Como todos los años desde que el régimen lo preside Nicolás Maduro, el presupuesto venezolano es una caja negra llena de misterios y despropósitos. La información limitada con la que se cuenta nos muestra una propuesta presupuestaria que no tiene premisas macroeconómicas claras ni realistas, que proyecten la situación del entorno eficientemente y ni siquiera identifica con claridad el origen de los fondos requeridos para atender los gastos planteados. Otro presupuesto opaco e irreal que evidencia por qué el país se encuentra en los últimos lugares en todos los indicadores de gobernanza y corrupción.

La Ley de Presupuesto 2023 asciende a un valor de Bs 170.703.832.051 (USD 14.392,27 millones según el tipo de cambio oficial del 7 de diciembre), pero por la velocidad de depreciación del tipo de cambio libre, es claro que aunque parezca que este presupuesto con respecto al 2022 se expande en casi 7% (USD 13.457 millones) en realidad probablemente estará significativamente por debajo del año anterior en términos nominales en divisa, y ni se diga en términos reales.

De acuerdo a este presupuesto, para el año 2023 el gobierno tiene previsto obtener ingresos por el orden de Bs 149.823.322.097 (USD 12.631,81 millones), de los cuales la mayor parte no tienen clara fuente, siendo que el rubro Ingresos Extraordinarios representa el 72.3% (USD 9.135,86 millones) de los ingresos totales, observándose además nuevamente la centralización del poder o la falta de división de los poderes, porque el 97,48% del gasto será ejecutado por el Poder Ejecutivo.

El gasto se financiará en un 28% de fuentes ordinarias, unos Bs. 41.464.632.655 (USD 3.495,94 millones), de ellos, el 46% proviene de la recaudación del IVA, el 17% del ISLR, el 15% por vía IGTF y 5% por las regalías de explotación del oro. Los ingresos fiscales extraordinarios provenientes del petróleo ascienden 72% (Bs. 108.358.689.442). No queda clara porqué la fuente prevista de los denominados ingresos extraordinarios provienen del petróleo, aunque ha de suponerse que en gran parte deriven de eventuales incrementos en la producción y exportación del sector petrolero, y que como en la práctica del período 2004-2013 al ser extraordinarios serán manejados directamente por el Ejecutivo, sin atender la relación de distribución presupuestaria.

Por otra parte, el gasto militar representa el 6,4% de los gastos presupuestarios, un porcentaje mayor al que representa toda la asignación del poder legislativo o judicial. En esta ocasión el Ministerio de Defensa podrá obtener ingresos de las Zonas Económicas Militares que están bajo control de las FAN desde el año 2019, a través del alquiler de estos espacios a inversionistas nacionales y extranjeros. Cabe destacar, que entre estas Zonas Económicas Especiales se encuentra la Zona Económica Especial Militar de Desarrollo Forestal (Zeemdef) que abarca buena parte del arco minero venezolano, lo que significa un alto costo ambiental al profundizar la explotación de recursos mineros en un área de  biodiversidad.

Este presupuesto opaco al no  explicitar las premisas macroeconómicas, impide un seguimiento formal de la ejecución presupuestaria, así como obstaculiza contar con una justificación técnica a las desviaciones que se puedan presentar durante el 2023. El presupuesto además no respeta el situado constitucional legal, pues destina 8.292 millones de bolívares a las regiones (unos 719,2 millones de dólares), cuando debería ser el 20% de los ingresos ordinarios del presupuesto, pero en esta ocasión se subestimaron los ingresos ordinarios para no dar el aporte exigido a las regiones en el texto constitucional. Se esperaría aumentar el aporte a los proyectos de mantenimiento y mejoras de los servicios públicos, así como realizarse técnicamente bien y tener mecanismos transparentes de rendición de cuentas, pero esta versión de presupuesto es una experiencia más de oscurantismo que no cumple con las necesidades de la ciudadanía. Otra deuda más que tiene el régimen con los venezolanos.