Durante toda la época de la Colonia la economía venezolana estuvo regida por la presencia totalizadora de la Corona y no se permitieron actividades económicas que no estuvieran autorizadas, supervisadas y controladas por el Reino de España y sus capitanes generales subrogantes. No se permitía la presencia de empresas privadas independientes porque todo estaba bajo la tutela del Rey. Quizás el único episodio que se puede referir como un intento privado de actividad económica fue el de la famosa “Real Compañía Guipuzcoana de Caracas”. Esta surge de un contrato de monopolio que la Corona otorgó a comerciantes vascos para tener la exclusividad del comercio exterior de la provincia de Venezuela, así como la fijación de precios y su distribución en España de todos los productos venezolanos. Funcionó entre 1730 y 1785,
Los blancos criollos, herederos de los conquistadores, se dedicaron básicamente a la producción de café, cacao, tabaco, añil y ganado vacuno. Para eludir los impuestos y controles de la Corona desarrollaron una extensa red de contrabando y de comercio con las islas caribeñas dominadas por Holanda y la Gran Bretaña. Las actividades económicas no se basaron ni en la competencia ni en una inversión orientada a la creación de valor. Simple rentismo y búsqueda y defensa de privilegios.
Ramón de Basterra, en su libro “Los navíos de la ilustración” señala que los barcos de la Guipuzcoana introdujeron a Venezuela las ideas y concepciones de la Ilustración y del Enciclopedismo. Los blancos criollos tomaron los principios de estado de derecho y división de poderes republicanos de Montesquieu y de otros
pensadores europeos, que fueron semillas de la independencia americana. Pero, con la mayor lógica de clase, no asumieron los principios de libre comercio y creación de valor mediante la inversión y la competencia.
Sin embargo, algunos venezolanos que tenían lazos con Inglaterra y los Estados Unidos si estudiaron y encontraron en las ideas de libertad económica de Adam Smith un camino para abordar el funcionamiento de la economía venezolana.
Durante la Guerra de Independencia se produce el hecho curioso de que son los privilegiados blancos criollos quienes, por sacarse de encima las restricciones e impuestos que imponía la Corona a sus actividades productivas, abrazan las banderas de la libertad. Tanto que el verdadero ejército popular es el de Boves y no
el de Bolívar y los señoritos caraqueños. De aquella lámpara de la independencia del 5 de julio de 1811 emergieron varios genios. Uno es el de una historiografía épica y militarista, que acogota a los venezolanos hasta los tiempos actuales. Otro fue el de una guerra devastadora, cruenta y larga, que acabó con las actividades
económicas, ganadería, cultivos y la minería. Otra consecuencia fue la liquidación de las elementales actividades comerciales y artesanales. Quizá el más horrible fue la fratricida carnicería que disminuyó brutalmente el recurso más valioso de toda economía: la población.
Al salir de esta guerra, bajo el amparo de proclamas libertarias y constituciones de buenas palabras, se instauró una oligarquía militar que se adueñó de las tierras y del poder político e instauró la corrupción y la coima como fuentes del poder económico. A esta nueva realidad se ajustaron los antiguos blancos criollos, hacendados e inmigrantes que consolidaron una maraña de relaciones privilegiadas no basadas en la libertad de comercio, ni en la inversión ni la productividad, sino en el compadrazgo, la evasión fiscal y los privilegios.
Pocos venezolanos, entre quienes destacan Santos Michelena, José María Vargas, Tomás Lander, Manuel María Echeandía, Tomás Sanabria, Mariano Mora, José Gabriel Lugo, Manuel Felipe Tovar, Valentín Espinal, Jacinto Gutiérrez y muchos otros que conocían las ideas de Adam Smith y lucharon porque se instauraran los
principios de una economía sana y competitiva en Venezuela.
