Venezuela atraviesa un proceso inédito. A veces tengo la impresión de que la discusión sobre su futuro se divide entre dos posiciones. Una sostiene que la transformación política es urgente: elecciones libres y el reconocimiento de una autoridad democrática. La otra admite que ese cambio es necesario, pero cree que el país puede avanzar en el corto y mediano plazo sin que ocurra de inmediato.
Entiendo la frustración de quienes rechazan esta segunda postura. Después del 3 de enero, muchos esperaban otros tiempos, otras decisiones y otros protagonistas. La ciudadanía tiene razones para sentirse defraudada. Sin embargo, me inquieta que depositemos en unas elecciones la promesa de resolver problemas que tardaron décadas en formarse.
Un gobierno elegido libremente no hará que, por arte de magia, aumenten los salarios, ceda la inflación, se estabilice el tipo de cambio o vuelvan a funcionar los liceos, los hospitales, la electricidad y el agua. La democracia puede abrir el camino para reconstruir el país. Pero recorrer este camino exigirá instituciones, capacidad de gestión, recursos y tiempo. Sobrevender los efectos inmediatos de la democracia corre el riesgo de preparar una nueva decepción y, quizá, facilitar el retorno del chavismo por la vía electoral.
Eso no reduce la importancia de la legitimidad democrática. Una autoridad con respaldo ciudadano tendría mejores condiciones para impulsar tareas que Venezuela no puede seguir postergando: justicia, fin de la impunidad, reparación a las víctimas y una convivencia menos marcada por el miedo. También podría ofrecer mayor certidumbre para acuerdos e inversiones de largo plazo. Nada de ello garantiza estabilidad automática, pero sería un punto de partida distinto.
Mi preocupación alcanza también a una parte de la dirigencia opositora. Hay figuras para las que acceder al poder parece ser, además de un objetivo político, una condición para sostener su propia estructura y visibilidad. La lógica del video permanente en TikTok e Instagram y la búsqueda de renta pueden desplazar la pregunta esencial: ¿Con qué equipos, acuerdos y prioridades se gobernaría el día después? Señalarlo no equivale a descalificar a toda la oposición ni a relativizar la responsabilidad del chavismo, que hará cuanto pueda para conservar el poder.
Mientras tanto, fuera del país parece imponerse una lectura más pragmática. Pese al escepticismo que suscita Delcy Rodríguez y su interinato, distintos actores han optado por hablar con las autoridades que hoy ejercen el poder. La apuesta implícita parece ser que los acuerdos iniciados ahora podrán tener continuidad cuando exista otro gobierno. Ese cálculo aparece incluso entre quienes, por afinidad ideológica, difícilmente se identificarían con el chavismo.
El pragmatismo, sin embargo, también tiene un límite. Negociar con las autoridades de facto no debería convertir en indefinida la espera por autoridades electas. Y exigir elecciones no debería eximir a nadie de explicar cómo piensa reconstruir los servicios, estabilizar la economía y responder a las víctimas. Ambas exigencias pueden -y deben- sostenerse a la vez.
Nada de lo ocurrido desde enero se explica sin la intervención y el involucramiento de Estados Unidos. El desenlace, y también sus tiempos, dependerán en buena medida de las decisiones de Washington. Reconocerlo no significa negar la importancia de los venezolanos. Significa admitir que, hasta ahora, la sociedad venezolana por sí sola no ha contado con la fuerza ni con las herramientas necesarias para producir un cambio de esta magnitud.
Tal vez ahí esté una parte de nuestro desencanto. Esperamos que un acontecimiento extraordinario resuelva una crisis ordinaria en sus efectos, pero profunda en sus causas. Venezuela necesita elecciones libres. Pero necesita, además, una conversación honesta sobre lo que vendrá después de ellas. Tema que a menudo pasa al olvido.
