Buscamos abrir un camino para análisis pedagógicamente sustentables sobre un asunto capital de la Educación Venezolana: su financiamiento y la manera como puede optimizarse, sin lesionar los principios sustantivos consagrados en la Constitución vigente

(Art 103) y la ya larga tradición de Educación Popular que se resume en la idea de que la educación en este país es un asunto público, obligatorio (para el Estado y las Personas) y que debe ser un servicio social de calidad, desarrollado por la iniciativa estatal, prioritariamente, pero sin desmerecer el concurso de otras iniciativas que concurran a la satisfacción de las necesidades educativas de todos, sin discriminación alguna. En ocasión de hacer una contribución tangible a La comprensión del aspecto educativo cuando se busca instalar un Observatorio en Gasto Público en Venezuela.

Tenemos como premisa teórica metodológica fundamental, que el financiamiento de la educación es inversión cuando se destina al pago de los bienes y servicios pedagógicos que atienden efectivamente los requerimientos de las necesidades de la población, principalmente de los sectores sociales más vulnerables, es gasto, cuando se desvía de las prioridades que establece taxativamente la Constitución, pero que ayudan a mejorar las condiciones secundarias que requiere un sistema escolar de calidad con estándares internacionales. En gasto prescindible, cuando implica sobrecarga burocrática y corrupción. Con ello queremos ayudar cuestionar la idea de que la preocupación por la eficiencia del Gasto Público es un reclamo contra la idea de favorecer los intereses populares en educación, principalmente cuando se trata de optimizarlo y minimizar los desgastes que produce el burocratismo desmedido y la corrupción pura y simple. A la vez que minimizar las posibilidades de que, ante situaciones de apocamiento de la capacidad fiscal para financiar la educación y el estrechamiento de las posibilidades de la iniciativa no oficial, se desarrollen prácticas que atenten contra la responsabilidad social del Estado y los privados, frente a la educación que merecemos los venezolanos. Y se atente contra se condición histórica de promotora de ciudadanía, cohesión social y prosperidad personal y comunal, así como oportunidad racional y bien financiada para el ascenso social, sin discriminación alguna derivada de raza, credo, sexualidad y condición social.