Es notable el discurso de Domingo Briceño ante la Sociedad de Amigos del país, en el cual se plasma un verdadero programa para salir de la crisis y establecer en Venezuela una economía basada en la propiedad privada, la competencia, las exportaciones y el reducir el papel del estado a su verdadera esencia de garante de
la libertad, el orden y el respeto a los derechos de los ciudadanos. Los liberales de esa época estaban muy claros en lo que no se debía permitir al caudillismo militarista y a los traficantes de influencias y prebendas.
Las empresas venezolanas de la época de la recién instaurada República no contaban con vías de comunicación que permitieran la libre circulación de mercancías y hacía falta un programa de inmigración para solucionar el terrible problema de la escasez de mano de obra y de técnicos capacitados para mejorar la productividad. Una estructura en ruinas y poca cultura económica provocaron el colapso de las ideas de avanzada y con Monagas se liquidó el intento modernizador de Santos Michelena que logró éxitos en la recuperación de la capacidad productiva del país.
La historiadora venezolana Inés Quintero resalta las causas del fracaso del intento de establecer una economía seria en el país: “… la instrumentación de un conjunto de medidas inspiradas en el liberalismo se
enfrentará a la realidad de una estructura económica en ruinas y atrasada, y provocará la reacción de los disímiles intereses existentes entre los notables.”
Y la misma autora enumera las verdaderas causas del fracaso: “Las carencias económicas generalizadas, el atraso o inexistencia de mecanismos e instrumentos comerciales, financieros y productivos que dinamicen la economía, la falta de numerario, los obstáculos para obtenerlo, las desavenencias que genera su colocación y, finalmente, la lucha por apropiarse de los beneficios, constituyen los puntos neurálgicos de la controversia”.
El cruento período de la Guerra Federal termina por liquidar la actividad productiva del país. El saqueo, el pillaje y los atropellos convierten la propiedad en una quimera. Los caudillos se reparten, una vez más, las tierras del país y los pocos negocios prósperos son intervenidos, mediatizados y sólo pueden funcionar con la
bendición del gobernante de turno. Ello provoca en los empresarios la lógica reacción de “acomodarse” o “ajustarse” al mandante y se establece una corte de adulancia para conseguir favores, permisos, licencias y monopolios.
El siglo XX comienza con un cruento proceso de pacificación y liquidación de los caudillos regionales. Juan Vicente Gómez, desde la batalla de Ciudad Bolívar en 1906 echa las bases para un largo período de gobierno dictatorial y personalista, que como contrapartida acaba con los alzamientos militares y comienza un prolongado período de paz. El ensayista Jorge Olavarría le atribuye a Gómez este mérito. Es necesario señalar que el costo fue muy alto en persecuciones políticas, crímenes y tortura, ausencia de libertades y concentración de la propiedad de tierras y negocios en el dictador, su familia y allegados.
La pacificación permite el crecimiento demográfico, la recuperación de la actividad agrícola del café, cacao, ganado vacuno, algunos cereales y una incipiente actividad manufacturera orientada a la satisfacción de las necesidades del mercado interno.
Se establecieron haciendas y empresas, relativamente pequeñas, que se ajustaron a un modelo paternalista a la sombra de un estado omnipresente.
Aparece el petróleo y el país comienza a modernizarse, apalancado por los altos ingresos petroleros. Las empresas petroleras inician sus operaciones en un entorno sin libertad política y una actividad económica tutelada por el régimen.
La prestación de servicios a las petroleras y el enorme incremento de la capacidad nominal para importar, por las divisas de la renta de hidrocarburos, induce a la formación de nuevas empresas que atienden el mercado interno. El proceso de acumulación y modernización económica siguió un rumbo lento, al ritmo que
marcaba el gobierno y su gasto público.
Las empresas que crecieron con mayor ritmo fueron las importadoras. La II Guerra Mundial favoreció la producción industrial y de servicios internos y los empresarios asumieron la realidad de la dependencia del estado que otorgaba licencias, permisos y un tímido estímulo a la manufactura. La construcción, esencialmente la pública, comenzó a crecer vertiginosamente por las inversiones en infraestructura de vialidad, aeropuertos, puertos, edificaciones de educación, salud, sedes de organismos gubernamentales y obras hidráulicas. Los empresarios de estas actividades también ajustaron sus estrategias a la preeminencia del gasto público y
el “lobby” para la gestión de contratos y licitaciones.
