Una vez se asoma un cambio –y así la sociedad venezolana lo ha decidido- de regreso a la
democracia; aun cuando tímidamente, empieza a tomar cierta relevancia –y esperamos que
protagonismo en lo inmediato- inquietudes sobre las políticas microeconómicas más allá de las
commodities de estabilización macro.
Se ha iniciado la promoción de servicios profesionales de consultoría alrededor del tema de la
productividad y la competitividad en entornos competidos –con mercados cerrados ya no
legalmente sino vía demanda-; asomando que efectivamente existirá una demanda y una
necesidad de conocimiento sobre estrategias corporativas en entornos competidos, basadas
en un cambio de modelo y paradigma económico hacia una apertura económica.
Es así como numerosos analistas aseguran que el cambio, sino de 180 grados en el modelo
económico, tendrá como microfundamento una economía de mercado basada en la
competencia. En casos específicos se asegura que el liberalismo sería la característica distintiva
del cambio que se asoma para el país.
Sin embargo, muchas de estas opiniones podrían estar respondiendo más a una reacción de
rechazo al fracasado modelo actual, a posiciones ideológicas o incluso a intereses particulares.
Por ello, deberíamos esperar que en Venezuela proliferen, tanto en el sector público como en
el privado, prolijos espacios de análisis microeconómico de las políticas económicas,
industriales, sectoriales, públicas y regulatorias.
En términos públicos, el éxito en el diseño de políticas públicas poco depende de las “buenas
intenciones” y lo “atractivo del discurso” (de hecho, en ocasiones el enunciado y/u objetivo de
una política pública puede parecer “contraintuitivo” respecto a su diseño e
instrumentalización). En ese sentido, basados en un nuevo “Estado benevolente” que vele por
el Interés Económico General, se requerirán espacios e instancias de análisis microeconómico
de las políticas públicas y sectoriales; análisis costo-beneficio de las alternativas de política;
Análisis Económico del Derecho de los esquemas jurídicos de incentivos; etc.
Esta labor en el sector público, independientemente que no se le provea de estatus
mandatorio, sino más bien asesor y de advertencia, y aun cuando no se haga público sus
resultados, constituye un trabajo simple y llanamente técnico. Por su propia naturaleza,
técnica, metodológica y científica, resulta despolitizada y sólo funcionarios o asesores técnicos
podrán llevarla adelante.
Es de esta manera que asomándose un cambio y requiriéndose esas alternativas de políticas
concretas en su diseño y formas de instrumentación, identificando forma y tipo de esquema
de incentivo, deberían estar lista para eventualmente implementarlas.
Aun cuando los tomadores de decisiones resultasen ser funcionarios de confianza en “cargos
políticos”, la labor descrita anteriormente sólo puede ser desarrollada por un cuerpo técnico
que funja como asesores respecto a las alternativas y al buen diseño de las políticas públicas y
regulatorias. En Venezuela, sin ahondar en las casusas, carecemos de dichos espacios, pero
como la intención es el cambio, hacer las cosas mejor que en el pasado, reconstruir el país y
tutelar el Interés Económico General; urge que dichos equipos estén configurados y
trabajando, incluso especializados sectorialmente.
