Una nueva época requiere de nuevas ideas y nuevas formas de hacer las cosas, y la Cuarta Revolución Industrial no es una excepción a esta regla. Las tecnologías que han ido surgiendo en los últimos años como producto del proceso de cambios acelerados impulsados por esta revolución industrial, ha requerido la adaptación de las estructuras de empresas y organizaciones alrededor del mundo, para hacerlas compatibles con los desafíos que plantea el nuevo mundo en construcción.

Sin embargo, si las empresas en su mayoría tienen clara la necesidad de adaptar sus estructuras para mantenerse al ritmo de las transformaciones del contexto tecnológico, volviéndose más agiles y flexibles, los gobiernos aún tienen mucho por hacer en este sentido.

Y es que, el contexto social en el que los Estados operaban hasta ahora está siendo transformado de arriba abajo. Las innovaciones tecnológicas tienen como consecuencia directa el empoderamiento de los ciudadanos, los cuales empiezan a tener en sus manos las herramientas para realizar cambios que afecten de una u otra manera a sus sociedades, sin necesidad de la intervención estatal.

Esto trae como consecuencia el que el ritmo de los cambios en el campo económico, social y cultural, se acelere exponencialmente, ante la presencia de múltiples actores que cuentan ahora con la libertad y capacidad de innovar e impactar con muchas menos barreras que antes.

Por tanto, el aparato burocrático del Estado se ve superado por el ritmo y alcance de los cambios tecnológicos y sociales, impidiéndole reaccionar con la rapidez necesaria para cumplir con su tarea principal, es decir la protección de la libertad, propiedad y seguridad de los ciudadanos, creando un marco legal que permita impulsar los efectos positivos de la Cuarta Revolución Industrial, y limitar los negativos.

Por ello, la implementación de nuevos principios y métodos para la formulación de políticas públicas que puedan mantenerse al nivel de los cambios societales, se vuelve una tarea urgente. Para ello, la utilización de una metodología como la “Agile Policy” puede resultar sumamente beneficioso para los gobiernos de todo el mundo.

La Agile Policy” es la adaptación al terreno de la política pública de los principios reflejados en “The Agile Manifesto[1], un texto publicado por 17 desarrolladores en el año 2001, para la introducción de una metodología más eficiente en el proceso de programación de software, y que ha sido adaptada posteriormente para su utilización en los procesos de empresas privadas y organizaciones de la sociedad civil.

Hoy en día, y gracias al esfuerzo del Foro Económico Mundial, se intenta integrar esta metodología también en la administración pública, basándose la “Agile Policy” en 4 principios fundamentales:

1. Priorización de resultados sobre procedimientos

Las estructuras administrativas estatales hasta el momento, hacen del culto a los procesos burocráticos un fetiche que no solo afecta al ciudadano cuando los trámites son entorpecidos por tecnicismos legales como el tamaño de una hoja, sino también a los propios procesos de formulación de políticas públicas, en donde resulta más importante que se siga un procedimiento establecido antes que el cumplimiento de los objetivos planteados. La “Agile Policy” invierte esta ecuación, y coloca por encima de todo el cumplimiento de los objetivos de la política.

2. Responder al cambio por encima del plan

La “Agile Policy” asume que en un contexto de cambio acelerado como el de la Cuarta Revolución Industrial, los planes planteados inicialmente por las instituciones estatales tendrán que ser transformados durante el proceso de implementación de la política pública, por lo que pone la flexibilidad suficiente para cambiar la ruta trazada en beneficio del logro de los objetivos finales, por encima del cumplimiento a como de lugar de una planificación que quedó obsoleta.

3. Participación de amplios sectores sociales por sobre control gubernamental

Si algo caracteriza al Estado moderno es la necesidad de controlar tantos aspectos de la vida social como sea posible, lo que termina excluyendo del proceso de planificación de políticas públicas a los ciudadanos que finalmente vivirán con sus consecuencias.

Por ello, para la “Agile Policy” el foco de la política debe ser el usuario, es decir los ciudadanos afectados por la misma, los cuales deben ser incluidos en el proceso de creación e implementación de la política pública, desde el nivel individual hasta las empresas y organizaciones que se verán afectadas por la misma.

4. Promoción de la auto-organización por encima de la centralización

El ritmo de los cambios de la Cuarta Revolución Industrial hacen imposible que el Estado pueda participar en todos los sectores en todo momento, por lo que la “Agile Policy” confía en la capacidad de los privados para auto-regularse, creando estándares y normas dentro de cada industria que permitan una gobernanza más eficiente de la sociedad.

Con la incorporación de estos principios a la formulación e implementación de políticas públicas, se consigue que el Estado alcance un mayor nivel de flexibilidad y capacidad de respuesta ante los cambios que se van produciendo en la sociedad. No se trata de la negación del gobierno como un actor central, sino el reconocimiento de que otros sectores sociales deben ser incluidos en el proceso de gobernanza, al tiempo que se cambian los principios sobre los que se basa la acción estatal.

Priorizando de esta manera la flexibilidad, la innovación y la creatividad en los procesos administrativos, el gobierno se vuelve más capaz de intervenir para crear un marco positivo dentro del cual, los avances tecnológicos de la Cuarta Revolución Industrial se vuelvan un impulso para el desarrollo social, y no una causa de preocupación para los ciudadanos.

Por Lenin Navas

Estudiante de Estudios internacionales de la Universidad Central de Venezuela

[1] Para saber más: http://agilemanifesto.org/

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