Un Contrato Social para Venezuela, Por: Kamal A. Romero S.

Economista y profesor universitario radicado en Madrid, España

Cuando observamos la evolución de la economía venezolana durante los últimos años, lamentablemente resulta difícil escoger qué dimensión ha presentado un mayor deterioro. Más allá de las cifras meramente económicas como la mayor inflación del mundo en los últimos años (10.000.000% para 2019 según el FMI), un déficit fiscal superior al 20% o una contracción acumulada del PIB de casi el 50% desde 2013, la dimensión social del problema es desgarradora.

Lo que observamos es un completo descalabro institucional que ha convertido al país en la principal fuente de emigrantes de la región, donde más de la mitad de su población ha perdido peso por problemas de acceso a una alimentación adecuada (http://elucabista.com/2018/02/21/resultados-encovi-2017-radiografia-la-crisis-venezolana/), el que presenta mayores casos de incremento de enfermedades como difteria, malaria y sarampión en Sudamérica (https://prodavinci.com/10-datos-sobre-la-situacion-de-salud-en-venezuela-segun-la-ops/), y coloca a dos de sus ciudades entre las 10 con mayores tasas de homicidio del planeta (https://www.businessinsider.com/most-violent-cities-in-the-world-2018-3?IR=T#46-nelson-mandela-bay-south-africa-had-3753-homicides-per-100000-residents-5) .

Cualquier intento de reconstrucción debe necesariamente pasar por un programa de estabilización económica que reduzca la tasa de inflación, elimine el esquema de control de precios, restablezca los flujos de divisas y recupere del estancamiento la industria petrolera que genera alrededor del 50% de los ingresos fiscales y el 90% de las divisas, y cuya producción de crudo ha caído en más del 50% desde 1998.

No obstante, lo que muchos analistas han planteado (y yo comparto) es que gran parte de los orígenes de los problemas de la economía venezolana no solo requieren un plan de estabilización estándar, sino la recuperación y construcción de instituciones económicas básicas, que impliquen redefinir el modelo de administración pública e incluso las relaciones Estado – ciudadano.

Para restablecer las operaciones de la industria petrolera se debe reorientar sus funciones principales hacia la gestión de las actividades de manejo y gestión de las diversas etapas de producción y comercialización del petróleo, las cuales en los últimos años han sido desviadas hacia una supuesta política social, al mismo tiempo que ha sido empleada como herramienta diplomática a través de una serie de convenios de venta de crudo por debajo del precio de mercado a países amigos, afectando negativamente su flujo de caja. Pero además de lo anterior, es necesario definir los canales institucionales con el fisco nacional que le permitan tener la suficiente independencia para gestionar de la manera más eficiente sus recursos a la vez que genere suficientes ingresos fiscales que financien la labor del Estado.

Para estabilizar la hiperinflación es necesario no simplemente el restablecimiento de una política monetario-fiscal ordenada, sino crear mecanismos institucionales que por un lado recuperen la independencia del banco central y por el otro creen reglas fiscales que suavicen la prociclidad del gasto público, es decir, la tendencia a incrementar en exceso el gasto en épocas de altos precios del petróleo y la poca capacidad de ajuste del mismo cuando estos descienden. En relación a este último Venezuela es un ejemplo de voracidad fiscal, las demandas y conflictos de los sectores sociales y grupos de presión durante los booms de ingresos suelen solucionarse no mediante la práctica político-institucional, sino a través del reparto clientelar de la renta petrolera.

La historia de controles de precios y de flujos de capitales en Venezuela es extensa y va más allá del período chavista. Estos han representado una de las principales herramientas a través de las cuales los altos ingresos fiscales se transforman en subsidios a la población. Pero en cada experimento que se ha realizado con esta política, el resultado ha sido el mismo: escasez, desincentivo a la producción local a favor de las importaciones y el no control de la inflación.

Como observamos en los párrafos anteriores, gran parte de las políticas económicas que han llevado al colapso social han tenido un objetivo primordial legítimo, hacer llegar a parte de la población los beneficios de la renta petrolera, pero los medios han sido mediante el establecimiento de políticas clientelares como único mecanismos de redistribución en un entorno de debilidad institucional, los cuales han acabado con resultados completamente opuestos a los esperados.

Acemoglu y Robinson (2006) señalan que la diferencia principal entre instituciones y políticas es que las primeras son duraderas mientras que las segundas son reversibles, así como el hecho de que las instituciones determinan como las preferencias de varios grupos son agregadas en elecciones sociales. Partiendo de esta idea, la construcción de instituciones solo es posible mediante pactos que generen amplios consensos y que sean aceptados por toda la sociedad, ya que estos determinan las reglas del juego, es decir, las obligaciones y restricciones a las cuales van a estar sujetos los distintos grupos sociales no solo hoy sino en el futuro.

El actual diseño institucional venezolano está basado en una idea que se ha probado caduca, un estado clientelar que se apropia y reparte la renta petrolera. Esta idea solo ha generado inestabilidad económica, debilidad institucional, ausencia de mecanismos de rendición de cuentas y actores sociales que invierten gran parte de su tiempo en la extracción de rentas en lugar de la actividad productiva. Hace falta un acuerdo social que defina un nuevo modelo político económico que abandone definitivamente el estado clientelar, y base la resolución de conflictos en la práctica de la política dentro de una democracia funcional.

Cualquier transformación que cambie los equilibrios de poder político sobre quien detenta la atribución de apropiarse y repartir la renta petrolera genera tensiones, de ahí que es necesaria la participación de todos los sectores y tratar de construir la mayor cantidad de acuerdos entre ellos.

Este nuevo contrato social no solo debe circunscribirse a los puntos arriba señalados, además es necesario replantear un nuevo sistema fiscal por el lado de los ingresos no petroleros que saque a Venezuela de la cola de la recaudación fiscal de la región (http://www.oecd.org/tax/tax-policy/revenue-statistics-in-latin-america-and-the-caribbean-24104736.htm), una normativa laboral que ataque el enorme sector informal y el establecimiento de un sistema de protección social que permita resguardar el ingreso de la población de menores ingresos, la cual ha sido quienes han soportado gran parte de los ajustes de las fases bajas del ciclo petrolero generando una brecha social inaceptable.

Se dice que las dificultades traen consigo un rayo de esperanza, la grave coyuntura actual puede que haya generado la reflexión y los apoyos necesarios para abandonar las cosas que no han funcionado en el pasado, y construir entre todos un nuevo futuro de consolidación democrática y estabilidad económica.

FUENTE:  agendapublica.elpais.com