA, imposibilitando el normal desarrollo del trabajo, las clases o demás actividades. A su vez, la velocidad percibida de la red es cada vez más deficiente. 76% de los ciudadanos asegura dedicar de más tiempo a la solución de tareas sencillas. Por su parte, 4 de cada 10 venezolanos presenta fallas en el servicio de telefonía fija, y las soluciones casi siempre llegan luego de 6 meses de haber reportado las fallas.

El principal problema de esta mala gestión pública, radica en que el régimen no es capaz de redimensionar sus limitadas capacidades y adecuarse a la realidad nacional, sino que sigue creciendo parasitariamente, nutriéndose de lo que queda de la sociedad a través de sus tentáculos burocráticos.

Durante el año 2022, el gobierno de facto siguió apostando por una flexibilidad por necesidad. Si bien, organismos internacionales y consultoras nacionales estiman para el cierre de 2022 una variación positiva de la producción nacional, ésta no se refleja de forma efectiva en la calidad de vida del ciudadano de a pie, que sobrevive bajo un escenario de inflacionario, de dolarización de facto y desorganizada, donde se grava mediante impuesto de forma indiscriminada las transacciones realizadas en divisas, donde existe un tipo de cambio volátil e inestable, que se mantuvo retenido como consecuencia de las más de 60 intervenciones bancarias por parte del BCV, y un poder adquisitivo que no atina ante los niveles inflacionarios que sigue viviendo la economía venezolana.

En definitiva, la variación positiva de la actividad económica en 2022 no puede interpretarse como un signo contundente de recuperación, pues no se observa interés en liberar a la economía del lastre que representa el modelo del Socialismo del Siglo XXI. Los espacios de flexibilización que han permitido la atención al ciudadano son el resultado de la necesidad que se ha impuesto. Sin embargo la ausencia de un Estado de Derecho, de respeto al derecho de propiedad  que impulse mecanismos de gobernanza abiertos y transparentes,  impiden que ello pueda promover un crecimiento constante, estable e incluyente. Por el contrario lo que ha estimulado es la ampliación de brechas, éxodo y alto número de la población sumida en la pobreza medida de forma multidimensional.

Sin un rescate institucional que tenga como norte la libertad de las personas no hay posibilidad de un verdadero desarrollo nacional.