Para Kant, la moral, en esencia, es acción que surge en la voluntad y se da por la libertad.

La voluntad es la que hace posible las acciones humanas e individuales al crear la Ley de la cual debe sujetarse el ciudadano. El comportamiento moral parte del hombre al establecer la forma de cómo debe actuar, por ello la Ley que crea no está fuera del hombre, sí no todo lo contrario, es una manifestación de libertad y concepción humana nacida desde la búsqueda del orden perpetuo o la de pax, de aquello que le rodea.

La política, no queda exenta o distante de ello, ya que la misma, deviene a ser un ámbito de condiciones para la convivencia humana, orientada por una idea o bien, costumbre regulativa de la conducta que se transforma en un orden legal y legítimo. Por ello, la política es una trata de organización y gobierno, de actividad y orden, donde los actos que se ejecutan en el ejercicio de la misma afecta directa y fundamentalmente en ciclo de la sociedad y su desenvolvimiento, procurando una suerte de rumbo u orden social que puede ser positivo o negativo para los ciudadanos.

No obstante, la política presupone una cuota (y bastante grande) de legitimidad, que no debe ser aquella que se relaciona con la Ley, sí no, aquella que va de la mano al ejercicio del poder. Y es que, en definitiva, el concepto de legitimidad hace alusión a lo moral. Por ello, en una primera instancia sí, se puede afirmar que la política es moral. No obstante, los problemas comienzan en la praxis, cuando concebimos a la política como una fuente alterna al poder absoluto y no consensuado, hemos de entender que la legitimidad – en lo que ha política respecta- es un compromiso adquirido entre ambas partes del escenario político, es decir, es un compromiso entre Gobernantes y Gobernados, y que el mismo funciona en ambos sentidos, sin embargo este ocurrente no prejuzga bondad o maldad del régimen político de turno o de ser actuaciones, el mismo prejuzga es la cadena de mando y obediencia entre los actores. (Gobernantes y Gobernados).

Sin embargo, la pérdida de legitimidad en este caso, no presupone una pérdida de poder, ya que siempre los actores pudiesen recurrir a términos más coaccionarios que coercitivos, en la búsqueda y retención del poder, aunque si puede ocurrir una pérdida de poder político. No obstante, poder es poder. Por ello, en términos generales y expresos, lo legitimo se transforma en una normativa que hace una determinación ejecutable de esa misma moralidad que tiene lugar según la ley moral y se llama legalidad. Solo la determinación de la voluntad que tiene lugar por amor de la ley puede llamarse moralidad. Respecto al deber, la legalidad es la acción conforme al deber, en tanto que la moralidad es la acción por el deber.

Entonces la verdadera pugna consiste en determinar si persiste una razón ontológica propia de los actores que se asocian con la toma de decisiones o viene relacionada al poder entre los individuos de una especie. Por ello, James Buchanan infiere qué; “la asignación de una actividad al sector público, o bien al Gobierno, puede ser muy apropiada en una comunidad en la que el Gobierno está limitado por restricciones constitucionales efectivas, pero totalmente inadecuada en una comunidad en la que el Gobierno actúa con independencia de restricciones o con restricciones tan amplias que no son tales.”

La suma razón de la moral y política, o bien, la política con moral, es solo un determinante interpuesto por la sociedad que busca dilucidar un rango de prejuicio hacía un individuo en el ejercicio determinado del poder o un rol ejecutado dentro del Gobierno, no necesariamente implicaría un sine qua non adherido a la política y sus derivados durante el ejercicio del mismo, por el contrario, la política se vuelve moral o no cuando realmente existen escenarios de peso y contrapoder entre los Gobernantes y Gobernados, e inclusive dentro de la propia organización de los Gobernantes que permite el desenvolvimiento, inserción y desarrollo de mejores estándares políticos y de democracia entre la sociedad, lo que conlleva una mejor obtención de voluntades y en más, de paz y orden.

El alejamiento de estos estándares, el quiebre con los mismo puede o bien, las conductas manifestadas por los individuos que Gobiernan que se dirijan contrarias a los cánones morales socialmente aceptados dentro de un entorno, suponen un prejuicio de parte de los Gobernados que hará prever que la política, es amoral.

Oswaldo Blanco.

Abogado.

Coordinador Nacional de CEDICE Joven.

 

Referencias:

  • James M. Buchanan, «Sector público versus sector privado: Crítica a la teoría del Estado-Benéfico» en: James M. Buchanan, E. Fuentes Quintana, H. Giersch y otros, El sector público en las economías de mercado (Espasa-Calpe, 1979).