Nadie duda de la importancia que tiene replantearse el futuro de Venezuela. Al final, seamos empresarios, consultores, profesionales o civiles que transitamos por el rayado, tenemos la aspiración de seguir acá, de hacer vida en el país. Y por ello, la pregunta de hacia dónde vamos y cuál es nuestro destino marca una premisa de obligatoria reflexión.
Reflexionar sobre el país, sin embargo, se ha vuelto peligroso. Especialmente si nos decantamos por el tema político. Pero incluso se pueden sufrir consecuencias al analizar variables macroeconómicas. Hablar de indicadores clave de la economía moderna —como la inflación o el tipo de cambio— también pudiera traer consecuencias. Por ello, no son pocos los que optan por la autocensura o, dicho de una forma más elegante, por la omisión de ciertos temas y variables.
En las últimas semanas, por motivos académicos, he estado leyendo mucha literatura relativa a la economía institucional. Específicamente, estoy leyendo a clásicos como Douglas North o Ronald Coase, así como a autores como Avner Greif y Deirdre McCloskey. Me he interesado en sus trabajos porque, básicamente, todos ellos llegan a una conclusión que puede parecer evidente, pero que no por ello es menos relevante: la economía no se trata solo de modelos y variables, sino también de una serie de elementos exógenos que no siempre se toman en cuenta para entender las realidades de los intercambios económicos entre los seres humanos.
Así, North y compañía destacan una y otra vez la importancia de temas como las reglas formales e informales, la teoría del Estado, los derechos de propiedad, entre otros, como elementos clave para el desarrollo de las naciones y la superación de la pobreza. Sus trabajos lo demuestran reiteradamente, hasta convertir esas premisas en una suerte de argumentos universales.
Me preocupa, sin embargo, que cuando llevo estas premisas al caso venezolano, el panorama luce poco prometedor. Pareciera que no hay un corpus mínimo ni un esfuerzo sostenido para sustentar el desarrollo institucional del país. Por supuesto, el tema es político. Pero también es social. Porque incluso las propias organizaciones privadas —empezando por gremios y empresas— han entrado en un proceso de desbandada, en el que impera una suerte de “sálvese quien pueda”, sin solución de continuidad ni perspectiva de futuro.
Es previsible, y hasta comprensible, que en función del miedo y de la realidad que se vive, la desbandada sea cada día más plausible. ¿Cómo pedirle a los empresarios que no busquen incentivos perversos, si es evidente que no existen visiones plausibles de cambio? Es un juego de supervivencia y de oportunismo. Pero, al final, me pregunto cómo nos juzgará la historia dentro de algunos años: si habremos hecho lo correcto o si pudimos haber hecho más. Si dimos todo o no. Y, sobre todo, si es posible crear nuevos marcos institucionales para el país, ¿cuáles serán sus costos transaccionales y cuánto tiempo nos llevará?
¿El Finis Patriae de Ídolos rotos fue una advertencia certera ya en 1901, o estaba equivocado el artista? El tiempo lo dirá.
