La solución ideal, óptima, de la terrible crisis que vive el país, sería
la concreción de unos acuerdos negociados entre el régimen de
Nicolás Maduro y la oposición, liderada por Juan Guaidó, quien es
evaluado positivamente por 70% de los venezolanos, mientras su
oponente exhibe esa misma cifra, pero de rechazo. Maduro se
encuentra aislado en el plano internacional.

Las elecciones del 20 de mayo fueron criticadas por la mayoría de las naciones democráticas del planeta. Su legitimidad de origen ha sido cuestionada. Se
encuentra en bancarrota. Cercado financieramente. Carece también
de legitimidad de desempeño. Sin embargo, rechaza negociar con la
oposición, olocada en el punto más alto de reconocimiento
internacional y apoyo interno desde 2015, cuando se realizaron las
elecciones para la Asamblea Nacional.
Ese negativa, por supuesto, no es frontal. El estilo insolente de
Diosdado Cabello ha sido sustituido, en parte, por el tono más
amable de Héctor Rodríguez, el joven gobernador de Miranda, o el
talante más cínico e inescrupuloso de Jorge Rodríguez, quienes
formulan vaporosas ideas globales sobre un hipotético diálogo.
Según las piadosas expresiones de esos personajes, el gobierno
quiere ‘dialogar’ con la oposición.
¿De verdad quiere hacerlo? Si en realidad estuviese interesado
en mantener una relación fluida con sus oponentes, podría tomar
algunas medidas. Menciono solo las siguientes. Liberar algunos
presos políticos y líderes sindicales detenidos de forma arbitraria;
allí se encuentran Iván Simonovis, los comisarios de la Policía
Metropolitana, Juan Requesens, a quien se le violó la inmunidad
parlamentaria, y Rubén González, a quien se le quebrantó el fuero

sindical. Levantar las sanciones que pesan sobre Henrique Capriles y
María Corina Machado, inhabilitados por ese ente fantasmal que es
la Contraloría General. Permitir la incorporación a la Asamblea
Nacional de los tres diputados de Amazonas, excluidos del
Parlamento por una decisión caprichosa e inaceptable en un Estado
federal descentralizado como el que define la Constitución del 99.
Reconocer la legitimidad de la Asamblea Nacional y devolverle sus
competencias, entre ellas aprobar el Presupuesto Nacional. Debe
mostrar algún gesto que indique la posibilidad de cambiar la
composición del CNE.
En resumidas cuentas: Nicolás Maduro tendría que dar algunas
pistas concretas de querer negociar una salida pacífica a la grave
situación nacional, que destruye al país, afecta a los grupos más
humildes y erosiona cada vez más las bases sociales del gobierno.
Las proposiciones abstractas que plantean los voceros del régimen lo
único que provocan son sospechas. Se nota que lo único que buscan
es ganar tiempo para el que temporal amaine, para que decline el
efecto Guaidó o para que ceda la presión internacional. Son tretas
burdas que intentan evadir la resolución del conflicto medular: el
rechazo que produjo la elección del 20-M y el intento de Maduro de
perpetuarse en el poder mediante malas mañas.
Nicolás Maduro sabe que él representa el obstáculo
fundamental y que mientras permanezca en Miraflores los
problemas persistirán. ¿Por qué, entonces, no negocia su salida
ordenada del poder? Porque no se siente suficientemente débil, ni ve
a sus rivales con la fuerza necesaria para desplazarlo.
Todavía controla las FAN. Su cúpula, apunta Michael Penfold,
se transformó en una poderosa corporación de negocios económicos.
Actúa como una compañía anónima que resguarda sus intereses
financieros. Por esa razón, se hacen los locos frente a la destrucción

de su propia institución, el avance del paramilitarismo, el
fortalecimiento de los colectivos y de la milicia, cuerpos armados y
violentos del madurismo. El régimen ejerce la represión, con el
beneplácito de las FAN, a través de esos grupos irregulares.
Mediante la hegemonía y el chantaje comunicacional, Maduro
ha logrado invisibilizar o desvirtuar en cierta medida la crisis
eléctrica y de agua y reducir su carga explosiva. Las grandes
estaciones de televisión tratan con una sutileza irritante las penurias
de la población. A los circuitos radiales se les prohibió reportar en
vivo el drama de los habitantes de las ciudades y pueblos, sometidos
al látigo de los cortes intempestivos y prolongados de agua y
electricidad. Las protestas populares son sofocadas de inmediato y
con virulencia. El gobierno viola los derechos humanos de la
población, entre ellos el derecho a estar bien informado. Los
periodistas han sufrido los rigores del sadismo oficial.
El Psuv todavía cuenta con cerca de 30% de apoyo popular. Es
el partido que aglutina la mayor cantidad de militantes o
simpatizantes dentro del espectro político nacional. Esta fortaleza
relativa del partido de gobierno permite que Maduro cuente todavía
con alrededor de 25% de aceptación. Estos números, que en otro
contexto, obligarían al Presidente a negociar, Maduro los asume
como una fortaleza. Se considera una minoría, pero una minoría
significativa frente a la dispersión de los partidos opositores.
Maduro es poyado por las dictaduras más oprobiosas de la
Tierra y por grupos guerrilleros y terroristas internacionales.
Considera esta, otra ventaja.

Por estas razones, no negocia. Solo es posible obligarlo.

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Fuente: @trinomarquezc