Legiscopio 81 I Asamblea Nacional discutió situación de los trabajadores de PDVSA

La semana del 15 al 19 de enero, el Parlamento negó al Ejecutivo la décimo segunda prórroga del inconstitucional decreto de estado de excepción, concedió derechos de palabra a representantes de los pacientes trasplantados y los trabajadores de Pdvsa y declaró la omisión presidencial del acto constitucional de rendición de cuentas del Ejecutivo ante el Legislativo. La mesa de negociaciones sufrió un traspié. Una diputada de la oposición fue agredida. Y se creó una comisión especial para investigar el presunto ajusticiamiento de siete personas vinculadas a un grupo insurgente.

Leyes, acuerdos y debates en las plenarias de esta semana

La mayoría opositora de la Asamblea Nacional acordó negar la décimo segunda prórroga al inconstitucional decreto de estado de excepción y emergencia económica, dictado por Maduro desde enero de 2016. Como se sabe, la Constitución y la Ley Orgánica de Estados de Excepción solo permiten que dichos mecanismos tengan una duración máxima de 120 días. José Guerra (PJ-Caracas) dijo que el decreto solo ha servido para “desatar la inflación en 3.200 %,  hundir la economía en la recesión, depreciar el bolívar de 19.000 %; y empobrecer a las familias”.

El segundo punto fue la respuesta del Parlamento a la presentación del balance de gestión presidencial correspondiente a 2017 realizado el lunes 15 de enero por Nicolás Maduro ante la fraudulenta constituyente. El segundo vicepresidente de la AN, Alfonso Marquina (PJ-Lara), ofreció dos perspectivas a la discusión. Por un lado, planteó el hecho jurídico de que el Presidente de la República no rindió cuentas ante el Poder Legislativo como lo manda la Carta Magna, lo que derivó en la declaratoria del incumplimiento de dicho acto constitucional. Y en segundo lugar, señaló que la exposición de Maduro no registró la gravedad de la crisis atravesada en 2017 ni presentó las cuentas del Gobierno. En este debate intervinieron además Mariela Magallanes (Causa R-Aragua), Franco Casella (VP-Miranda), Carlos Paparoni (PJ-Mérida), Milagros Eulate (AD-Vargas) y Luis Emilio Rondón (UNT-Nueva Esparta).

La plenaria también aprobó un acuerdo sobre la situación de la salud en el marco de crisis humanitaria, que ratifica la declaratoria de emergencia humanitaria, mantiene exigencia al Gobierno de solicitar ayuda internacional y convoca a ONG y Cámaras Farmacéuticas para encontrar soluciones. La directiva concedió un derecho de palabra a Francisco Valencia y a Natasha Albarrán, pacientes trasplantados, quienes relataron la indefensión y riesgo de muerte que enfrentan porque el Estado no les proporciona los medicamentos para que sus órganos funcionen. En la discusión participaron el presidente de la sub comisión de Salud, José Manuel Olivares (PJ-Varagas), el presidente de la AN Omar Barboza (UNT-Zulia), Dianela Parra (UNT-Zulia), Virgilio Ferrer (UNT-Representación Indígena) y José Trujillo (AD-Aragua).

Por último, la plenaria discutió sobre la situación de los trabajadores de Pdvsa. El dirigente sindical Iván Freites ejerció un derecho de palabra en el que retrató las desmejoras salariales y laborales de los trabajadores petroleros, aunado a la persecución política de la que son objeto. Freites consignó una propuesta de ley de dolarización del salario y reclamó que la propuesta de ley de garantías para los trabajadores, que elevó ante la AN a mediados de 2017 no hubiera sido discutida. El nuevo proyecto fue remitido a la comisión de Finanzas para su análisis. En el debate intervinieron Juan Guaidó (VP-Vargas) y María Hernández (Indep.-Monagas), Eliézer Sirit (AD-Falcón) y Elías Matta (UNT-Zulia). Se creó una comisión especial para acompañar la lucha reivindicativa de los trabajadores petroleros.

Puntos de información

Poderes confrontados.

Mientras la Asamblea Nacional declaró nula la décima segunda prórroga al decreto de emergencia y estado de excepción, la Sala Constitucional del TSJ en su sentencia número 39 de 2018, declaró la constitucionalidad de la medida, pese a que viola artículos de la Constitución. Entretanto, el autodenominado TSJ Legítimo, conformado por los magistrados designados en julio de 2017 por la AN, emitió desde el exilio una condena contra el Estado venezolano por la Masacre de El Junquito.

Destacado de la semana

El miércoles 17 se instaló la comisión especial para investigar la denominada Masacre de El Junquito, hecho ocurridos dos días antes por cuerpos de seguridad militares y policiales. En el hecho fueron presuntamente ajusticiados 6 hombres y una mujer, entre ellos el piloto Oscar Pérez que en 2017 robó un helicóptero del CICPC, lanzó granadas sonoras contra el TSJ, asaltó un puesto militar en los Altos Mirandinos y robó una veintena de fusiles. La comisión quedó presidida por Delsa Solórzano (UNT-Miranda) e integrada por otros 12 diputados quienes acordaron varias tareas. Entre ellas oficiar a la Fiscalía General Militar para que remita el expediente a la jurisdicción civil; solicitar información a la PNB sobre la presunta pertenencia a ese cuerpo policial de un integrante de un grupo civil armado progobierno en el 23 de Enero que pereció en el operativo; y citar para el viernes 19 a una interpelación al ministro del Interior, Néstor Reverol; al mayor Rafael Bastardo, coordinador del operativo; al general Carlos Pérez, director de la PNB; al director de la Dgcim, Iván Rafael Hernández; al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino; al mayor general Pimentel y al ex diputado Freddy Bernal. Ninguno asistió a la citación. La comisión también recibió a los familiares las víctimas de la masacre.

Agresiones a diputados.

• El miércoles 17 Manuela Bolívar (VP-Miranda) fue despojada de su credencial parlamentaria y de su cédula de identidad además de ser empujada por el GNB Jesús Casanova Salinas, jefe del destacamento 435, cuando se encontraba en la morgue de Bello Monte, asistiendo a los familiares de las víctimas de la Masacre de El Junquito.