1. El primer derecho humano que se violenta en Venezuela: el derecho a ser propietario

En los regímenes totalitarios que privan a las personas del derecho a ser propietarias, todo empieza a perder valor. Y no sólo el capital financiero o el capital instalado, que en el caso venezolano vive bajo la perenne sombra de la amenaza de expropiación, sino también el entorno institucional, los derechos de propiedad intelectual, la sociedad entera.

La propiedad privada ha sido reconocida internacionalmente como un derecho humano fundamental. De acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU a través de la resolución 217 de 1948, establece en su artículo 17 que “toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente” que “nadie será privado arbitrariamente de su propiedad”. Es lógico pensar en la propiedad privada como un derecho básico, cuando analizamos las razones que hacen que los seres humanos se capaciten, trabajen y se esfuercen, que se resumen precisamente en acumular un patrimonio que puedan heredar a sus generaciones futuras o que brinde seguridad a la economía, en un entorno legal estable que garantice también la libertad de desarrollar  ideas.

Pero, cuando el Estado actúa como bandolero, que amenaza las posesiones de todos, no sólo la gente pierde la confianza en la sociedad donde vive, sino también pierde la motivación para el trabajo y para impulsar el progreso, con lo que cae la productividad y la economía entera, de allí que sea imposible tener una gestión fiscal efectiva que permita financiar políticas públicas de desarrollo, cuando la economía se derrumba completamente. El caso venezolano es un caso palpable y cercano de la importancia de la propiedad privada como derecho humano: si le quitas a las personas su propiedad, no sólo les robas la dignidad, el producto de su trabajo, también le quitas su esencia, le robas su libertad. Expropiar empresas, haciendas o casas, o no garantizar las condiciones políticas y legales que protejan este importante derecho humano, es quitar también la posibilidad de desarrollo personal o colectivo.

Esa realidad se refleja nuevamente en los resultados del Índice de Derechos de Propiedad 2023, donde Venezuela es el país con las peores condiciones para garantizar este derecho humano en una muestra de 125 países, que representa el 93,4% de la población mundial. Cabe destacar, que estos son los diez peores países en el ranking del índice, siendo Venezuela el número 125, el último de la lista:

 

Países del ranking IPRI Legal y político Propiedad física Propiedad intelectual
116.Bolivia 3.4 3.0 3.7 3.5
117.Nigeria 3.4 3.0 3.7 3.4
118.Angola 3.2 3.4 3.3 3.0
119.Etiopía 3.2 3.0 3.6 3.2
120.Mauritania 3.2 3.3 2.3 4.1
121.Chad 3.1 2.3 3.0 3.9
122.República del Congo 3.1 2.0 3.3 4.0
123.Haití 2.7 2.5 2.2 3.5
124.Yemen 2.4 1.0 2.7 3.4
125.Venezuela 1.9 1.1 1.5 3.0

Fuente: IPRI 2023, elaboración propia

 

Se observa que se trata de economías inestables, con una pésima gestión fiscal, donde no se respeta la propiedad privada, lo que genera crisis de expectativas, baja inversión y caída del ahorro privado que generan brechas de crecimiento e imponen una fuerte inestabilidad a la gestión fiscal, impidiendo la transparencia en el manejo del gasto público.

Entre los más bajos del ranking se encuentran tres países latinoamericanos: Bolivia, Haití y Venezuela. Destaca que el nivel de respeto de derechos a la propiedad privada en Bolivia y Haití es similar a la de los países africanos; no obstante Venezuela es el país con las peores condiciones en este tema, además de ser la nación con menos libertades económicas, la economía más pobre del mundo y una de las más opacas en la gestión fiscal, que posee todas las condiciones para que deseen emigrar millones de personas de su valioso capital humano.

Por otra parte, los diez primeros países en el ranking son economías estables con una óptima gestión fiscal. Los países donde se considera el derecho a la propiedad privada como un derecho humano, tienen políticas públicas de largo plazo óptimas, porque en la medida que se respeta la propiedad privada, los agentes económicos prosperan en un entorno de estabilidad, y la gestión de impuestos y gastos por parte del gobierno también puede ser más estable y efectiva.

  1. Desmejora en el tiempo del IPRI para Venezuela

Desde antes de la llegada del chavismo, ya Venezuela mostraba un comportamiento del índice igual o por debajo de la media mundial, no obstante se generó una desmejora progresiva, especialmente a partir de la llegada al poder de Maduro en el año 2013, siendo los peores años para los derechos de propiedad los últimos 4 años, donde quedamos ubicados casi siempre en el último puesto del ranking:

Fuente: IPRI 2023, elaboración propia

Los peores componentes del índice para Venezuela están asociados al entorno legal y político, principalmente la independencia judicial (0,29), el respeto a las leyes (0,41), el proceso de registro (0,51), la protección de los derechos de propiedad (0,98) y la percepción de la protección de la propiedad física (1,47), lo que significa que prácticamente no existe ninguna garantía para la propiedad, ni la inversión como flujo real que alimenta el stock de capital y por lo tanto, hay una inmensa traba estructural que impide el crecimiento económico estable, imposibilitando una gestión fiscal que garantice el desarrollo, como puede observarse en los componentes del IPRI 2023:

IPRI 1,87
Entorno Legal y Político 1,15
Independencia Judicial 0,29
Respeto a las leyes 0,41
Control de la corrupción 1,79
Estabilidad política 2,09
Percepción de la protección de la propiedad física 1,47
Protección de los derechos de propiedad 0,98
Proceso de registro 0,51
Acceso al financiamiento 2,92
Protección de los derechos de propiedad intelectual 3,01
Percepción de la protección de derechos de propiedad intelectual 1,45
Protección de patentes 4,08
Protección de los derechos de autor 2,33
Protección de marcas 4,17

 

Los resultados del índice de derechos de propiedad 2023 para Venezuela nos revelan de manera contundente que la defensa de este derecho es una condición esencial para el desarrollo humano y económico, base para una mejor gestión fiscal y transparencia en el manejo del gasto público. No es posible recuperar la economía venezolana, hasta que se restablezcan las condiciones de una democracia donde se respetan los derechos humanos.

 

Fecha de publicación: 22 de noviembre de 2023