Durante la semana del 13 al 17 de agosto, el poder judicial imputó al diputado Juan Requesens por 7 delitos relacionados al presunto atentado contra Maduro. El pleno aprobó un acuerdo y un informe de responsabilidad política. Se declaró el receso parlamentario constitucional y se instaló la comisión Delegada. Los magistrados en el exilio condenaron a Nicolás Maduro a 18 años de cárcel por corrupción. Otra diputada suplente, disidente del PSUV, se juramentó y ocupó su curul.

Leyes, acuerdos y debates en las plenarias de esta semana

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La última sesión del primer período ordinario de sesiones de la AN inició con la juramentación de la quinta diputada disidente del PSUV que decide incorporarse a la AN desde julio de 2017. Se trató de Ana Salas Aguilera, suplente por la lista del estado Lara. Le precedieron Juan Arroyo, Lucila Pacheco, Marco Padovani, Eustoquio Contreras y Germán Ferrer. Ninguno volvió a plenaria luego de juramentarse; Ferrer tuvo que optar por el exilio.

El primer punto de la agenda fue un acuerdo en rechazo a los tratos crueles e inhumanos evidenciados durante la primera semana de cautiverio del diputado Juan Requesens (PJ-Tachira) detenido el 7 de agosto y del cual se filtraron varios videos que muestran signos de intoxicación según expertos. Intervinieron Delsa Solórzano (UNT-Miranda), Gilber Caro (VP-Miranda), María Beatriz Martínez (PJ-Portuguesa), Richard Blanco (ABP-Caracas) y Oscar Ronderos (AD-Nueva Esparta). El acuerdo aprobado condena los tratos dados por el Estado a Requesens empezando por la violación de su inmunidad, advierte que las graves violaciones a sus derechos por parte del Estado “pueden constituir delitos de lesa humanidad” y hace corresponsable de la comisión de los mismos al fiscal designado a dedo por la ANC, Tarek Saab y al Defensor nombrado por Saab ilegalmente, Alfredo Ruiz.

El segundo punto fue un debate sobre la crisis general de los servicios públicos en el país y en particular en el Zulia, que ese día cumplió 144 horas sin luz. Intervinieron Nora Bracho (UNT-Zulia), Lawrence Castro (VP-Zulia), Mary Álvarez (Concertación-Zulia), Luis Lippa (PJ-Apure), Eliécer Sirit (AD-Falcón), Freddy Paz (UNT-Zulia), Juan Pablo Guanipa (PJ-Zulia). Los diputados expusieron las calamidades que viven sus regiones ante la falta de luz, agua, transporte, gas y sus efectos en los servicios de salud, educación, telecomunicaciones y comercio entre otros. Los representantes del Zulia sumaron a la crisis el colapso del puente sobre el Lago de Maracaibo.

El tercer y último punto fue la presentación del informe final de la comisión de Participación y Medios sobre el bloqueo a los portales web de noticias registrados en los últimos meses. La instancia solicitó al pleno –y así fue aprobado- declarar la responsabilidad política de los presidentes de Cantv Manuel Fernández y Conatel Jorge Eliécer Márquez en la violación de los derechos a la información y a la libertad de prensa y expresión. Intervino el presidente de la comisión Jony Rahal (PJ-Nueva Esparta) y el diputado Biagio Pilieri (16J-Yaracuy). Rahal instó a las cableoperadoras y prestatarias de servicios de Internet a no dejarse manipular por el gobierno y ponerse del lado de la defensa de la libertad de expresión. Pilieri saludó la valentía de los medios digitales que a pesar de la persecución siguen informando.

En la sesión de instalación de la comisión Delegada, el día jueves, se trató como punto único el análisis de las medidas económicas anunciadas por Maduro en la semana y la entrada en vigencia de la reconversión monetaria. El presidente de la comisión de Finanzas, Rafael Guzmán (PJ-Miranda), criticó la falta de claridad e interés del gobierno en explicar la implementación del nuevo cono monetario, lo que causa incertidumbre en la ciudadanía. Solicitó a la Delegada interpelar a dos exministros ecuatorianos, Fausto Herrera y Patricio Rivera, quienes estarían asesorando a Maduro en materia económica.

