“A excepción de unos pocos períodos afortunados, la historia del tratamiento del dinero por parte del gobierno ha sido un incesante ejemplo de fraude y decepción. A este respecto, los gobiernos se han mostrado mucho más inmorales que cualquier institución privada que haya podido ofrecer dinero competitivo” — Friedrich von Hayek. La Fatal Arrogancia, 1988.

Un viejo problema

La inflación persistente no es un problema nuevo en Venezuela. Mirando hacia atrás, se puede constatar que desde inicios de la década de los 80 del siglo pasado, la variación del índice de precios ya montaba los dos dígitos. Entre 1939 y 1974 la economía tuvo una envidiable estabilidad de precios que se explica por la rigurosidad con la cual el Banco Central de Venezuela (BCV) ejecutó su política monetaria. El objetivo del BCV era evitar fluctuaciones de precios por factores monetarios. Así, las variaciones acaecidas en el periodo mencionado no se explicaron en gran medida por variables domésticas, sino que respondieron principalmente a fluctuaciones de precios en los países de origen de los bienes importados.

El éxito de la otrora política monetaria responde a los principios ortodoxos con los cuales se constituyó el Banco Central de Venezuela. Estos se resumen en principalmente dos ideas: prohibirle explícitamente al BCV cualquier financiamiento al gobierno y respaldar no menos del 50% del dinero emitido en oro y divisas. Desde 1939 hasta 1960 se cumplieron estas dos premisas; desafortunadamente en 1960 se eliminó la prohibición al financiamiento del déficit y en 1973 se eliminó la obligatoriedad de respaldar la base monetaria. A pesar de los esfuerzos por mantener cierta disciplina fiscal y monetaria durante la década de los 60-70, para 1975 — con la nacionalización del petróleo — se terminó de quebrar la estabilidad monetaria y comenzó una era marcada por una inflación sostenida y profunda inestabilidad cambiaria; problema que aún persiste.

La aplicación de regímenes cambiarios sostenidos por medio del control de capitales y la presencia de dominancia fiscal fueron elementos que coadyuvaron a una falta de credibilidad en las políticas monetarias del BCV, lo que significó una frágil estabilidad del poder adquisitivo del bolívar frente a los bienes, servicios y otras divisas.

“Las emisiones de un banco central, por principio, no tienen nada que ver con el desarrollo del presupuesto fiscal, a no ser que se trate de defender la tesis de que puedan o deban servir para financiar déficits de la Administración Pública, una práctica que siempre y en todas partes ha tenido resultados desastrosos” — Herman Max, Informe sobre el proyecto de la Ley del BCV, 1939.

Hiperinflación

Con la instauración del socialismo del siglo XXI se agudizó el control sobre la economía venezolana y se exacerbaron los problemas fiscales pese a los ingentes ingresos provenientes de la exportación petrolera. El absurdo nivel de gasto público, conjugado con un mal manejo de fondos y corrupción, no solo acabaron con los ingresos y con las reservas internaciones, sino que además conllevó un incremento exacerbado de deuda pública y un sostenido financiamiento del déficit fiscal por parte del BCV, esto último con la consecuencia de destruir por completo el poder adquisitivo del bolívar.

De acuerdo con Phillip Cagan[1], hablamos de hiperinflación cuando el índice de precios supera el 50% de variación mensual y se da por concluida cuando tal variación permanece por debajo del 50% por 12 meses consecutivos. De acuerdo con esta definición, Venezuela entró en una fase hiperinflacionaria desde noviembre de 2017 y se ha prolongado durante 46 meses consecutivos, hasta la actualidad. Así, el país ocupa el puesto nro. 14 entre las peores hiperinflaciones de la historia, de los 60 casos registrados.

Todo esto ha sido posible gracias a la ausencia de políticas económicas certeras que den solución a la inflación, lo cual parte por rescatar la autonomía del BCV y por detener la monetización del déficit público. Por el contrario, la decisión ha sido la de aplicar políticas que atienden las consecuencias de la hiperinflación, pero que en nada contribuyen a solventar el problema de origen. Entre estas tenemos las 3 reconversiones monetarias establecidas desde 2008, las recurrentes ampliaciones del cono monetario y el severo aumento del encaje legal, esto último con la intención de disminuir la expansión secundaria de dinero por medio del crédito interno, una política altamente recesiva que no logró contener la variación del tipo de cambio, pero afectó negativamente a la banca y a la intermediación productiva.

La dolarización como mecanismo de protección ciudadana

En el caso venezolano, la dolarización ha sido el resultado de un proceso en el que las personas renuncian de forma progresiva a la moneda de curso legal; en una primera fase utilizando al dólar como reserva de valor y como medio de pago en transacciones de bienes suntuarios. En una segunda fase se acentúa el uso del dólar como medio de pago. En una tercera fase la economía comienza a operar en términos de dólar, es decir, tanto los salarios como los precios se fijan directamente en dólares o están anclados al tipo de cambio. Y en una cuarta fase, se incorpora al sistema financiero en el flujo de la divisa, permitiendo inicialmente la apertura de cuentas y eventualmente la contratación de créditos en dólares estadounidenses.Ya desde 2015 en Cedice Libertad habíamos advertido sobre el proceso de dolarización de facto que se estaba comenzando a gestar en el país. Naturalmente, era de esperarse que esto ocurriera debido al gran expolio que supone la inflación a la ciudadanía, más aún un proceso hiperinflacionario; en estos escenarios las personas buscan proteger sus ahorros y preservar en la medida de lo posible su poder de compra.

Así las cosas, desde 2018[2] se ha registrado una tendencia claramente creciente de los depósitos a la vista en moneda extranjera en bancos venezolanos, hasta alcanzar en 2020 el 63% de todos los depósitos[3]. Por su parte, se estima[4] que el uso de una moneda distinta al bolívar para el pago de bienes y servicios en las principales ciudades del país pasó de 40% en abril de 2019 a 67% en marzo de 2021; en ciudades como San Cristóbal, Mérida y Maracaibo esta proporción supera el 90%, lo que sugiere un importante desplazamiento de la moneda nacional como medio de intercambio.

En la economía venezolana se verifica lo expuesto en la Ley de Thiers, es decir, la moneda considerada buena desplaza en el tiempo a la moneda mala, acentuándose el proceso espontáneo de sustitución monetaria, incluso a pesar de los problemas que ello implica, como lo es la falta de billetes de baja denominación que faciliten los intercambios, la circulación de billetes falsos y la imposibilidad de reemplazar los billetes deteriorados en el sistema financiero local.

Lo anterior es indicativo de que la economía prefiere asumir los costos de la dolarización de facto antes de mantener saldos en bolívares, lo que persistirá mientras no se solucione el profundo problema fiscal e institucional en Venezuela. En efecto, los ciudadanos tienen derecho a protegerse de políticas que, de manera agresiva, erosionan su poder de compra, llevando a toda una sociedad a la pobreza y a la miseria. Solo con libertad se puede garantizar una economía próspera y una moneda sana.