La transferencia de activos públicos al sector privado es un proceso que exige rigor técnico, diseño institucional y una arquitectura regulatoria capaz de garantizar eficiencia y competencia. Desde la microeconomía y la teoría de la regulación, privatizar no consiste en desprenderse de activos, sino en estructurar mecanismos que permitan maximizar el bienestar social y evitar la captura de rentas por grupos de interés. En Venezuela, este debate se desarrolla en el marco de la Comisión para la Evaluación y Clasificación de Activos Públicos, presidida por Delcy Rodríguez y con participación del sector privado a través de Luigi Pisella, además de la Procuraduría General de la República, responsable de los aspectos jurídicos del proceso. La comisión evalúa más de 350 activos estatales y contempla distintos modelos de participación privada, desde subastas públicas hasta esquemas bursátiles y acuerdos directos.
El proceso anunciado tendría entre uno de sus objetivos reconocer que existen “activos estratégicos” cuya titularidad debe mantenerse en manos del Estado. Sin embargo, ante la falta de una definición clara y de un contenido operativo sobre qué debe considerarse “estratégico”, un bien social que siempre debería ser tutelado en materia económica es la eficiencia económica y la eficiencia de los prestadores de servicios. Para los activos no estratégicos, la eficiencia ex ante depende de mecanismos que revelen información, reduzcan asimetrías y permitan que los precios de transferencia reflejen el valor económico real. La eficiencia ex post, por su parte, exige marcos regulatorios que garanticen calidad, cobertura y precios consistentes con la protección del excedente del consumidor.
La diversidad de mecanismos abre la posibilidad de diseñar procedimientos que maximicen la competencia por el mercado. Mientras más amplia sea la convocatoria de las subastas, mayor será la presión competitiva entre los participantes, lo que incrementa la probabilidad de que el Estado capture un valor más elevado por los activos y, simultáneamente, se amplíe el perfil competitivo de las empresas que presenten posturas. Este principio es consistente con la teoría de subastas y con la literatura de competencia por el mercado, donde la amplitud de participación reduce la probabilidad de colusión y aumenta la eficiencia asignativa. La competencia por el mercado, cuando se diseña adecuadamente, puede sustituir la competencia dentro del mercado en sectores donde esta última es limitada o inexistente.
La participación de consumidores, usuarios y academia es esencial para garantizar que el proceso se oriente hacia la maximización del bienestar social. La teoría regulatoria moderna enfatiza que la protección del excedente del consumidor es el criterio central para evaluar la eficiencia de cualquier proceso de privatización. La presencia de estos actores permite analizar efectos sobre precios, calidad y cobertura, y contribuye a evitar la captura del proceso por grupos con poder de mercado. Asimismo, la participación de expertos en economía industrial, competencia y regulación económica es indispensable para diseñar mecanismos que reduzcan riesgos de concentración, abuso de posición dominante y asignaciones ineficientes. La supervisión técnica especializada es clave para garantizar eficiencia ex ante —en el diseño de los mecanismos de transferencia— y eficiencia ex post —en la operación de los mercados resultantes—.
El proceso también contempla la posibilidad de utilizar la Bolsa de Valores de Caracas como plataforma para ampliar la base de inversionistas y facilitar la participación de capital nacional. Este enfoque puede ser útil para ciertos activos, aunque su efectividad dependerá del diseño regulatorio y de la capacidad de garantizar transparencia y reglas claras. El mecanismo bursátil, aun cuando atractivo desde la perspectiva de democratización del capital y ampliación del acceso a la inversión, puede generar tensiones en materia de incentivos. Fondos de inversión y actores institucionales suelen requerir participación mayoritaria para comprometer recursos significativos, de modo que una estructura accionaria demasiado atomizada podría reducir su disposición a invertir. Sin embargo, este mismo mecanismo podría facilitar que un inversionista adquiera la participación mínima necesaria para ejercer control, complementando su posición con otros inversionistas que completen la inversión agregada. Este equilibrio entre democratización y control es un aspecto técnico relevante en el diseño de mecanismos de transferencia de activos.
La privatización de la gestión y administración de activos o servicios —sin transferencia de propiedad— constituye otra modalidad relevante dentro del abanico de mecanismos disponibles. Este enfoque, articulado mediante esquemas de procurement o procura, cuenta con amplio respaldo en la literatura de regulación económica, especialmente en sectores donde la competencia dentro del mercado es limitada pero la competencia por el mercado puede diseñarse de manera eficiente. No obstante, las alianzas en las que el Estado conserva la propiedad absoluta suelen generar incentivos insuficientes para atraer capital privado, ya que los inversionistas institucionales y los fondos especializados tienden a requerir algún grado de control residual para comprometer recursos significativos. Este punto coincide con la teoría de incentivos y con la literatura de contratos incompletos, donde la asignación de derechos de propiedad y la posibilidad de influir en la gestión afectan directamente la inversión y la eficiencia. Al mismo tiempo, los mecanismos de procura pueden facilitar configuraciones híbridas en las que un operador privado adquiere la participación mínima necesaria para ejercer control operativo, complementando su posición con otros inversionistas que completan la inversión agregada. Este equilibrio entre control, incentivos y eficiencia es central en el diseño de esquemas de gestión privatizada que busquen maximizar el bienestar social sin renunciar a la titularidad pública de los activos.
El proceso enfrenta además restricciones institucionales y macroeconómicas. La necesidad de reformas legales, incluyendo legislación laboral, se menciona explícitamente en el artículo, así como la importancia de garantizar condiciones para la inversión, acceso a financiamiento y estabilidad macroeconómica. Estos elementos son fundamentales para que los mecanismos de privatización funcionen adecuadamente y para que los inversionistas puedan operar sin fricciones excesivas.
En conjunto, la privatización de activos públicos en Venezuela debe entenderse como un proceso técnico que requiere diseño institucional, participación amplia y supervisión especializada. La eficiencia ex ante depende de mecanismos competitivos, especialmente subastas con amplia convocatoria, mientras que la eficiencia ex post exige regulación económica competente y monitoreo continuo. La participación de consumidores, academia y expertos en economía industrial es indispensable para garantizar que el proceso se oriente hacia la maximización del bienestar social y no hacia la captura de rentas. En un contexto donde se evalúan activos estratégicos y no estratégicos, y donde se consideran distintos modelos de transferencia, la profundidad técnica y la amplitud de representación son condiciones necesarias para que el proceso avance de manera sostenible y alineada con los principios de eficiencia y competencia.
Economista UCV.
