En la semana del 10 al 14 de septiembre, se aprobó un acuerdo que ratifica la usurpación del cargo de procurador general por parte de Reinaldo Muñoz. La Asamblea Nacional advirtió al Gobierno Chino sobre la inconstitucionalidad de cualquier financiamiento que no cuente con la aprobación de la AN. El Parlamento presentó el Índice de Desarrollo Económico: la economía venezolana se contrajo 25% en el primer semestre del año

Leyes, acuerdos y debates en las plenarias de esta semana

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La sesión de la comisión Delegada estuvo presidida por el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Julio César Reyes (AP-Barinas) ya que el presidente Omar Barboza (UNT-Zulia) se encontraba de visita oficial a Italia. Fue la última reunión de la Comisión Delegada, antes del inicio del segundo período ordinario de sesiones que se realizará el martes 18 de septiembre.

El primer punto fue presentado por Juan Miguel Matheus (PJ-Carabobo) quien pidió la aprobación de un acuerdo que ratifica una decisión adoptada por la plenaria en noviembre de 2016, donde se declaró la usurpación del cargo de procurador general por parte del ciudadano Reinaldo Muñoz. Matheus explicó que la usurpación se registra desde 2014, cuando Muñoz fue inconstitucionalmente designado vice contralor general por su predecesor, Manuel Galindo, hoy en día contralor general. Matheus explicó la gravedad de esta irregularidad que tiñe de ilegalidad todas las actuaciones de Muñoz en representación de los intereses del Estado. Los diputados advirtieron a los organismos, empresas y entes nacionales y extranjeros que conforme al artículo 138 de la Constitución todos los actos de Muñoz son nulos, incluyendo financiamientos, endeudamientos, contratos y convenios de interés nacional. Además se ordenó iniciar una investigación para determinar las responsabilidades políticas y penales de las personas que han permitido el desempeño de Muñoz.

Ángel Alvarado (PJ-Miranda) presentó el Índice de Actividad Económica de la AN que se elabora desde 2017 en ausencia de la publicación del PIB por parte del BCV. Alvarado dijo que en el primer semestre de 2018 la economía se contrajo 25 % respecto al mismo lapso de 2017. Y que desde que Maduro llegó a Miraflores en 2013, la contracción ha sido de 50 %. Explicó que la estruendosa caída de la actividad económica es consecuencia de la debacle de la producción petrolera y la depresión de la actividad comercial. Por su parte, Edgar Zambrano (AD-Lara) denunció que el gobierno de Chávez, y ahora el de Maduro, se empeñaron en destruir el salario. A su juicio, la reciente tabla salarial de la administración pública establecida por el Ejecutivo significa la muerte definitiva del poder adquisitivo.

Por último, Jorge Millán (PJ-Caracas) presentó a la Delegada datos que complementan la denuncia formulada la semana previa por Juan Guaidó (VP-Vargas), relacionados con el otorgamiento de campos petroleros a empresas de dudosa reputación y sin autorización de la AN. Dijo que el Contrato Marco del gobierno con dichas empresas viola la Ley de Hidrocarburos en lo relativo a la conformación de las empresas mixtas a través de un subterfugio inconstitucional que entrega la exploración y extracción de crudo bajo una figura inexistente en la ley denominada “prestadores de servicio”. Las empresas que serían beneficiadas por dicha contratación ilegal son: Well Services Cavallino C. A., Petro Kariña C. A., Helios Petroleum Services C. A., Shangdong Kerui Group, Consorcio Rinoca Centauro Karina, Consorcio Petrolero Tomoporo y Veneca. Millán indicó que seguirán trabajando este caso hasta presentar un informe definitivo al país.

 Destacado de la semana

  • Gaby Arellano (VP-Táchira) informó el jueves que el Congreso de Colombia debate una ley para detectar, congelar y recuperar activos producto de la corrupción en Venezuela. Se trata de la Ley de Restauración de la Democracia en Venezuela, impulsada por el senador Rodrigo Lara. “Tiene como objeto capturar todos los recursos provenientes de la corrupción del gobierno de Nicolás Maduro cuyos personeros lavan dinero en gran parte de Latinoamérica”, dijo Arellano. La diputada fue invitada a la segunda sesión de discusión del proyecto surgido a raíz de los Acuerdos de Cúcuta del pasado 1 de junio, cuando países de la región se comprometieron a perseguir los fondos provenientes de la corrupción en Venezuela.

