“Dos décadas de amplia corrupción son uno de los principales motores de la actual crisis humanitaria en Venezuela, que ha sufrido un importante descenso en el IPC, con una caída de cinco puntos desde 2013” — CPI 2020: Americas

Mientras la corrupción no es un fenómeno reciente, el interés público global por el flagelo es creciente; entre otras razones porque las denuncias y escándalos asociadas a actos de corrupción se dan en todos los confines, en todos los sectores y con demasiada frecuencia, lo que lleva a considerarla un problema endémico.

Más allá del problema ético subyacente –nada baladí-, que algunos catalogan como resultado de la debilidad humana; y otros, como respuesta a incentivos perversos, la corrupción se convierte en un escollo al desarrollo. De ahí que combatir la corrupción haya sido considerado esencial para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y para hacer seguimiento a los esfuerzos en el logro de un objetivo, resulta sumamente útil contar con una medición.

Esta semana, Transparencia Internacional presentó la edición 2021 del Índice de Percepción de la Corrupción, que clasifica a los países/territorios en función del grado de corrupción que se percibe en el sector público de un país. Se trata de un índice compuesto, que se basa en datos relacionados con la corrupción, procedentes de encuestas a expertos y empresas realizadas por diversas instituciones independientes y de reconocido prestigio, recogiendo las opiniones informadas de analistas, empresarios y expertos de países de todo el mundo sobre el grado de corrupción de sus sectores públicos. El Índice de Percepción de la Corrupción oscila entre 0-100 donde 0 significa que un país es percibido como muy corrupto y 100 significa que es percibido como muy limpio.

Vale señalar que el Índice de Percepción de la Corrupción no recoge aspectos asociados con el secreto financiero y la legitimación de capitales, ni el papel del sector privado en favorecer a los corruptos ocultar y disfrutar con seguridad del producto de sus delitos; los cuales se han convertido en problemas medulares de nuestra sociedad contemporánea, que exige enfoques innovadores y esfuerzos mancomunados para ser enfrentados.

El desempeño de Venezuela en este índice es lamentable: con un puntaje de 14/100, ocupa el puesto 177/189 globalmente, superando únicamente a Siria, Somalia y Sudán del Sur, y el último puesto en nuestra región, triste sitial que ocupa desde el 2014, seguida por Haití y Nicaragua. Tal y como indica el portal de Transparencia Internacional sobre Venezuela:

… En países como Brasil (38), Venezuela (14), El Salvador (34) y Guatemala (25), los gobiernos utilizaron la intimidación, la difamación, las noticias falsas y los ataques directos contra las organizaciones de la sociedad civil, los periodistas y los activistas -incluidos los que luchan contra la corrupción- como forma de desacreditar y silenciar a los críticos.

… La corrupción generalizada ha dado lugar a graves violaciones de los derechos sociales, incluido el acceso a la educación, la sanidad y la alimentación. El sistema judicial se ha convertido en un instrumento de represión contra disidentes y críticos. En los últimos años han aumentado los presos políticos, las detenciones arbitrarias y las restricciones a las libertades fundamentales. El bloqueo del acceso a la información pública, la falta de responsabilidad de los organismos estatales y la ausencia de un sistema judicial independiente crean un entorno en el que las violaciones de los derechos humanos pasan desapercibidas y quedan impunes.

Otro elemento que destaca el informe es como las medidas tomadas para atender la pandemia significaron también restricciones a los derechos civiles, los cuales en sociedades con institucionalidad débil, redujeron aún más los espacios de la sociedad civil y fomentaron la concentración del poder, favoreciendo casos de corrupción.