La economía de Venezuela en 2021 dista mucho de la de 2018. Las flexibilizaciones de los controles durante este período de tres años llevaron a que ahora el dólar lidere las transacciones comerciales en el país; que las operaciones cambiarias y los tipos de cambio libres no estén prohibidos ni sean penalizados; que los anaqueles estén colmados de una importante variedad de productos, nacionales e importados, no vista en los últimos siete años de recesión; y que prácticamente ninguno de estos sean ofrecidos en bolívares.
Sin duda un panorama completamente distinto al de tres años atrás, cuando el país enfrentaba tasas de hiperinflación mensuales superiores al 100%, escaseaban productos básicos, la única manera de conseguir una Harina PAN era donde se encontraran bachaqueros y el gobierno llevaba a cabo masivas fiscalizaciones que agravaron el desabastecimiento, alimentaron la informalidad y aceleraron el cierre de empresas. Hoy hay 1.087 industrias menos que en 2018, cuando había en el país unos 3.208 establecimientos industriales, de acuerdo con el registro de Conindustria.
La abogada y profesora universitaria Andrea Rondón García, directora del Comité del Observatorio de Derechos de Propiedad de la asociación civil Cedice Libertad, se ha dedicado a estudiar lo que denomina la «política sistemática de destrucción de la propiedad privada» implementada por el chavismo que llevó al país a sufrir la actual crisis humanitaria, que forzó a más de cinco millones y medio de venezolanos a abandonar su país, el mayor éxodo en la historia reciente de la región y una de las mayores crisis de desplazados en el mundo, de acuerdo con la Acnur.
A propósito de las recientes medidas contra las cadenas Farmatodo, Excelsior Gama y Beco, TalCual conversó con Rondón, también directora académica del Instituto Ludwig von Mises Venezuela, quien afirma que el país está en una nueva etapa de la política de controles contra los pequeños espacios que subsisten tras dos décadas de regulaciones y persecuciones y siete años de recesión.
– ¿Qué es el control de precios?
– Cuando se aplican controles se crea un elemento artificial en la dinámica fluida entre la oferta y la demanda, el cual genera obstáculos en el mercado que hará que el empresario no pueda fijar libremente el precio y que tome la decisión de dejar de ofrecer el producto o servicio porque nadie quiere producir a pérdida. Y los que deciden seguir ofreciendo sus productos no saben hasta cuándo podrán aguantar trabajando de esta manera, además de que nuestro control de precios fija también un límite para las ganancias.
Si pones y fijas precios la oferta no sabrá cuál es el producto que la demanda necesita ni hacia dónde debería enfocar su producción. El demandante, por su parte, sufrirá escasez y ante la poca oferta no tendrá el derecho a decidir dónde y qué comprar. Por tanto, el control de precios es una grotesca sustitución por parte del Estado de la voluntad y de nuestra toma de decisiones.
– Dice que estamos en una nueva etapa de la política de controles. ¿En qué consiste esta nueva fase?
– Estamos viviendo una nueva etapa de arremetida contra la propiedad privada. El gobierno no ha tenido la intención de eliminar los controles, siempre han estado presentes, lo que está haciendo ahora es cambiar un poco la intensidad de acuerdo con sus necesidades y el contexto económico. Hoy estamos en una dolarización caótica de facto, no pensada, en la que no existe una disponibilidad suficiente de divisas para dar vuelto, lo que hizo que empresas como Beco y Excelsior Gama buscaran sus alternativas perfectamente legítimas. Pero el régimen no lo aceptó y estos establecimientos fueron víctimas.
Digo también nueva etapa porque hay que agregarle la ley antibloqueo, que permite «privatizaciones» entre comillas, porque en realidad no lo son. Que pasen de lo público a lo privado no las hacen privatizaciones. No son procesos transparentes, todo lo contrario, son completamente opacos. No sabes en manos de quién va ni si son los más idóneos.
Según la Ley de Privatización y la cultura de privatizaciones que teníamos en las décadas de los 80 y los 90, la idea es que se contrate a quien mejor pueda prestar los servicios que se estén ofertando desde el sector público. Eso ahora no lo sabemos y seguramente no se reflejará en verdaderos cambios estructurales, sino simple y llanamente en beneficios para los aliados comerciales y políticos del régimen. Solo eso.
La política y la intención de destrucción siempre han estado presente, nunca se han derogado estas medidas. Tampoco han dejado de crear «instrumentos legales» para avanzar en este ataque contra la propiedad. La ley antibloqueo dictada por la ilegítima asamblea constituyente es el ejemplo reciente, además de decretos presidenciales. Con la ley antibloqueo se dan herramientas que permiten desaplicar las pocas leyes que nos protegían en nuestros derechos y libertades y negociar activos del Estado, incluso empresas que han sido expoliadas, de forma secreta y reservada. No tiene que pasar por la autorización de la Asamblea Nacional, con lo cual la transparencia, característica propia de estos procesos, se elimina.
La ley antibloqueo es un statement (declaración) de que no van a dar un paso atrás en lo que han hecho y que van a continuar en esta política que ahora tiene otra apariencia, la apariencia de bodegones. No son cambios estructurales en el fondo
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