Agresiones a diputados

  • Caso Juan Requesens. Esta semana los abogados del diputado Juan Requesens denunciaron que al preso político se le niega el derecho a la defensa. Al cierre de esta semana Requesens cumplió 38 días detenido inconstitucionalmente y sus defensores no tuvieron acceso al expediente. Tampoco su familia pudo verlo ni hablar con él. Diputados informaron que se organizaron en grupos de guardia en el Helicoide para exigir a diario su libertad. Stalin González (UNT-Caracas) afirmó que desde la AN seguirán “resistiendo y denunciando los atropellos del gobierno de Maduro”. El martes, la comisión de Política Exterior del Senado Italiano se solidarizó con Requesens. El miércoles, diputados de continente asistentes a la Cumbre del Parlaméricas en Canadá exigieron la liberación de su colega preso en Caracas. El jueves, dirigentes y diputados de PJ y otros partidos de oposición acudieron a las 24 sedes de la Defensoría del Pueblo para denunciar la violación de sus derechos humanos. Jorge Millán (PJ-Caracas) denunció que la prisión de Requesens viola el derecho de los venezolanos a ser representados en la AN.
  • Williams Dávila (AD-Mérida) denunció el viernes que funcionarios del Sebin lo siguieron durante su visita al estado Cojedes. El martes Dávila se vio imposibilitado de asistir a la Cumbre de Parlaméricas en Canadá, ente del cual fue electo miembro observador en abril pasado. Como se recordará, el pasaporte de Dávila fue anulado de forma irregular por el Saime en 2017 y la cancillería no le otorgó el pasaporte diplomático al que tiene derecho como diputado. Dávila es beneficiario de una medida cautelar de la CIDH donde se solicita al Estado de Venezuela adoptar las medidas necesarias para este pueda llevar a cabo sus funciones sin amenazas, hostigamientos o actos de violencia.

También fue noticia

  • -El sábado 8, el presidente de la AN, Omar Barboza (UNT-Zulia) fue recibido en audiencia privada por el Papa Francisco en el Vaticano.
  • El domingo 9, Julio Montoya (PJ-Zulia) informó que la AN y el Senado de Argentina trabajarán conjuntamente en la investigación de la trama de corrupción entre los esposos Kirchner y Pdvsa.
  • El lunes 10, Michelle Bachelet se estrenó como Alta Comisionada de DDHH-ONU, denunciando las “graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela”.
  • El Consejo de Seguridad de la ONU sostuvo una reunión bajo el método Arria, sobre el impacto que ha tenido la corrupción del gobierno de Venezuela en la población.
  • Carlos Valero (UNT-Táchira), encargado del seguimiento a los venezolanos presos en Trinidad, dijo que el plan gubernamental “vuelta a la patria” es propaganda.
  • El martes 11, el presidente Barboza se reunió con la comisión de Política Exterior del Congreso Italiano que se solidarizó con la AN y le reconoció como el único Poder Legislativo Legítimo de Venezuela.
  • Franklyn Duarte (Copei-Táchira) denunció que varios GNB amenazaron con arma de fuego al ex alcalde de Michelena, Fernando Andrade, por no tener carnet de la patria para surtir gasolina.
  • La rectora del CNE, Tania D´Amelio informó que 37 partidos entre nacionales, regionales e indígenas fueron validados para participar en las elecciones del 9D.
  • El miércoles 12, José Trujillo (AD-Aragua) señaló que para el mes de agosto se registraron 3,3 millones de niños desnutridos en el país.
  • Delsa Solórzano (UNT-Miranda) asistió a la Cumbre del Parlaméricas y fue designada observadora de la red parlamentaria de Igualdad de Género.
  • Dinora Figuera (PJ-Aragua) y Marialbert Barrios (PJ-Caracas) encabezaron un encuentro de mujeres caraqueñas en el Parlamento, en el que compartieron experiencias para lidiar con la crisis.
  • El Grupo de Trabajo de la OEA para la Crisis Migratoria de Venezuela, encabezado por el dirigente de VP David Smolansky, arribó a Colombia para su primera misión.
  • Marco Aurelio Quiñones (Anzoátegui-VP) denunció que el gobierno venezolano realizó una movilización por tierra de un centenar de milicianos y simpatizantes del PSUV hacia Ecuador para participar en una marcha convocada por Rafael Correa.
  • Carlos Paparoni (PJ-Mérida) denunció que el gobierno gastó 1.500 millones de dólares para importar 27 millones de cajas CLAP en el primer semestre del año, lo cual solo cubre 12 días de suministro: “Si ese dinero se hubiese invertido en producción nacional, habríamos producido 7.600 millones de kilos de comida, que equivale a 8 meses de alimentos para los venezolanos”, dijo.
  • El viernes 14, diputadas de Aragua participaron en la instalación del Frente Amplio de Mujeres en ese estado, que se realizó en la casa parroquial de San Jacinto.
  • El bloque parlamentario 16J realizaron una asamblea de ciudadanos en la Redoma La Fuente de Maracay, Aragua.
  • Juan Pablo Guanipa (PJ-Zulia) participó en una asamblea de ciudadanos en Acarigua, Portuguesa, junto a los dirigentes Alfredo Ramos (Causa R) y Lilian Tintori (VP).

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