Se ha hecho costumbre para el gobierno trasladar los costos de sus políticas públicas a los privados, mientras el ingreso que recauda el estado no se sabe a dónde va.

Ejemplo de ello es la reciente Ley de Protección de las Pensiones de Seguridad Social frente al bloqueo Imperialista, donde se crea una contribución especial a las personas jurídicas privadas de hasta  un máximo de 9% sobre el valor de todos los pagos a los trabajadores activos, por  concepto de salario y bonificaciones no salariales, nunca por debajo del salario mínimo.

Ante la situación deficitaria de la Administración Publica, con claro sentido discriminatorio y haciendo caso omiso a los objetivos declarados de la nueva en la ley, se aplica únicamente al sector privado, obviando el peso del empleo del sector público, asi como también de los esfuerzos privados  en atender a necesidades  previsionales de sus trabajadores.

La recaudación impuesta por esta ley es otro tributo que será recaudado por el Seniat y aunque plantea que es para garantizar pensiones a los trabajadores, se desvían al tesoro nacional y no se aportan directamente al IVSS, que es el ente encargado de la seguridad social. Las sanciones previstas a una falta de la declaración a este nuevo impuesto son por demás proporcionadas: 1000 veces el tipo de cambio de la moneda extranjera mas alta publicada por el BCV, lo que anima al abuso con fines contributivos. Finalmente delega en el Presidente de la Republica la facultad de establecer tasas de contribución, asi como de exonerar a determinadas personas jurídicas.

Entre los efectos negativos que se esperan de la medida, se estima un fuerte impacto en los costos y el flujo de caja de las empresas privadas que operan en el país, equivalente a un incremento promedio de sus nóminas en un 10%, lo que provocaría además una fuerte restricción para la contratación de nuevos empleados, evitando la necesaria formalización del trabajo en el país y profundizando la pérdida de competitividad internacional.

Mas allá de los objetivos declarados esta Ley no apunta proteger el bienestar de los trabajadores, sino todo lo contrario, hay que reflexionar  sobre   el problema de fondo y es que el sistema de pensiones de reparto y tributos de este tipo, rompen con  el importante vínculo entre  esfuerzo y recompensa, entre contribuciones y beneficios y eso destruye los incentivos correctos, como apunta José Piñera creador del sistema de Capitalización individual chileno, ya que la solución con este sistema es permitirle a los trabajadores  acumular capital con sus aportes personales en cuentas de ahorro previsional. Así se restablece el vinculo entre escuerzo y competencia que es la base de la misma, esto anclado en al propiedad de los ahorros para la vejez, la libertad y responsabilidad individual.