El período de gobiernos civiles (1958 -1998) estuvo signado por una alta dependencia de los ingresos petroleros y todas las secuelas del rentismo. Los partidos políticos, que lucharon y consolidaron la democracia política, no asimilaron el mercado y la competencia en sus programas sino que, por el contrario, se concentraron en desarrollar una política populista de reparto y renta, subsidios y proteccionismo arancelario.
Las empresas venezolanas se caracterizaron por un marcado sesgo anti exportador, por la defensa a ultranza de un mercado cautivo, pequeño e ineficiente, que les generaba una apreciable ganancia y condenaba a los consumidores a productos caros y de poca calidad. Ser empresario implicaba tener contactos en el gobierno,
negociar con el estado, único agente económico poderoso, las políticas económicas que garantizaran una sustanciosa renta. En el tiempo se acumulaban tensiones, atraso tecnológico y poca competitividad. Todo bajo una ilusión de armonía que se cubría con los precios del petróleo y una renta cada vez menos elástica para las
crecientes necesidades de la sociedad.
El gobierno de Luis Herrera Campins intentó un pálido programa de sinceración de la economía que fracasó por la sobrevaluación del bolívar que rompió con una política cambiaria insostenible y Venezuela cayó en una espiral inflacionaria, desconocida hasta entonces, que se ha hecho crónica en los últimos 30 años.
La segunda presidencia de Carlos Andrés Pérez aplicó un severo programa de ajustes macroeconómicos con la intención de abrir la economía a los mercados externos, aumentar la inversión y la eficiencia tecnológica, ajustarse a los criterios de mercado para la asignación de los recursos y recuperar el crecimiento, esta vez
sobre bases sólidas, independientes de la volatilidad del mercado petrolero.
El programa fracasó porque los empresarios y los partidos políticos tradicionales se aferraron a sus privilegios, tuvieron temor a la apertura y volvieron a las políticas económicas proteccionistas.
Renació el fantasma del caudillismo militar, disfrazado de redentor, pero con una honda convicción comunista que, en 15 años, ha destruido el aparato productivo.
Hoy el hambre y la precariedad acogotan a la sociedad venezolana. Muchos empresarios se anotaron en esa ruleta y fueron expropiados, limitados y reducidos a su mínima expresión. Fueron sustituidos por una nueva burguesía bolivariana, chavista, corrupta e ineficiente y por un gobierno de mafias que arruinaron al país en
medio del mayor ingreso petrolero de la historia, superior a todo cuanto le ingresó a la nación desde la guerra de independencia hasta finales de 1998.
Desde 2001 las empresas venezolanas sólo han podido desarrollar estrategias defensivas, de supervivencia, frente a la confiscación del comunismo gubernamental. Los resultados son de carencia de producción, destrucción de los canales de comercialización y de políticas económicas esquizofrénicas y
desacertadas. La capacidad de sustituir la producción nacional con importaciones, paradigma del gobierno chavista madurista, se ha reducido por el derrumbe del mercado de hidrocarburos en el ámbito global y la pérdida de la capacidad de producción de la empresa estatal petrolera.
Se puede concluir que durante la historia de Venezuela las empresas venezolanas han estado subordinadas al estado, con pocos grados de libertad para desarrollar sus actividades de manera autónoma y con muy pocos rasgos de competitividad internacional.
Hoy la mayoría de los empresarios lamentan los desatinos cometidos y se plantea la gran interrogante: ¿Aprendieron la lección? ¿Estarán dispuesto a la reconstrucción de sus empresas y del país sobre la base de una economía de mercado, competitiva y exportadora?
Algunos indicios parecen mostrar que una generación joven, preparada y al día en los avances tecnológicos de las TIC, que conocen el exilio y el funcionamiento de la economía globalizada, podrá intentarlo.
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Fuente: www.cedice.org.ve