Seguidamente se dio el derecho de palabra a los economistas Henkel García y Asdrúbal Oliveros. García destacó que el pilar fundamental de cualquier reconversión monetaria o medida económica exitosa es la confianza en el Gobierno que la implementa, confianza de la que carece el gobierno de Maduro. Oliveros, por su parte, sostuvo que las medidas monetarias, fiscales, cambiarias y petroleras anunciadas por el gobierno no tienen conexión entre sí y no hay un plan social que permita a la ciudadanía paliar los efectos que el nuevo paquete económico tendrá en sus bolsillos. Luego el diputado y economista José Guerra (PJ-Caracas) explicó que el petro no sirve para anclar el Bolívar porque no es una moneda, no se transa ni nacional ni internacionalmente, está anclado a las reservas petroleras que son inalienables y transmitirá toda la volatilidad del mercado petrolero al bolívar. Ambos invitados coincidieron en que la reconversión monetaria no servirá para frenar la hiperinflación. También intervinieron Francisco Sucre (VP-Bolívar), Alfonso Marquina (PJ-Lara), Mariela Magallanes (Causa R-Aragua), Freddy Superlano (VP-Barinas) y Nora Bracho (UNT-Zulia). La comisión Delegada volverá reunirse el martes 21 de agosto; tratarán crisis de la salud.

Puntos de información

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Comisiones permanentes

  • Política Interior se declaró en sesión permanente para atender el caso Requesens y otros casos de violación de derechos humanos.
  • Política Exterior presentó el boletín “Detrás de la diáspora” que se publicará cada 15 días con información sobre la migración venezolana. Carlos Valero (UNT-Táchira) calculó que hasta el presente, 10% de la población ha emigrado y que las solicitudes de asilo de venezolanos han aumentado 7.400% desde 2014.

Poderes confrontados

  • Esta semana el poder judicial imputó al diputado Juan Requesens por la supuesta comisión de al menos 7 delitos vinculados al presunto atentado contra Nicolás Maduro y le dictó como sitio de reclusión el Helicoide; la defensa anunció que apelará. En el proceso, el Sebin, el Ministerio Público y el tribunal violaron su inmunidad parlamentaria, el procedimiento para su detención y enjuiciamiento y una lista de al menos 9 derechos humanos esenciales, comunes a todo detenido. En la audiencia de presentación entre el lunes y el martes, Requesens se declaró inocente ante la juez Carol Padilla y le comunicó a su abogado que no recordaba haber sido grabado en videos por sus captores. El Ministerio Público excluyó del expediente los vídeos en los que Requesens supuestamente se incrimina y dice conocer a otros implicados en el supuesto atentado. El tribunal también acordó incautar los bienes y congelar las cuentas de Julio Borges (PJ-Miranda) y Requesens. La Unión Interparlamentaria Mundial solicitó una visita in situ urgente a Venezuela. El jueves los diputados de la unidad acudieron ante la Defensoría del Pueblo para exigir que vele por los derechos humanos de Requesens. Al cierre de este reporte, el diputado Juan Requesens no había podido ver a su familia.

