Es común observar diversos esfuerzos dirigidos a fomentar el emprendimiento en Venezuela. Después de todo, la economía es una de las áreas más afectadas en la nación suramericana durante las últimas décadas. Con una industria petrolera en declive, políticas estatistas, controles, regulaciones y una falta de seguridad jurídica, no es sorprendente que el tejido empresarial del país se haya deteriorado significativamente.

Así, el emprendimiento surge como una necesidad imperante. La población requiere buscar formas de subsistencia y complementar sus ingresos. Esto recuerda al pequeño artesano de la época colonial, quien, carente de escala y poder, vendía lo poco que producía o utilizaba su creatividad para sobrevivir día a día. Sin embargo, un tema aparte es analizar hasta qué punto estos emprendimientos pueden escalar y, más importante aún, si dicha escalabilidad puede traducirse en un crecimiento económico sostenido para el país. No basta con que una economía se mueva únicamente por iniciativas como cadenas de repostería que logran expandirse a nivel nacional, por más loables y respetables que sean estos esfuerzos.

En este contexto, en otros espacios he planteado opciones para que Venezuela pueda paliar su situación económica. Una de mis ideas centrales es que la mejor manera para que los venezolanos generen ingresos y tengan éxito en el país es, paradójicamente, depender lo menos posible de las variables endógenas para el desarrollo de sus negocios. He sugerido, por ejemplo, el outsourcing tecnológico, tomando como referencia los casos de éxito de países como Filipinas e India. Esta estrategia permitiría aprovechar el talento venezolano en áreas como la computación, el software y la informática, campos en los que existe una gran capacidad y calidad.

En las últimas dos semanas, he reflexionado sobre cómo esta misma premisa podría aplicarse a otra área de la economía: el turismo de salud. De manera anecdótica, he escuchado a personas cercanas destacar los precios competitivos de la salud privada en Venezuela. Mientras que una persona residente en Florida me comentó que una limpieza dental básica en Miami le costaba entre 100 y 150 dólares (pudiendo ser más dependiendo de la complejidad), en Caracas podía obtener el mismo servicio por un rango de 50 a 70 dólares estadounidenses.

Por ejemplo, el costo de un aumento de senos con implantes puede oscilar entre 3.500 y 7.000 dólares en Panamá, mientras que en Florida, de manera conservadora, el precio podría situarse entre 6.000 y 12.000 dólares. En cambio, Venezuela ofrece estos procedimientos por un tercio de ese valor. Este mismo razonamiento podría aplicarse a una amplia variedad de tratamientos médicos y procedimientos estéticos.

Por supuesto, habrá quienes argumenten que esto implica considerar los costos logísticos y los riesgos asociados con viajar a Venezuela para someterse a estos tratamientos. Sin duda, el aislamiento internacional del país no facilita las cosas. Además, es fundamental reforzar la seguridad jurídica. Sin embargo, no debemos perder de vista la premisa principal: Venezuela cuenta con talento humano y capacidad instalada para convertirse en un hub de turismo médico.

Precisamente por ello, existe una opción adicional. Si el paciente no está dispuesto a viajar a Venezuela, podría explorarse la posibilidad de que el médico tratante se desplace a otro país para atenderlo (siempre y cuando se cumplan las regulaciones que permitan ejercer la medicina en dicha jurisdicción). Para ello, podrían establecerse acuerdos con países que requieran profesionales de la salud y estén dispuestos a facilitar la llegada de médicos venezolanos. Por ejemplo, se podría utilizar como centro de operaciones alguna isla del Caribe, como Curazao, que necesite médicos, esté cerca de Venezuela y ofrezca un entorno seguro tanto para los pacientes como para los profesionales.

Esta es solo otra idea que quisiera poner sobre la mesa para el debate. Es frecuente escuchar sobre la fuga de talento en el campo de la medicina en Venezuela, y este tipo de iniciativas podrían revertir, o al menos mitigar, este fenómeno. Sin embargo, para lograrlo, se requiere una mayor inversión de capital privado en el país, incluyendo el sector salud.

Finalmente, es necesario hacer una aclaratoria importante. Esta propuesta no debe interpretarse como una actitud indiferente hacia el estado de la salud pública en Venezuela, situación que afecta a la mayoría de la población. Este es un tema que debe abordarse con la urgencia y la importancia que merece. Sin embargo, creemos que esta discusión tiene dos aristas que escapan al alcance de esta reflexión. Por un lado, está el ámbito de las políticas públicas, y por otro, la estructura misma del sistema de salud público del país. Ambos aspectos requieren una reformulación profunda, en la que el sector privado también podría contribuir de manera significativa. Esta, sin duda, es una discusión pendiente.