La preocupación de Richard Posner sobre el uso de la regulación como un mecanismo de imposición encubierta resulta especialmente pertinente para entender el debate venezolano contemporáneo sobre la desregulación de sectores con tarifas discrecionales, en particular los servicios de red como electricidad, agua, telecomunicaciones y gas. Posner advertía que, en la práctica, la regulación no siempre persigue la eficiencia económica ni la corrección de fallas de mercado, sino que con frecuencia opera como un sistema tributario paralelo que redistribuye recursos entre grupos de usuarios sin pasar por los mecanismos formales del presupuesto público. Esta idea, que él denominó “taxation by regulation”, describe con precisión lo que ocurre cuando las tarifas se fijan por debajo de los costos reales, cuando se imponen obligaciones de servicio sin financiamiento explícito o cuando se mantienen esquemas de precios artificiales que benefician a ciertos sectores a costa de la sostenibilidad del sistema.
En Venezuela, esta dinámica se ha vuelto estructural. Los sectores económicos que hoy reclaman desregulación no buscan preservar la intervención estatal ni las tarifas discrecionales, sino liberarse de un régimen regulatorio que ha funcionado como un impuesto oculto sobre la inversión y la calidad del servicio. Las tarifas no remunerativas en electricidad, agua, telecomunicaciones o gas no son simplemente errores técnicos: son instrumentos redistributivos que trasladan recursos desde los operadores —públicos o privados— hacia grupos específicos de usuarios o industrias consideradas “estratégicas”. Este tipo de regulación, como señalaba Posner, solo puede sostenerse mediante el poder del Estado para impedir la entrada de competidores, obligar a servir mercados no rentables y mantener precios falsos que no reflejan los costos reales. La regulación deja de ser un mecanismo para mejorar la eficiencia y se convierte en una forma de gasto público encubierto, donde los subsidios no aparecen en el presupuesto, sino escondidos en las tarifas.
Esto es evidente en el conjunto de los servicios de red venezolanos —electricidad, agua, telecomunicaciones y gas— donde la infraestructura opera de manera crónicamente deteriorada, con plantas y sistemas funcionando muy por debajo de su capacidad instalada y con pérdidas significativas de insumos y calidad de servicio por falta de inversión y de incentivos económicos para mantenerlos. La discrecionalidad tarifaria, presentada durante años como un mecanismo de protección social, ha terminado convirtiéndose en un impuesto regresivo que afecta a todos los usuarios al destruir la sostenibilidad técnica y financiera de estos sectores esenciales.
Por eso, cuando los sectores económicos venezolanos reclaman “desregular” el mercado del gas o de otros servicios de red, lo que realmente están denunciando es el uso de la regulación como instrumento impositivo. La desregulación que demandan no es una eliminación de reglas, sino una eliminación de la fiscalidad encubierta que impone tarifas artificiales y subsidios cruzados opacos. Sin embargo, la solución no es simplemente liberalizar, sino re‑regular: rediseñar el modelo regulatorio económico para que la regulación recupere su objetivo de eficiencia, establezca tarifas basadas en costos, garantice acceso abierto donde sea posible y transparente cualquier política redistributiva mediante el presupuesto público y no mediante tarifas manipuladas.
Este proceso exige una discusión técnica seria entre expertos en regulación económica, ingeniería de redes, economía energética y política pública. La literatura regulatoria coincide en que la sostenibilidad de los servicios de red depende tanto de la eficiencia económica como de la fortaleza institucional. La regulación debe ser capaz de evitar la captura por parte de grupos organizados, de impedir que los subsidios internos destruyan la inversión y de garantizar que cualquier redistribución se haga de manera explícita, transparente y financieramente sostenible. En Venezuela, donde la regulación ha sido utilizada durante décadas como un mecanismo de imposición encubierta, esta re‑regulación es indispensable para reconstruir sectores que hoy operan en condiciones críticas.
La advertencia de Posner es clara: cuando la regulación se utiliza para fines redistributivos sin transparencia ni control democrático, termina destruyendo la eficiencia y el bienestar social que supuestamente busca proteger. En Venezuela, denunciar esta práctica es el primer paso para reformar sectores que han sido utilizados como instrumentos fiscales opacos y para avanzar hacia un modelo regulatorio que permita la inversión, la sostenibilidad y la calidad del servicio. La desregulación, entendida correctamente, no es la eliminación de reglas, sino la eliminación de la fiscalidad encubierta que ha distorsionado los servicios de red y la construcción de un marco regulatorio que funcione en favor del país y de sus ciudadanos.
Enrique González.
Economista UCV. Profesor de Microeconomía, Política de Precios y Modelos de Negocio en la Economía Digital, ESIC Business & Marketing School.