Destacado de la semana

  • El sábado 4 de agosto, Nicolás Maduro encabezaba el acto aniversario de la Guardia Nacional cuando dos explosiones estremecieron la tarima presidencial, sin causar muertes. 7 oficiales de distintos componentes que estaban en el desfile resultaron con heridas. Más tarde el gobierno informó que se trató de un “intento de magnicidio frustrado”. El martes, al inicio de la sesión ordinaria de la AN, la junta directiva dio a conocer un comunicado en el ponen en duda la versión oficial, exigen una investigación confiable y advierten sobre posible incremento de la persecución política. Ese mismo día en la noche, Maduro acusó en cadena nacional a los diputados Julio Borges y Juan Requesens como parte de una “célula terrorista” que pretendía su muerte. Casi en simultáneo, una comisión del Sebin se llevó a Requesens de su casa en Caracas sin orden de captura y violando todo el protocolo establecido en el artículo 200 constitucional. El miércoles, la ilegítima ANC acordó enjuiciar a los diputados Requesens y Borges –aunque no es competencia de ese órgano- y les imputó una decena de delitos. La junta directiva condenó los hechos en un comunicado el mismo día y el pleno de la AN lo hizo en una sesión extraordinaria el jueves. Las fracciones 16J, Prociudadanos y la Concertación se sumaron al bloque de la MUD en su condena por este ataque a la inmunidad parlamentaria. El viernes el gobierno publicó un video donde el diputado Requesens dice que ayudó pasar a uno de los implicados en el supuesto intento de magnicidio desde Venezuela hacia Colombia; minutos más tarde se filtró otro video donde se aprecia al diputado Requesens en un baño, obedeciendo instrucciones de un tercero, como si estuviera bajo efectos de alguna sustancia tóxica. La fiscal en el exilio Luisa Ortega no dudó en afirmar que la “confesión de Requesens” se produjo bajo presión y que es nula. Dijo que llevará el caso ante la CPI y denunciará a Delcy Rrodríguez y a Nicolás Maduro por estos hechos. El diputado Requesens fue trasladado del Sebin a los tribunales ese mismo día, pero luego de 4 horas de espera, la audiencia de presentación fue diferida para el lunes 13 de agosto, con lo cual también se viola el lapso de 48 horas establecido en la ley para la presentación de los detenidos.

Poderes confrontados

  • El miércoles, los magistrados en el exilio condenaron a Nicolás Maduro a 18 años y 3 meses de cárcel por corrupción y legitimación de capitales. El juicio inició el 2 de agosto y se desarrolló a lo largo de 6 audiencias. Además de la pena, Maduro fue multado con 25 millones de dólares por corrupción y 35 mil millones por legitimación. Los altos jueces, reunidos en el Congreso de Colombia, también declararon la inhabilitación política de Maduro y ordenaron alertar a la comunidad internacional, organismos multilaterales y entes financieros mundiales sobre la condición de Maduro. Además, oficiarán nuevamente a la Interpol, al CICPC y a la FANB para que practiquen la detención. Consultado sobre el fallo, el presidente de la AN, Omar Barboza (UNT-Zulia) señaló:  “La sentencia es inaplicable porque en Venezuela no hay estado de derecho pero es un precedente importante en la lucha contra la corrupción”. Afirmó que el dictamen será acogido por el pleno para sustentar nuevas investigaciones del caso Odebrecht.

También fue noticia

  • El lunes, Gaby Arellano (VP-Táchira) informó que entre 70 mil y 80 mil venezolanos cruzan diariamente hacia Colombia, mientras 400 mil han llegado a Perú este año.
  • El martes, Julio Borges (Miranda) acusó a Rodríguez Zapatero de haberlo amenazado en Dominicana; Timoteo Zambrano (Zulia) salió en su defensa.
  • José Gregorio Correa (PJ-Cojedes) alertó que ante el paquete económico anunciado por Maduro, aumentará la migración de venezolanos.
  • El miércoles, Williams Dávila (AD-Mérida) se reunió con el canciller de Paraguay Luis Castiglioni, quien afirmó que el nuevo gobierno de su país luchará por la libertad de Venezuela.
  • La ONU aseguró que la falta de alimentos empujó el éxodo de 2,3 millones de venezolanos desde 2014.
  • La GNB reprimió a vecinos de la parroquia Altagracia que protestaban en las inmediaciones de Miraflores tras 24 horas sin luz.
  • Germán Ferrer (BPS-Lara) envió un mensaje desde el exilio en el que insta a la Asamblea a defender la sentencia de condena a Maduro.
  • Ramón López (PJ-Caracas) se reunió en Madrid con el canciller de España, Josep Borrel y el senado de ese país para comunicarles detalles sobre “el secuestro del diputado Juan Requesens y persecución contra el diputado Julio Borges”.
  • El viernes, el TSJ progobierno,  solicitó a Colombia la extradición de la fiscal general exiliada en Colombia Luisa Ortega; ésta a su vez solicitó a la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos que incluya en la lista de sancionados al fiscal Farik Mora, al frente del caso Borges-Requesens.

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