En la Venezuela de la década de los ochenta, tomó fuerza el proceso de descentralización gracias a los acuerdo de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE), siendo que en 1989 se celebraron los primeros comicios directos para gobernadores y alcaldes. En 1990 se aprobó la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público (LODDT), dirigida a fortalecer las capacidades institucionales y financieros de los Estados y municipios.

Si alguna virtud hubiere de destacarse de estos procesos es su capacidad de minimizar la distancia entre los asuntos de la vida pública y el poder de los ciudadanos para decidir sobre ellos, gestionado por poderes públicos territoriales. Asimismo, como ha sido evidenciado en diversos estudios, un adecuado proceso de descentralización permite fortalecer el Estado, dinamizar el mercado y cimentar una ciudadanía activa y favorecedora de su desarrollo.

Desde aquel impulso inicial del proceso de descentralización, muchos han sido los cambios legales, económicos y socio-políticos sufridos en el país que, en este tema, pueden ser calificados de involutivos, pues el peso del modelo político-ideológico del Socialismo del Siglo XXI ha llevado a revertir los avances alcanzados y este siglo es más bien testigo de un proceso de re-centralización.