Una acción intrínseca en el ser humano al momento de planificar una actividad es hacer una estimación de los gastos a realizar, sea sencilla o elaborada, tomando en cuenta sus ingresos durante un determinado periodo de tiempo, considerando cualquier eventualidad que se pueda presentar.
Si extrapolamos lo anterior a nivel macroeconómico, esta acción se resume en la “Ley de Presupuesto Nacional”. Instrumento donde se estiman los ingresos nacionales y se detallan las actividades y/o proyectos a ser realizados durante el año fiscal por parte del gobierno y sus entidades.
Sin embargo, contextualizando el tema con la economía venezolana, con un gobierno de ideología “socialista” y que ha pretendido mantener -de forma perenne- un alto nivel de gasto público, la figura de los “créditos adicionales” se ha acoplado a sus necesidades.
Aun cuando tanto la “Ley de presupuesto nacional” y los “créditos adicionales”, deben ser discutidos y aprobados por el poder legislativo y ser divulgado a la sociedad, el gobierno esta información desde el año 2015 la ha mantenido bajo secreto gubernamental.
Destacando que existe una asincronía entre “lo dicho, lo escrito y lo hecho”, la información que se pueda conocer sobre el presupuesto, ya sea de forma oral (a través de ruedas de prensa) o escrita (por medio de la gaceta oficial) por parte del Gabinete Ejecutivo carece de ser vigente, oportuna y precisa.
Es importante destacar que parte de los ingresos nacionales provienen de los tributos que recauda el fisco día a día, es así como su seguimiento y registro de hecho permite brindar al ciudadano una noción de las actividades que realiza el Estado y éste poder ejercer su mecanismo de “contraloría social”.
